El monopolio de la fuerza legítima en cabeza del Presidente

El monopolio de la fuerza legítima en cabeza del Presidente

El presidente Uribe asumió personalmente la conducción de la guerra antisubversiva y con ello replanteó el pacto implícito de la división de poderes entre élites políticas y militares, que prevaleció desde comienzos del Frente Nacional, a partir de la formulación que hizo el presidente Alberto Lleras en su discurso del teatro Patria.

25 de febrero 2007 , 12:00 a.m.

Ese pacto consistió en que los militares no darían golpes contra el poder civil y los civiles respetarían la autonomía operativa, el fuero militar y los intereses gremiales de las Fuerzas Armadas.

La cohabitación de los poderes civiles y militares resultó en políticas de seguridad inconsistentes, que no comprometían a las clases dirigentes en esfuerzos para resolver los conflictos sociales, mientras las Fuerzas Armadas intentaban llenar el vacío de estrategias políticas y sociales con el uso de la fuerza, el único instrumento a su disposición, contra los movimientos populares y la oposición armada de las guerrillas, confundidos bajo el mismo rótulo de subversión.

En este contexto, y con responsabilidades compartidas entre dirigentes políticos y militares, creció y se desbordó el paramilitarismo.

Uribe definió una estrategia de seguridad, aumentó la financiación y el tamaño de las Fuerzas Armadas, recuperó el control territorial de la policía y ofreció respaldo político total a las operaciones de combate contra las guerrillas. En esa medida, encarnó las aspiraciones de victoria con que han soñado siempre las Fuerzas Armadas.

Su estrategia, sin embargo, resultó mucho más exigente con los mandos militares y de Policía, porque no solo les pidió resultados de manera personal, sino que les ordenó librar la guerra como fuerza legítima del Estado, contra todas las fuerzas irregulares.

Uribe inició la desmovilización de los paramilitares y abrió las puertas para que la Justicia emprendiera la depuración de quienes se aliaron con ellos y colocaron a su servicio las instituciones de la democracia.

Por la dinámica misma de la Justicia, a medida que avancen las confesiones de los jefes paramilitares y sus asociados, irá revelándose el organigrama de complicidades que hicieron posible que durante dos décadas hubieran sido complementarias, y no incompatibles, las estrategias de las Fuerzas Armadas con las de ejércitos privados al servicio de intereses particulares.

El país debe apoyar la tarea de la Justicia, para marcar el límite que en adelante debe regir la conducta de políticos, empresarios y miembros de las Fuerzas Armadas frente a las amenazas de seguridad.

La nueva visión política de la seguridad de Uribe redefine el papel de las Fuerzas Armadas frente al conflicto y la consolidación de la paz.

En el plano militar, ese papel consiste en recuperar el monopolio de la contrainsurgencia y la seguridad ciudadana en las regiones, al neutralizar los grupos paramilitares que no se han desmovilizado y los nuevos que han surgido después y al forzar a las guerrillas a una negociación definitiva de paz mediante el uso legítimo y controlado de la fuerza, hasta lograr el control estatal del territorio.

La superación del conflicto colombiano no termina con la eliminación de los grupos armados irregulares, porque la guerra interna enriqueció ilegalmente a sus gestores, destrozó el régimen de propiedad territorial, desplazó un tercio del campesinado a las ciudades, propagó comportamientos ilegales y predatorios, creció el crimen organizado y facilitó la captura de gobiernos regionales y locales con elecciones fraudulentas para beneficio privado.

Para consolidar la paz, el Estado deberá contar con unas Fuerzas Armadas al servicio de la reconstrucción de la democracia y la garantía de los derechos ciudadanos.

El nuevo pacto entre poderes civiles y militares exige definir las políticas sociales en función de la superación de la violencia y las políticas militares en función de la seguridad y los derechos de la población.

Por la misma razón por la cual el presidente Uribe fue capaz de desmovilizar a los paramilitares, tiene ahora la autoridad política para liderar la profunda reforma de las Fuerzas Militares: por su obsesión por recuperar el monopolio de la fuerza legítima en cabeza del Estado.

* Observatorio de Drogas y Delito de la Universidad del Rosario

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