UN MUERTO VALE ORO

UN MUERTO VALE ORO

Cuánto le cuesta al Estado una vida humana? El ser humano no tiene precio , se ha dicho siempre, aunque a la hora de los cálculos, las sumas y las proyecciones, vale oro, miles de gramos de oro.

04 de diciembre 1994 , 12:00 a. m.

Cuánto? Puede costarle el equivalente, en pesos colombianos, de 5 millones, 150 millones de pesos o, incluso, mucho más. Eso depende. Depende de si el muerto era casado; si tenía un hijo o una docena; si era joven o de la tercera edad; si ganaba el salario mínimo; si tenía varias rentas o dependía del salario mensual y, además, si quienes reclaman su ausencia son dos o tres o 10 personas.

Pero no solo el aspecto material cuenta y cuesta. También el moral, la tristeza que puede ocasionarle a un familiar la muerte de un ser querido. Cuánto vale el dolor? Tampoco tiene precio, pero -nuevamente- a la hora de los números todo puede calcularse.

Cuando se estudió el caso de Alvaro Moya Rivera, un ciudadano que transitaba por la Autopista Norte con Calle 127 y fue atropellado por un vehículo al servicio de la Policía, el Estado decidió indemnizar material y moralmente a su esposa, sus ocho hijos y sus ocho hermanos con cerca de 100 millones de pesos.

Cuando se examinó la demanda de la esposa y los tres hijos del magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Hernando Baquero Borda, en 1986, la Nación aceptó su responsabilidad en los hechos ordenando el pago de aproximadamente 40 millones de pesos. Unos sicarios en moto le dispararon varias ráfagas de ametralladora. Los asesinos buscaban que, con su muerte, se le dijera no a la extradición.

Cuando el Consejo de Estado falló, el pasado 13 de octubre, a favor de Bernardo Beltrán Monroy y su esposa María de Jesús Hernández por la desaparición de su hijo Bernardo, mesero de la cafetería del Palacio de Justicia al ocurrir la toma, El Estado intentó así resarcir la pérdida moral indemnizando a los padres con un poco más de 19 millones de pesos.

Y cuando, entre otros casos, el Estado ordenó el pago de 300 gramos por la muerte de José Henar, en las instalaciones de la Penitenciaría Nacional de San Isidro, de Popayán, reconoció los daños morales ocasionados, es decir, aproximadamente tres millones de pesos.

El Estado sabe -se lo ordena además el artículo 90 de la Constitución- que debe responder por los perjuicios que cause ya sea por la acción y omisión de las autoridades públicas. Para tal efecto, ya existen criterios generales dentro de la jurisprudencia de la Sección Tercera del Consejo de Estado para asumir dicha responsabilidad: por daños materiales, padres e hijos reciben, cada uno, 1000 gramos oro, mientras que los hermanos de la víctima, 500 gramos oro. Si se trata de daños morales, se habla de mil gramos oro para los primeros, y 500 para los segundos. El precio del gramo oro es el interno que certifique el Banco de la República.

Estas cuantías, sin embargo, pueden reducirse o incrementarse. Varían, pero casi nunca suben. Por ejemplo, si se trata de un presidiario, se puede disminuirse a 400 o a 800 gramos oro. Todo depende del caso , dice la secretaria de la Sección Tercera del Consejo de Estado, Lola Benavides. Por esa razón, no es lo mismo si se le debe pagar 1000 gramos oro a cada uno de los ocho hijos de la víctima o a solo uno; si haciendo cálculos matemáticos la proyección de vida de la víctima se estimaba en 20 o 50 años más; o si es un magistrado o un campesino.

En todas las demandas presentadas por las muertes en el Palacio de Justicia, Juan Carlos Henao, procurador delegado ante el Consejo de Estado, ha conceptuado que además de los prejuicios morales y materiales se debería indemnizar con 500 y 1000 gramos oro -según el parentesco-, por lo que él denomina alteración en las condiciones de existencia. Ante la muerte de un ser querido, la vida de sus deudos se transforma. Nada sigue igual. Se trata de un cambio en la vida, de una alteración por los daños que se han hecho .

Aumentaron las demandas El Estado también sabe que debe hacer algo para frenar la ola de demandas qu los colombianos presentan en busca de indemnizaciones morales y materiales porque alguna autoridad pública provocó la pérdida del ser querido. Por esa razón, el Ministerio de Justicia adelanta un estudio sobre las causas de las condenas que debe pagar el Estado, sus responsabless y el perfil de quien demanda, entre otros aspectos.

