LA INERCIA INFLACIONARIA

LA INERCIA INFLACIONARIA

El Gobierno está empeñado en reducir gradualmente los niveles de inflación nacionales del 22-25 por ciento anual promedio de los últimos veinte años, a cifras menores del 10 por ciento. Con este objeto, ha propuesto un Pacto Social, o sea una política de precios y salarios concertada entre trabajadores, empresarios y el mismo Gobierno, que permita eliminar los factores inerciales que perpetúan la inflación. La Administración Gaviria tuvo la misma idea, pero siempre se tropezó con la renuncia de los sindicatos y los gremios patronales a comprometerse en términos de la inflación esperada por el Gobierno, en lugar de la efectivamente ocurrida en el año anterior, lo que en la práctica genera la ya mencionada inercia en precios y salarios. Nadie quiere correr con el costo de que el Gobierno se equivoque, y que la inflación que finalmente resulte sea superior a la programada; nadie, ni siquiera la propia Administración, como se comprobó abundantemente en el pasado cuatrienio.

23 de octubre 1994 , 12:00 a. m.

Para romper este círculo vicioso, el presente Gobierno quiere introducir en las negociaciones del Pacto Social el concepto de productividad, como una manera de facilitar los acuerdos políticos. Se sabe que históricamente los incrementos anuales de la productividad laboral han sido del orden del 3 por ciento, y que van a aumentar más rápidamente aun en la medida en que la economía crezca por encima del 5 por ciento anual, como lo espera el Gobierno. Para que la distribución del ingreso nacional no empeore, se requiere que el aumento promedio de los salarios no sea inferior a la inflación esperada para el próximo año, más los incrementos en la productividad laboral.

Puesto de otra manera, si el Gobierno fija una meta de inflación del 18 por ciento, por ejemplo, para 1995, los trabajadores pueden aspirar legítimamente a un incremento salarial promedio del 21 por ciento. Al incluir el concepto de productividad en las negociaciones, el Gobierno puede encontrar la manera de ir reduciendo gradualmente los niveles de inflación, al mismo ritmo en que dicha productividad vaya mejorando, sin que los asalariados pierdan capacidad adquisitiva en términos reales, y sin que los empresarios vean reducidos sus márgenes de utilidad.

Para ello, es fundamental que las variables bajo el control del Gobierno, tales como el gasto oficial, las tarifas de los servicios públicos, los combustibles, etc., se muevan de acuerdo con la meta esperada de inflación. Y que las políticas de la Junta Directiva del Banco de la República se manejen con base en el mismo criterio, en lo referente a medios de pago, tasas de interés y ritmos de devaluación.

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