ATACAR LA CRIMINALIDAD Y LA IMPUNIDAD: DESAFÍOS DEL GOBIERNO

ATACAR LA CRIMINALIDAD Y LA IMPUNIDAD: DESAFÍOS DEL GOBIERNO

El sector asegurador, en cumplimiento de su misión de pagar las indemnizaciones contra eventos adversos, sufre el mayor impacto de gran parte de los actos delictivos que se cometen en el país. Las compañías de seguros, como consecuencia de este fenómeno hacen erogaciones por concepto de siniestros cada día en cuantías más elevadas; en materia de homicidios, lesiones personales (pagos de seguros de vida, accidentes y salud), asaltos (pólizas bancarias tomadas por las instituciones financieras), piratería terrestre (pago de las mercancías cubiertas por las pólizas de transporte) y hurto de vehículos.

26 de octubre 1994 , 12:00 a. m.

Efectos económicos Todos estos delitos generados por la delincuencia producen efectos económicos de gran magnitud para los aseguradores, dada su condición de protectores de los riesgos que aquejan a las empresas y a los residentes en Colombia.

Para el sector asegurador, dos grandes fenómenos están socavando la seguridad ciudadana y la justicia. De un lado, el auge de la delincuencia que ha alcanzado índices alarmantes, tal como lo demuestra un estudio reciente de Planeación Nacional que señala a Colombia como uno de los países con más altas cifras de criminalidad en el mundo.

Impunidad generalizada De otra parte, se percibe en el país una situación generalizada de impunidad derivada de la falta de eficiencia de las autoridades de policía, de problemas en el sistema de investigación y de inoperancia de los organismos judiciales.

En los últimos años se ha avanzado en la tarea de implantar en Colombia sistemas alternativos de solución de conflictos.

Entre ellos se destaca la conciliación, mecanismo por el cual se busca dirimir un número importante de conflictos sin congestionar los despachos judiciales.

El Vicepresidente Jurídico de Fasecolda, Juan Manuel Díaz-Granados, sostiene que la conciliación es un mecanismo importante que debe desarrollarse, pero el grueso de los conflictos deberán ser resueltos por el sistema judicial.

Sobre la competencia de los inspectores de policía para conocer determinadas conductas que no tienen la categoría de delitos, se requiere dotarlas de los recursos económicos, técnicos y humanos para enfrentar el gran cúmulo de casos que ya no son del resorte de los jueces penales.\ rdinación entre instituciones Coordinación entre instituciones A partir de la Constitución Política de 1991 se implantó en el país la Fiscalía General de la Nación, con el fin de establecer el sistema acusatorio basado en la investigación de los delitos, para llevar a sus autores ante los jueces.

La información y coordinación de la Fiscalía con otras instituciones son herramienta básica en la lucha contra la impunidad y en la mejora de la seguridad ciudadana.

Según Díaz-Granados, el Gobierno Nacional, de quien dependen directamente los organismos de seguridad del Estado, debe promover la coordinación de estos con la Fiscalía General para garantizar la seguridad ciudadana.

(VER RECUADRO MAC)

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