DERECHOS DE QUIÉN

DERECHOS DE QUIÉN

Quién se preocupa por los derechos humanos de Edilberto Peña Salgado y su hermano, que secuestrados por las FARC en Neiva, Huila, el 17 de noviembre de 1991 aún no aparecen a pesar de haber pagado dos veces? Quién vela por los derechos humanos de Elvira Triviño de Hurtado, que a los 78 años fue secuestrada por el frente 22 de las FARC, el 26 de enero de 1991, organización que al no estar contenta con una presa! también secuestró a su yerno, José Manuel Matallana, un mes después cuando fue a negociar y hoy, después de tres años y medio de dolor para sus familias no aparece ninguno de los dos?

25 de octubre 1994 , 12:00 a. m.

A quién le interesan los derechos humanos de Aldemar Mazuera, que secuestrado por las FARC en el Caquetá el 27 de marzo de 1994 por ser, presuntamente, informante del Ejército fue liberado el 15 de julio del mismo año por no habérsele comprobado nada, con los tendones del brazo izquierdo cortados a sangre fría y sin anestesia , según relata la víctima? O los derechos humanos de una piloto de Helitaxi que, secuestrada durante 40 días, perdió el hijo que esperaba por las largas caminatas en la selva y ahora quedó infértil? O el dolor de la familia Calderón, que tiene a su padre, Julio Alberto, secuestrado por el EPL en la Sierra Nevada hace dos años y cuatro meses y después de pagar les han pedido más plata, les han robado el ganado y aún los siguen presionando a pesar de que nadie cree que la persona está viva?\ La respuesta es clara y contundente: a nadie! La Procuraduría General de la República, a pesar de tener facultades para ello, está dedicada con exclusividad -en lo que a derechos humanos se refiere- a investigar los abusos de funcionarios del Gobierno. Pero si la guerrilla asesina o desaparece o tortura o ejecuta sumariamente o mutila, eso sí no les incumbe y, lo que es peor, parece no interesarles.

La Defensoría del Pueblo, que no hace honor a su nombre, tampoco se muestra siquiera interesada en lo que le sucede al ciudadano común y corriente frente a la guerrilla. Eso sí, cuando hay que velar por los derechos humanos de las personas afectadas por los organismos de seguridad, ahí sí corren, como lo hacen, de la mano de la Procuraduría cada vez que Galán o Caraballo musitan una queja.

Claro, no da dividendos políticos defender al ciudadano común frente a los abusos de la subversión y por eso nuestro supuesto Defensor se ha dedicado a proteger su pequeño universo mientras decenas de miles de colombianos aguantan impotentes que los secuestren, que los desaparezcan, que los mutilen o que los ejecuten sumariamente.

A los organismos internacionales, incluyendo las Organizaciones No Gubernamentales (ONG s), con la excepción de la Cruz Roja Internacional, tampoco les interesa la suerte de doña Elvira, don José Manuel, don Aldemar, don Julio Alberto, don Edilberto o de las decenas de casos que en la Fundación País Libre conocemos.

Gracias a Dios, Amnistía Internacional ahora sí le dedica una línea, o un párrafo si están generosos, a denunciar las violaciones de derechos humanos por parte de la subversión, más por razones de conveniencia que de creencia.

Y los relatores de Derechos Humanos de la ONU, que andan por aquí en Colombia, creen valioso el aporte de estos casos para el contexto de su informe, lo que seguramente se traducirá en la misma frase o párrafo, si estamos de buenas, sobre los miles de abusos que cometen los guerrilleros con la ciudadanía.

De lo que nadie parece darse cuenta es de que, hoy por hoy, viola más los derechos humanos la guerrilla que el propio Estado (sin negar lo grave que es la situación de los organismos de seguridad). Uno por lo menos tiene un freno mientras el otro no, y por eso hace lo que le da la gana. Es más, cuando las organizaciones de derechos humanos presentan sus informes, los movimientos guerrilleros, al no verse involucrados se sienten con carta blanca para seguir violando los derechos más esenciales de miles de colombianos, pues ello no tiene ningún costo político.

Los derechos humanos son de todos y quien los viole, provenga de donde provenga, debe ser castigado. Los colombianos de bien no podemos seguir aguantando que, mientras a Galán y a Caraballo (uno de los secuestradores más grandes que tiene Colombia) hasta el más fundamental de sus derechos le es respetado, las miles de víctimas de la guerrilla ni siquiera tienen en el Estado quién las atienda. No podemos seguir aguantando que existan personas que tienen derechos humanos de primera y otros cuyos derechos son de segunda.

O todos en la cama o todos en el suelo. De otra manera, los Derechos Humanos en Colombia seguirán teniendo ese matiz político que hoy poseen y que ha evitado precisamente que la situación mejore, como todos lo queremos. Pero mientras sigamos con funcionarios que, como caballos de zorra con anteojeras, no ven el panorama general y con un Gobierno cuya política unilateral de derechos humanos se olvida de la mitad de la ecuación, es poco lo que los familiares de don Julio Alberto, doña Elvira, don José Manuel, don Edilberto y don Aldemar pueden esperar.

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