Indígenas wiwa no quieren represa que dará agua al desierto

Indígenas wiwa no quieren represa que dará agua al desierto

Una marcha de 300 indígenas, habitantes de la Sierra Nevada de Santa Marta, partió hace unos días de Riohacha, recorrió parte de la cuenca del río Ranchería, atravesó un sector de San Juan del Cesar y llegó a la boca de lo que ellos consideran como una especie de ‘monstruo’.

28 de julio 2007 , 12:00 a.m.

Lo vieron de lejos, formaron un círculo e hicieron una oración para repudiarlo. No se trataba de un peligroso aninal salvaje sino del proyecto Ranchería, la megaobra que se construye en el sur de La Guajira y que incluye la ejecución de una represa para llevarle agua potable al desierto y a 18.500 hectáreas de terrenos que se convertirán en el segundo distrito de riego más grande el país.

Aunque para líderes y alcaldes de la región esta es la primera obra pública importante que se ha ajecutado con las regalías del carbón en toda la historia del departamento – la Gobernación entregó 55.696 millones y el Incoder los 353 mil millones restantes– para los indígenas significa un atentado contra su entorno.

Pedro Loperena, coordinador de derechos humanos de la comunidad wiwa, en cuyo territorio se levanta la obra, dice que esta perjudica la estabilidad ecológica de seis lugares sagrados de la etnia, que los surten de agua y peces.

Uno de los principales daños, según Loperena, lo hace el túnel de desvío, un viaducto de 638 metros a través del cual fue canalizado el río Ranchería.

Era necesario que el caudal cambiara de ruta para despejar un área donde se levantará un muro de 110 metros de altura que retendrá los 198 millones de metros cúbicos de agua que le darán vida a la represa.

Ese líquido se distribuirá por una tubería hacía el distrito de riego y los acueductos de 9 municipios como Manaure y Maicao, que hoy les toca sacar el agua de pozos profundos.

El túnel, según el defensor de la comunidad, atraviesa una zona llamada Ade Pilozhigua, una montaña que los provee de alimentos y que, según él, ha sido destruida por esos trabajos. Por eso dijo que el futuro ecológico de la zona está en entredicho.

Precisamente, cuando ese conducto de 638 metros entró a operar el pasado 7 de julio, cerca de 3.500 peces murieron. La Corporación Autónoma de La Guajira (Corpoguajira), informó ayer, luego de tres semanas de investigaciones, que aún no ha logrado establecer las causas de esta calamidad ambiental.

Pero si esa corporación descubre que la Unión Temporal Guajira (UTG), encargada del proyecto, no aplicó el plan de manejo para preservar las especies afectadas por el cambio de ruta del cauce, le suspendería la licencia ambiental.

Los indígenas no solo han hecho marchas de rechazo. También acudieron a a la Vicepresidencia de la República, la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría.

Allí radicaron un documento en el que dejaron constancia de que se oponen a los trabajos.

Y mientras Rodolfo Campo, director del Incoder, y Juan Lozano, ministro de Medio Ambiente, defienden el proyecto y lo consideran vital para enfrentar el Tratado de Libre Comercio (TLC), ya que de él dependerá el cultivo de frutas exóticas y hortalizas de exportación, voceros de otras comunidades como koguis, kuankuamos, huitotos, arhuacos y wayús dicen que la obra comenzó a ejecutarse sin que la UTG hubiera hecho una consulta previa al pueblo wiwa, reglamentada en el convenio 169 de 1989 de la Organización Internacinal del Trabajo. Los indígenas también argumentan que Ranchería solo beneficia a los hacendados, destruye su patrimonio arqueológico e incluso interrumpe los flujos energéticos y espirituales vitales en su cultura.

OBRA SIN REVERSA.

JUAN LOZANO Ministro de Medio Ambiente “Con los gobernadores de los cabildos creamos ayer una mesa de diálogo para escucharlos, aunque también les daremos información de la obra para que no exista desinformación entre los indígenas” dijo el alto funcionario. Lozano se comprometió revisar los alcances ambientales del proyecto.

RODOLFO CAMPO Director del Incoder “ Los indígenas mienten al decir que el proyecto no fue concertado, hay documentos de esas reuniones. Ellos pueden quejarse; incluso podemos conversar, hacer compensaciones, pero esta obra, que destina el uno por ciento de su presupuesto a cuidar el medio ambiente, no tendrá reversa. Es el sueño de toda una región”.

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