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CÁRCELES SEGURAS Y DIGNAS

CÁRCELES SEGURAS Y DIGNAS

Una falsa información publicada en El Espectador en días pasados, en el sentido de que el ministro de Justicia del Gobierno anterior -Andrés González Díaz- habría firmado contratos de tipo carcelario por un valor de 13 mil millones de pesos cuando faltaban apenas tres días para la posesión del nuevo Presidente, me indujo a incurrir en la equivocación de censurar su conducta, ajena por completo a tales excesos. El error cometido no es solo respecto del monto sino de la cantidad de contratos, pues, según la información, se hablaba de 30 contratos suscritos, cuando apenas fueron ocho (por una suma total de 2 mil 564 millones de pesos), todos los cuales con plena justificación.

La opinión realmente ignora cuál es la situación carcelaria de un país repleto de presos de alta peligrosidad. Tema, por cierto, actualísimo, en momentos en que acaba de fugarse de los calabozos del DAS el extraditable de origen puertorriqueño Fernando Montañez, y ya por ese motivo algunos consideran que debería salir el director del DAS -un hombre con una honestidad a toda prueba- , tal y como si su función primordial fuera la misma que la de ser la guardia directamente responsable de que esto, en efecto, no ocurriera.

Y claro que no debería haber ocurrido; pero la pregunta que todos deberíamos hacernos es por qué, tratándose no de un preso cualquiera, este sujeto no se encontraba en alguna de las cárceles de máxima seguridad que el anterior Minjusticia prácticamente dejó terminadas. Concretamente en La Picota se construyeron cinco pabellones con puertas que deben abrirse y cerrarse por computador, existiendo además 300 cupos en dos pabellones aislados, con malla antiaérea y completamente autosuficientes, al igual que los cuatro pisos independientes con equipos electrónicos que se montaron en la Modelo.

Y es que, entre los contratos firmados por González Díaz para terminar de dotar varias prisiones, está la cárcel de seguridad de Palmira, la de máxima seguridad de Bellavista, la de Villahermosa (Cali), la reparación de la estructura de la Ternera en Cartagena y la culminación de la de Barranquilla, además de la finalización de obras de las ya mencionadas en La Picota y la Modelo.

Independientemente del problema de la corrupción en las principales cárceles - para no hablar del hacinamiento y la promiscuidad-, está claro que, en vez de fomentar las recriminaciones mutuas entre las autoridades entrantes y salientes, hay que concluir con urgencia la adición de contratos ya celebrados y que llevan dos años de trabajo, para evitar de paso una parálisis que sería aún más gravosa.

Aquí existe la tendencia a escandalizarnos por el hecho de que algunos de nuestros criminales (los privilegiados , por decirlo así) están recluídos en celdas relativamente decorosas, cuando lo cierto es que todos los presos -los de alta, mediana y baja peligrosidad- deberían vivir con algún grado mínimo de dignidad, sin llegar obviamente a los extremos suntuarios de La Catedral.

El problema radica a mi juicio en la discriminación en que se incurre entre unos y otros, como si se tratara de escoger entre los de mejor familia , para que sean por consiguiente mejor tratados. Que son generalmente los individuos más poderosos, o los más peligrosos.

Pero no. Un país que de una u otra forma está sindicado internacionalmente de violar los derechos humanos, debe cuidarse de que nuestras cárceles sigan siendo esas inmundas mazmorras en las que con frecuencia ni siquiera funciona el servicio de acueducto y alcantarrillado, lo que obliga a los reclusos a apelar a las aguas negras para satisfacer sus necesidades mínimas, en un reciclaje de las mismas que, desde el punto de vista humanitario, no puede ser más aberrante.

Y para eso justamente se creó el Instituto Nacional Penitenciario (Inpec). Como un instituto descentralizado para manejar un tema tan neurálgico y que tan estrechamente tiene que ver con la seguridad, a fin de que el ministerio de Justicia no continuara convertido en simple administrador de cárceles, ni el DAS en mero ente operador de calabozos. Cuyo propósito debe entenderse que es para retenciones estrictamente temporales, de horas y no de días o meses.

Al fin y al cabo, unos son los cuerpos responsables de la inteligencia e investigación para seguir determinadas pistas y rastros criminales, y muy otros son los organismos encargados de suministrar, en la práctica, la garantía de esa seguridad cuando el malhechor es capturado, mediante las denominadas cárceles para delincuentes de alta peligrosidad.

Tener y mantener cárceles seguras y dignas a través del Inpec, debe ser el desafío de un Gobierno comprometido con lo social, como dice ser éste. Y tener, asímismo, guardianes incorruptibles, es otro objetivo, diría que por lo pronto algo quimérico, en medio del mar de corrupción que nos asedia, radicalmente acentuado por el narcotráfico y casi que inevitablemente también. Pero ese, en el fondo, es otro cuento. Al menos frente al requerimiento de construir prisiones tecnológicamente inexpugnables -y de utilizarlas-, conservándolas a los costos que toque, ojalá custodiadas por vigilantes bien pagos y -estos sí- sin rostro, para que nadie, por facineroso que sea, los compre.

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