INTOCABLE, PLATA PARA LA SALUD

INTOCABLE, PLATA PARA LA SALUD

Los recursos que transfiera el Gobierno a los municipios para inversión en salud, educación, recreación y agua potable no podrán ser destinados a otros rubros, advirtió anoche la Corte Constitucional.

11 de octubre 1994 , 12:00 a. m.

De todos modos, los dineros provenientes de la Nación no podrán ser empleados por los municipios para la financiación de becas educativas, por cuanto los auxilios están prohibidos constitucionalmente.

Así lo advirtió la Corte al definir la disputa entre el Gobierno y los 1.043 municipios por la legalidad de las reglas de juego para la asignación de los recursos en materia de inversión social. Lo hizo a favor de los intereses de la Nación.

En una votación que dividió a los magistrados cinco a cuatro, la corporación declaró la exequibilidad de las normas a través de las cuales el Congreso fijó los porcentajes de inversión en materia de salud, educación, agua potable, saneamiento básico, recreación y ayuda a las áreas rurales en las poblaciones.

Sin embargo, dejó sin vigencia un aparte del artículo 21 de esa ley que consagró la posibilidad de financiar becas por parte de las localidades con recursos destinados por la Nación.

En criterio de los magistrados, la facultad del Congreso de la República para fijar los topes de porcentajes en esa materia tiene pleno respaldo constitucional, no constituye una injerencia en la autonomía local y, a la postre, no desconoce las necesidades de los municipios.

La autonomía de los municipios no es ilimitada, tiene que sujetarse a la Constitución y a la ley. Lo contrario equivaldría a estar en un sistema de federalización , explicó un magistrado.

Esta decisión de la Corte constituye un respaldo al programa social del Gobierno , dijo otro jurista.

Así lo dijo la Corte al evacuar una demanda presentada por las propias localidades -agrupadas en la Federación Colombiana de Municipios- contra el artículo 21 y 22 de la Ley 60 de 1993 -régimen municipal-.

Según la norma, las participaciones para sectores sociales se asignarán por los municipios, así: en educación, el 30 por ciento de los ingresos provenientes de la Nación; en salud, el 25 por ciento; en agua potable y saneamiento básico, el 20 por ciento; en educación física recreación, deporte, cultura y aprovechamiento del tiempo libre, el cinco por ciento; en libre inversión, el 20 por ciento, entre otros.

En criterio de la Corte, el Congreso de la República no excedió sus facultades al fijar las porcentajes a las cuales se debe destinar los recursos de la Nación en materia social. Esas son actividades prioritarias.

Las posiciones La decisión la adoptó la Sala Plena al no acoger la ponencia de inexequibilidad, elaborada por el magistrado José Gregorio Hernández Galindo. El nuevo ponente es el jurista Hernando Herrera Vergara.

Los magistrados que apoyaron la exequibilidad de la norma que fijó el porcentaje fueron Jorge Arango, Vladimiro Naranjo, Eduardo Cifuentes, Fabio Morón y Herrera Vergara.

Mientras que salvaron su voto los juristas Antonio Barrera, Carlos Gaviria Díaz, Alejandro Martínez y Hernández.

Al apartarse de la determinación, los cuatro magistrados dijeron que la decisión de la Corte dejó la autonomía de los municipios como algo meramente teórico.

A su juicio, la consagración de los porcentajes para inversión social en los municipios era abiertamente inconstitucional.

El pronunciamiento constituye el epílogo de un proceso en el cual se convocó la semana anterior a una audiencia pública en los estrados de la alta corporación.

En esa ocasión, el Gobierno advirtió que sus planes en inversión en educación, salud, agua potable, saneamiento básico, recreación y ayuda a las áreas rurales en las poblaciones se verían seriamente comprometidos ante un fallo judicial adverso a los intereses de la Nación.

Los municipios precisaron lo contrario. Expresaron que el Gobierno no puede fijar cortapisas a su autonomía y menos poner una camisa de fuerza a la satisfacción de las necesidades de cada región.

En palabras de Jaime Castro, presidente de la Federación Colombiana de Municipios, esta norma recorta la autonomía de los municipios y pone a los alcaldes y a los concejos en el papel de acomodadores en una sala de teatro .

A su juicio, la expresa consagración de los porcentajes de asignación de recursos para la inversión social constituye un retroceso a la legislación anterior a la Constitución de 1991.

En otra decisión, la Corte Constitucional declaró la exequibilidad de las normas a través de las cuales se adoptó la definición de la banca central como servicio público esencial.

Así lo dijo la corporación al rechazar una demanda contra los artículos 27, 38 y 39 de la Ley 31 de 1992, relativa al Banco de la República.

El salvamento En su salvamento de voto, los cuatro magistrados -encabezados por el jurista José Gregorio Hernández Galindo- consideran que la fijación de los porcentajes para inversión social es inconstitucional.

A su juicio, a través de esa norma se determina de manera específica y detallada aspectos concretos de las destinaciones que deben efectuar los municipios con los dineros que reciben de la Nación, como un verdadero derecho reconocido por la Carta, a título de participación en los ingresos corrientes nacionales.

En su opinión, lo que correspondía señalar al Congreso de la República era determinar el porcentaje mínimo de la participación de los municipios en dichos ingresos y no criterios de forzosa aceptación en las inversiones que con los recursos recibidos (que son propios de cada municipio), una vez hecho el reparto, debieran hacer.

En su criterio, es claro que las entidades territoriales gozan de unos derechos mínimos, muy específicamente los de la autonomía para la gestión de sus intereses, el de ejercer las competencias que les correspondan y el de administrar sus recursos.

Los dineros que se reciben por concepto de participaciones les pertenecen a las localidades y gozan de las mismas garantías plasmadas en la Constitución para los bienes y rentas de los particulares, dice el salvamento.

Reconocieron, desde luego, que la ley debe precisar y definir las áreas prioritarias de inversión social que se financiarán con los fondos provenientes de las señaladas participaciones, pero estimaron que ello no puede implicar la anulación de toda independencia municipal en la fijación de los elementos concretos que hayan de tenerse en cuenta por cada localidad para efectuar sus gastos.

Si así ocurre, dijeron los magistrados, el principio constitucional de la descentralización administrativa y la autonomía de las entidades territoriales, que fue esencial dentro de los cambios introducidos en 1991, habrá de quedarse escrito.

Para los magistrados, se está confundiendo el peligro de despilfarro en que pueden caer los municipios si hacen mal uso de los recursos, lo cual no se puede establecer de antemano, con la necesidad de suprimir en la práctica una clara garantía constitucional.

Si bien es cierto la autonomía que se reconoce a los municipios para la gestión de sus intereses debe ejercerse dentro de los límites de la Constitución y la ley, esta última no puede llevar tales límites al extremo de ahogar toda iniciativa local, pues ello contradice radicalmente los postulados constitucionales , dijeron.

Reconocieron que la ley debe precisar y definir las áreas prioritarias de inversión social que se financiarán con los fondos provenientes de las señaladas participaciones.

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