Desaparición y duelo

Desaparición y duelo

Dadas las proporciones de la tragedia humanitaria colombiana, cerca de 5.000 víctimas podría parecer a algunos un número que palidece ante cientos de miles de desplazados y afectados por atentados, ataques, secuestros, minas antipersonales, masacres y asesinatos selectivos. Pero estos 5.000 encarnan uno de los grandes dramas del conflicto armado: la desaparición forzada, que tiene a miles de familias en la angustiosa incertidumbre de no saber qué pasó con sus seres queridos. La semana pasada, por fin, se dio un paso sustancial para encararlo, con el lanzamiento del Plan Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas.

19 de febrero 2007 , 12:00 a.m.

Nadie sabe cuántas son. Según organismos como el Área de Desarrollo Humano del PNUD, la Fiscalía y la Asociación de Familiares de Detenidos y Desaparecidos (Asfaddes), hay cerca de 7.800 casos reportados entre 1998 y el 2005; la Procuraduría habla de unos 800, desde 1993; Medicina Legal, de algo más de 1.000 en solo el 2005 y el 2006. Hasta hace poco, no se diferenciaba entre desaparecidos forzados y los que se fueron de su casa o se perdieron por un trastorno mental. Según Asfaddes, hoy habría 4.823 personas desaparecidas forzosamente cuya suerte se desconoce. Sin hablar del subregistro, que podría doblar la cifra. Solo en las fosas comunes de los paramilitares ya denunciadas, habría 2.500 cuerpos.

El problema es viejo. El primer reporte data de 1977. Desde entonces, la progresión ha sido poco menos que escalofriante. A comienzos de los 80 los casos se contaban con los dedos; en el año pico, el 2001, se reportaron más de 1.600; en el 2005 fueron 839. El Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas e Involuntarias de la ONU, que visitó a Colombia en 1988 y el 2005, dice que, aunque las desapariciones forzadas “no forman parte de una política deliberada del Estado desde las más altas esferas, su escaso reconocimiento por las autoridades y la insuficiencia de acciones correctivas, impidieron superarlas”.

Solo hasta el año 2000, se tipificó el delito de desaparición forzosa y se aprobó la ley 589, que creó la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas, el registro único nacional y el mecanismo de búsqueda urgente. Instrumentos solo reglamentados en el 2005, con la ley 971 y el decreto 4218.

Por eso, es bienvenido el Plan Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas, anunciado hace unos días, junto a la puesta en marcha del Sirdec (Sistema de Información Red de Desaparecidos y Cadáveres), de Medicina Legal, que centralizará los datos. Es la primera respuesta coherente y coordinada contra este drama, que se denuncia hace años. Y es un ejemplo de colaboración entre las instituciones y las ONG: dos de estas –Asfaddes y la Comisión Colombiana de Juristas– integran el Plan de Búsqueda, junto a Fiscalía, Procuraduría, Defensoría, Medicina Legal, Mindefensa, la Vicepresidencia y el Programa Presidencial de Defensa de la Libertad.

La desmovilización de los paramilitares –responsables de la inmensa mayoría de las desapariciones forzosas– presenta una oportunidad única. Gracias a denuncias de los ex combatientes o de familiares de las víctimas, unos 250 cuerpos han sido exhumados y algunos devueltos a sus familiares. Solo en San Onofre se hallaron 80. Pero el reto es inmenso.

El país no sabe cuántos desaparecidos tiene y falta documentación sobre los casos conocidos. Con el Plan Nacional, se tiene una estrategia de búsqueda, que no existía, pero, hay serios desafíos. Empezando por lograr una verdadera coordinación (hasta ahora ausente) entre las entidades involucradas. La exhumación es apenas un paso; el desafío esencial es la identificación de los restos: se hallan cada vez más cadáveres, pero otra cosa es identificarlos. Por ello es clave articular todas las exhumaciones al Plan Nacional de Búsqueda, y dar a la Fiscalía las herramientas para que no acabe abrumada por un alud de denuncias y hallazgos de fosas, haciendo exhumaciones a la carrera. Sin contar los restos enterrados como NN en los cementerios.

El Estado está ante una de las tareas más largamente aplazadas del conflicto armado: encontrar a los forzosamente desaparecidos y entregar sus restos identificados a sus familiares para que puedan, por fin, iniciar el duelo de su pérdida. Ojalá el Plan Nacional de Búsqueda de Desaparecidos esté a la altura de este desafío.

editorial@eltiempo.com.co

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