SE PERDERÍAN $80 MILLONES

SE PERDERÍAN $80 MILLONES

Recursos por 83.8 millones de pesos, destinados para la capacitación, asistencia técnica y crédito al sector microempresarial rural y urbano de Villavicencio, tendrían que ser devueltos a la Tesorería de la Nación si el 31 de diciembre la administración municipal no ejecuta los respectivos contratos. Estos dineros hacen parte de un convenio firmado entre el municipio y el Fondo de Solidaridad y Emergencia Social de la Presidencia de la República, que en 1992 aprobó 380 millones de pesos para obras de inversión en agua potable, saneamiento básico, educación y deporte, grupos vulnerables, generación de empleo y salud, los cuales beneficiarán a 115.000 personas.

25 de octubre 1994 , 12:00 a. m.

Así lo confirmó Héctor José Leyva Páez, secretario general de la Red de Solidaridad Social de la Presidencia. Expresó que aunque se han ejecutado la mayoría de los proyectos, en la alcaldía existe un desconocimiento sobre el convenio.

Agregó que tendría que devolver los recursos al Tesoro Nacional y luego dar traslado a la Contraloría y Procuraduría para inicien los procesos de responsabilidad.

Así mismo, Melba Tibaquirá Villamil, coordinadora regional de la Red de Solidaridad Social y Centro de Integración Popular, expresó que al parecer la alcaldesa no está bien asesorada, ya que hace más de un año firmó los proyectos para atención al sector microempresarial, pero 30 días después, adujo inconvenientes jurídicos: la prohibición a los auxilios o donaciones en favor de personas naturales o de derecho privado . Sin embargo, se le sugirió presentar un nuevo proyecto, que a la fecha no ha entregado.

Afirmó que los derechos de autor del proyecto para la microempresa son de una ONG y por eso el municipio no puede aplicar el mismo programa, que funcionaría como un fondo rotatorio y beneficia directamente a 2.410 familias e indirectamente a 2.160.

La otra cara de la moneda La alcaldesa de Villavicencio, Yolima Soraya Romero Medrano, señaló que no es cierto que los dineros del convenio se van a perder y que tampoco es cierto que la administración es ajena a la necesidad de la población.

El problema es en Bogotá, han cambiado tres veces de oficina y ni ellos mismos saben donde quedan. No se ha hecho más que enviar proyectos que en mi administración debieron ser rediseñados porque no se ajustaban a las necesidades de la comunidad , puntualizó.

Al referirse al proyecto para los microempresarios dijo que la Presidencia de la República no la puede obligar a violar la Ley 80. El programa tiene un valor de 83 millones de pesos, pero el municipio sólo puede contratar directamente por un monto de 29 millones, eso exige convocar a licitación, y tampoco puedo aceptar el contratistas que ellos ordenan.

Además, pedían que legalizáramos hechos cumplidos, como pasó con Ciudad Porfía, que en un afán de encontrar solución al acueducto consiguieron una tubería para las redes domiciliarias por un valor cercano a los 42 millones de pesos. Si hubiera legalizado esos hechos cumplidos en este momento no sería alcaldesa. Agregó que los otros proyectos están en ejecución o esperan la aprobación de los rediseños.

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