Al fin y al cabo, en 1993 la Sección Tercera del Consejo de Estado profirió 570 sentencias -incluidas las de indemnización por muerte-, mientras que en los últimos seis meses de 1994, ya van 660, de las cuales el 80 por ciento tiene que ver con repercusiones económicas. Cada consejero está a cargo de más de 100 demandas. El magistrado Carlos Betancur, 297; Juan Dios Montes, 349; Daniel Suárez, 142 y Julio César Uribe, 209.

El aumento se debe a que los colombianos han dejado de ver al Estado como un ente infalible y tan poderoso. Para el presidente de la Comisión Tercera del Consejo, Daniel Suárez Hernández, el incremento en las demandas se explica porque El Consejo amplió su campo de acción a nuevos temas y a que la ciudadanía le ha perdido el temor a demandar al Estado. La ciudadanía es consciente de que el Estado es responsable por el daño que ocasione y que las entidades públicas deben cumplir con eficiencia y en el momento requerido .

Para el consejero Carlos Betancourt, el incremento, que calcula en un 300 por ciento en los últimos tres años, se debe a la desconfianza en las fuerzas armadas del país y al clima de violencia que se vive .

En las sentencias proferidas por el Consejo durante 1993, la Policía Nacional fue la entidad con mayor número de demandas en contra, 163, que sumadas alcanzaron los 923 millones de pesos. Le siguió el Ejército Nacional, con 96 fallos en contra y 601 millones de pesos como obligación de indemnización, y luego el Ministerio de Justicia, con 15 sentencias y un monto a pagar de 86 millones de pesos.

El caso de Jorge Enrique Cortés Wilches es uno de los tantos que constantemente llegan al Consejo. Según el expediente No. 9975 del Consejo, del pasado 24 de octubre, el joven de 24 años salía de una fiesta, en Armenia, y para terminar con la celebración hizo tres disparos al aire y se subió a su carro a esperar a los amigos. En ese momento, el agente de la Policía, Angel Herrara Cardona le disparó a quemarropa, a pesar de la intervención de quienes allí se encontraban, hiriéndolo de muerte . Por tal motivo, sus padres, hermanos legítimos, hijos y compañera permanente -10 personas en total- demandaron al Estado y lograron que se les indemnizara con 60 millones de pesos.

Sin embargo, a veces los mismos demandantes deben recurrir a tutelas para que el Estado les pague, lo que ocasiona nuevas pérdidas a la Nación por los intereses de mora que debe cancelar. Según el consejero Suárez Hernández, de las demandas que reciben, el 70 u 80 por ciento se fundamentan en lesiones y muertes ocasionadas por miembros de la fuerza pública, el Ejército Nacional, la Policía Nacional, el DAS y similares . Sin embargo, para la Sección Tercera eso no es lo único sorprendente. También, que cada día es más frecuente el número de demandas por lesiones ocurridas entre los miembros de las fuerzas armadas por la falta de capacitación de los jóvenes en el manejo de armas.

Por la muerte de Nicanor Avila en Valledupar o por la de María Costanza Gómez en un accidente aéreo en el aeropuerto de Palonegro, en Girón, Santander; o por la de Orlando García Gómez o por la del menor Edil Eyder, en Yarumal, Antioquia, el Estado ha tenido que pagar millones de pesos y de gramos de oro. Es que la vida y la salud no han tenido la suficiente atención y respeto por parte del Estado y de la gente. Se ha perdido el concepto de solidaridad y la noción del bien común , dice el consejero Suárez Hernández. Quizá 60 o 200 millones de pesos no sean suficientes para reparar un daño o, mejor, una ausencia, pero no por eso -dice el consejero- se puede decir que la vida no vale. Vale, y vale oro, pero desafortunadamente no mucho.

En otros países No en todos los países del mundo se indemniza de la misma manera, con igual sistema o con millonarias cifras. Hay tres formas diferente, el que se aplica en Estados Unidos, en Europa y en países latinoamericanos.

El sistema de responsabilidad en Estados Unidos es uno de los más desarrollados y uno de los que mejor paga a la hora de indemnizar. No existe la noción de limitación numérica y, por eso, se presentan casos como el de una dama a quien le mancillaron su nombre y recibió como pago al daño moral un millón de dólares.

Un jurado -relativamente influenciable- es quien decide el monto de la indemnización. En este país todo precedente es determinante a la hora de definir un monto. La responsabilidad no es del gobierno federal, sino del estatal.

En Europa, por el contrario, los montos son bajos. No existe, como en Colombia, millonarias indemnizaciones, que son poca cosa en comparación con las de Estados Unidos. Lo que funciona es un tipo de indemnización nominal o simbólica.

En Colombia y algunos países suramericanos, sí se define un tope numérico para indemnizar. Por eso, se paga una indemnización de 1000 gramos oro a padres, hijos y esposa y 500 gramos oro a hermanos.

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