QUÉ SE PRETENDÍA APROBAR CON EL NARCOPROYECTO

QUÉ SE PRETENDÍA APROBAR CON EL NARCOPROYECTO

El proyecto de ley archivado ayer en la Cámara era autoría del senador Gustavo Espinosa Jaramillo (liberal del Valle) y constaba apenas de 4 artículos.

02 de diciembre 1994 , 12:00 a. m.

La iniciativa buscaba modificar algunas normas del Código de Procedimiento Penal especialmente relacionadas con el enriquecimiento ilícito y el testaferrato.

El primero de los artículos señalaba que para declarar la extinción de un bien de propiedad de un acusado por enriquecimiento ilícito, primero debía mediar una sentencia judicial.

Según el autor del proyecto, la adquisición de dicho bien debía estar relacionada con delitos contra la administración pública, secuestro, narcotráfico o afines.

A juicio del Gobierno, el hecho de que el enriquecimiento ilícito se convierta en un delito subordinado a otros dificulta en grado sumo su castigo.

Uno de los incisos de este artículo agregaba que en ningún proceso por enriquecimiento ilícito o testaferrato habría lugar a la inversión de la carga de la prueba. Es decir, el sindicado no tenía por qué demostrar el origen de sus bienes. Era el Estado el que debía probárselos.

El Gobierno explicó que este hecho se convertía en una gran talanquera para perseguir a quienes han amasado fortunas a expensas del narcotráfico, el secuestro o cualquier delito relacionado con corrupción.

Otro de los artículos del proyecto pretendía dejar bajo la administración de la Fiscalía General de la Nación los bienes ocupados, incautados, retenidos o decomisados de manera provisional.

Agregaba la norma que la Fiscalía podría solicitar al juez el depósito de los mismos en cabeza de sus dueños mientras se adoptara una decisión judicial definitiva.

A juicio del Ejecutivo, esto significaba atiborrar a la Fiscalía de funciones para las cuales no cuenta con una infraestructura adecuada.

En cambio, estos pueden seguir siendo administrados por la Dirección Nacional de Estupefacientes, que legalmente viene adelantando dicha tarea desde hace varios años.

El proyecto fue presentado en la Comisión Primera de Senado, luego pasó a la plenaria y posteriormente a la célula de asuntos constitucionales de la Cámara.

Allí, después de ser también aprobado, comenzó una angustia para el Gobierno y para el país que sólo terminó ayer con el archivo definitivo de la iniciativa.

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