UNA NUEVA ADUANA

UNA NUEVA ADUANA

Este 4 de noviembre, el gobierno anunciará lo que será la Nueva Aduana , una de las entidades más controvertidas durante lo que lleva la liberación de importaciones. El presidente Samper hará personalmente el pronunciamiento en Medellín, con motivo de la reunión del Consejo Superior de Comercio Exterior en esa ciudad.

31 de octubre 1994 , 12:00 a. m.

Pero habrá algo más: se darán a conocer medidas para reprimir el contrabando de textiles y confecciones.

Específicamente, habrá restricción para las importaciones de telas y confecciones procedentes de China y Hong Kong, que ingresan a Colombia por Panamá, a precios considerados de competencia desleal. Para esos productos, al igual que para algunas posiciones arancelarias correspondientes a calzado, se aplicará un régimen para salvaguardar la producción nacional.

Por otra DIAN Pero los anuncios centrales tienen que ver con la nueva orientación que tendrá la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), especialmente en lo atinente al manejo de las importaciones.

El cambio de filosofía será importante: la entidad pasará de ser un ente que solo se preocupa porque los importadores cumplan los requisitos para ingresar las mercancías al país y cancelar los tributos, por uno que velará porque las importaciones no violen normas sobre competencia o dumping. En otros palabras, será un instrumento de protección a la industria nacional.

Algunas de las medidas que adoptará en la materia son las siguientes: - Se mantiene la fusión orgánica entre la aduana y la administración de impuestos, aprobada durante el gobierno anterior, aunque el gobierno actual reconoce algunas fallas. Sinembargo, si se hará una reforma operativa para dividir los dos asuntos: habrá personal encargado del manejo de los impuestos independiente del que tiene a su cargo la función aduanera.

De todas formas, la fusión tiene elementos favorables, como que favorece compartir información de los contribuyentes y manejo unificado del recaudo, asuntos que se mantendrán unificados.

- Los importadores del país tendrán un ranking por categorías, al estilo de lo que ocurre con los grandes contribuyentes del impuesto de renta. Así se hará un seguimiento a sus operaciones de comercio exterior.

La idea oficial es identificar a los importadores y seguirles la pista . Buena parte del contrabando en el país es producto del tratamiento igualitario que se le da a los importadores, sin considerar su tradición y experiencia. Las categorías implicarán que cuando un importador realice un negocio sin cumplir con los requisitos, descenderá en el ranking.

- Definitivamente, no se volverá a un esquema de aforo físico sobre el total de las mercancías del país, como lo planteado el sector pirvado. Pero se ampliará el esquema de revisión en áreas específicas como textiles, confecciones y calzado, renglones en los que se estima el contrabando ha alcanzado cifras escandalosas.

- Habrá una mayor responsabilid de los agentes de aduana frente a los negocios de sus clientes, similar a la que se da con los contadores y revisores fiscales en el caso de las empresas. Un proyecto de ley establecerá requisitos para esa profesión o actividad, como capital de operación, condiciones desempeñar esa labor y garantías de los agentes.

- El gobierno ha abierto concurso para que firmas internacionales atiendan la verificación de las mercancías importadas, sin que ello implique que la Aduana no tenga funciones y responsabilidades en ese sentido.

- Empresas privadas podrán desempeñar funciones públicas, aprovechando conocimientos en asuntos específicos de comercio exterior. Por ejemplo, las averiguaciones sobre contrabando y determinación de asuntos particulares que violen normas de comercio exterior pueden ser detectadas más facilmente por los particulares que por el gobierno. Esta reglamentación requerirá aprobación del Congreso de la República.

De esta manera, el gobierno espera cambiar la imagen negativa de la Aduana.

La plata no está Las cuentas en la DIAN y otros organismos del Ministerio de Hacienda no cuadran. A finales de 1993, la información de recaudo bancario contabilizada por la administración tributaria presenta un desface de 102.470 millones de pesos.

Además, la DIAN no ha sido efectiva en el cobro de las deudas vencidas. A septiembre del año pasado las prescripciones a nivel nacional sumaron 10.618 millones de pesos. Y el número de expedientes que no se podrán ejecutar por haber superado el límite de tiempo ascienden a 14.717.

Así lo denunció la Contraloria General de la República, organismo que pidió al Ministro de Hacienda Guillermo Perry, investigar una serie de irregularidades en las diferentes dependencias de este despacho.

En el sistema de contabilidad tributaria y aduanera existen graves deficiencias que impiden a la administración de impuestos y aduanas contar con una información oportuna y confiable , señala la Contraloría.

En ese organismo a diciembre de 31 de 1993 existían diferencias por aclarar del orden de 67.000 millones de pesos entre lo consignado y lo recaudado por la red bancaria.

En 1993, en sólo Bogotá se presentaron prescripciones de obligaciones tributarias por 3.382 millones de pesos. La administración de personas jurídicas profirió 960 resoluciones de este tipo por 2.303 millones y en el caso de personas naturales, se emitieron 1.605 resoluciones po cuantía de 1.079 millones de pesos.

En resumen, se presentaron prescripciones por 10.618 millones de pesos sin incluir a Manizales y Cali.

La Contraloría señala también que no se están aplicando, en los términos establecidos, las sanciones que se deben imponer a los bancos recaudadores por no consignar en forma oportuna lo recaudado o por presentar información inconsistente. La cuenta de los bancos y oficinas recuadadoras presentó a diciembre 31 de 1992 diferencias por aclarar de 12.621 millones de pesos.

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