O COOPERATIVAS O PARAMILITARES

O COOPERATIVAS O PARAMILITARES

Ante un auditorio difícil para un ministro de Defensa, como lo es el de Organizaciones No Gubernamentales de Derechos Humanos, Fernando Botero arrancó aplausos y se dejó foguear en temas sensibles como la creación de las cooperativas rurales de seguridad. Para Botero, el país está ante la disyuntiva de optar por las Cooperativas de Seguridad vigiladas por el Estado o seguir soportando a los grupos paramilitares.

07 de diciembre 1994 , 12:00 a.m.

Esta vez el auditorio no era de generales activos ni en retiro, ni de sus colegas ministros, ni de ganaderos ávidos de seguridad.

Era el difícil, para un ministro de Defensa, auditorio de Organizaciones No Gubernamentales (ONG) de derechos humanos, entidades tradicionalmente muy críticas de los gobiernos y concretamente de la labor del Ministerio de Defensa en el campo de la preservación de las garantías mínimas para los ciudadanos.

Fernando Botero asistió y contestó algunas preguntas. Fue aplaudido cuando admitió sin reato que en Colombia ha violación de los derechos humanos, y que ésta es una situación heredada que resulta utópico pensar se solucione en los 120 días de gobierno que lleva el presidente Ernesto Samper.

Sin embargo, la pieza central de su argumentación se dirigió hacia la defensa de las cooperativas rurales de seguridad.

En el mismo escenario, donde fue lanzado el informe anual de la Comisión Andina de Juristas sobre la situación de derechos humanos en el país, el ministro de Defensa debió enfrentar las críticas que el Defensor del Pueblo, Jaime Córdoba Triviño, otro de los oradores, lanzó contra la iniciativa a la que calificó como uno de los lunares de la administración del presidente Samper .

Botero dijo ante el auditorio que su propuesta debía ser entendida en el contexto de la situación de violencia del campo colombiano, condición que ha generado, por ejemplo, más de 430 secuestros este año.

En este sentido dijo que hay dos factores que, a su juicio, evidencian la necesidad de las cooperativas: el primero, que hay un soldado en servicio activo por cada 30 kilómetros cuadrados de territorio colombiano; y el segundo, que el presupuesto destinado a las fuerzas militares no corresponde a sus apremiantes necesidades.

En una intervención de 15 minutos que fue atentamente seguida por el auditorio, el ministro Botero señaló que en este momento, la disyuntiva no está entre tener o no tener cooperativas de seguridad en el campo. La disyuntiva realmente está entre tener cooperativas de seguridad estrictamente vigiladas por el Estado o asistir al desarrollo alarmante de grupos paramilitares y autodefensas en Colombia , enfatizó el funcionario.

En una intervención posterior, Córdoba Triviño formuló dos preguntas al ministro: cómo asegurar que los miembros de dichas cooperativas no sólo no tengan antecedentes sino que tampoco estén participando en actividades delincuenciales? y cómo garantizar que estos grupos, diseñados para ejercer el derecho legítimo de la defensa, no pasen a una ofensiva peligrosa? .

El Ministro, que también debió responder otras preguntas del auditorio, se excusó de contestar las dos preguntas del Defensor, aduciendo que el tiempo establecido para su intervención había culminado.

Lo que sí reconoció el Ministro es la grave situación que en materia de derechos humanos atraviesa Colombia y señaló que ni el más iluso podría pensar que en 120 días el Gobierno va a resolver una situación que ha persistido por décadas en el país .

La intervención de Botero fue aplaudida por el auditorio, entre los que se encontraban muchos críticos de su propuesta.

Apoyo del ICP Miembros del Instituto de Ciencia Política le dirigieron al presidente Ernesto Samper una carta en la que le manifiestan su apoyo a la creación de las cooperativas de seguridad.

En la misiva le dicen al Presidente que es apenas lógico que el Gobierno, para no perder enteramente su legitimidad de ejercicio del poder como impotente guardián del orden público y la seguridad en enormes áreas rurales del país, brinde a esa población un cauce o estructura legal para la defensa responsabilizada y controlada de esos esenciales derechos humanos .

Los carta está firmada por Hernán Echavarría Olózaga, Tito Livio Caldas, Germán Arciniegas, Abelardo Forero Benavides, Fabio Echeverri Correa, Enrique Peñalosa Londoño y Juan Carlos Botero, entre otros, quienes justifican la creación de las cooperativas porque no se puede impedir a las gentes el derecho a defender sus vidas y propiedades .

Las Cooperativas de Seguridad Rural permitirán que los habitantes de zonas afectadas por la delincuencia se agrupen en estas entidades solidarias, integradas por socios, Consejos Directivos y Gerentes que, reconocidos, aceptados y registrados oficialmente como tales, sabrán que deberán responder de sus actuaciones ante diversas dependencias del Gobierno, las cuales, a su vez, podrán controlarlos y asesorarlos más fácil y eficazmente...

Los intelectuales también advierten sobre el papel fiscalizador que, sobre los agentes del Estado, tendrán que cumplir dichas cooperativas. Y advierten que las funciones policivas y otras atribuciones, como capturar, retener o sancionar a individuos son indelegables e intransferibles a particulares .

La comunicación concluye que por eso no vacilamos en creer que las Cooperativas de Seguridad Rural, cuyos costos de funcionamiento no afectarán los presupuestos del Estado y permitirán dejar libres considerables dispositivos de la fuerza pública para otros frentes, constituyen una iniciativa encomiable, legítima dentro del marco del Estado de Derecho, que merece el apoyo de todos los sectores democráticos .

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