Transferencias y gobernabilidad

Transferencias y gobernabilidad

La aprobación en segunda vuelta del Acto legislativo que modifica el sistema de distribución de transferencias será uno de los elementos centrales en la discusión política del 2007. Las elecciones locales harán inevitable que éste sea un tema de campaña y que los parlamentarios sean presionados por sus bases regionales para reconsiderar lo que hasta ahora se ha aprobado.

13 de febrero 2007 , 12:00 a.m.

Durante el 2006 la mayor parte de la discusión se concentró en los efectos económicos del anterior y del actual sistema de transferencias. Sin embargo, el análisis del Sistema General de Participaciones no puede enfocarse exclusivamente en aspectos económicos, sino que debe incorporar los aspectos políticos de dicha modificación.

El sistema de transferencias aprobado en la Constitución de 1991 fue la respuesta de un Estado que trató con desgreño a las regiones y como consecuencia de ello sufrió un colapso parcial a fines de los noventa. La fórmula constitucional no fue el fruto de un análisis económico, sino la respuesta a una realidad política: la falta de gobernabilidad y de presencia estatal en gran parte del territorio estatal.

Cuando se discute hoy la continuidad de la fórmula adoptada en el 2001 para reducir el monto total de transferencias se deben evaluar los efectos que ello tendrá sobre el sistema político colombiano. Es posible que algunos consideren que esta nueva gobernabilidad es la que necesita el país, especialmente cuando se sospecha que los grupos armados ilegales controlaron dichos giros en beneficio de sus proyectos políticos. Entre otros, los siguientes pueden ser algunos efectos sobre la gobernabilidad derivados del nuevo sistema de transferencias: Disminución del pluralismo político. El giro de recursos a las regiones le dio el piso financiero a la elección popular de alcaldes (aprobada con anterioridad al 91) y de gobernadores permitiendo el surgimiento de lo que en un principio se llamó terceras fuerzas. Estas nuevas expresiones resultaron fundamentales para superar el bipartidismo político. Al disminuirse el ritmo de crecimiento de dichos recursos es bastante factible que las nuevas expresiones empiecen a quedar encauzadas a través de las fuerzas políticas nacionales.

Revitalización de las intermediaciones parlamentarias. Durante el régimen centralista los parlamentarios fueron la bisagra que permitía el giro de recursos nacionales para la inversión en los territorios. La Constitución de 1991 intentó disminuir este rol e incrementó la relevancia política de alcaldes y gobernadores. La reforma propuesta llevará a revitalizar la figura de los congresistas como intermediarios de recursos entre el centro y las regiones por la sencilla razón de que los recursos para inversión en proyectos estarán principalmente a cargo de la nación.

Mayor dependencia del nivel nacional. El cálculo de las participaciones ofrecidas por el Gobierno central se basa en la suma que se calcula necesaria para que las entidades territoriales cumplan sus obligaciones en materia social. Los recursos adicionales que los municipios y departamentos requieran para adelantar proyectos tendrán que hacerse a cargo del esfuerzo fiscal propio o de recursos del Gobierno central. Como los entes territoriales con capacidad fiscal son pocos, el modelo conllevará a una mayor dependencia de los giros del Gobierno central para atender las necesidades del desarrollo. En este sentido la autonomía de dichas entidades sufrirá un grave deterioro.

La Constitución de 1991 trató de construir un modelo de Estado que reconocía la autonomía territorial y trataba de construir gobernabilidad desde lo local, pero con el nuevo modelo de transferencias el país parece abandonar esa idea en favor de una propuesta centralista. Es importante que el país aborde el debate sobre el conjunto de implicaciones de la modificación en el modelo de transferencias y no se concentre exclusivamente en los efectos económicos de la propuesta. También la gobernabilidad está en juego.

Consultor político .

"El sistema de transferencias aprobado en la Constitución de 1991 fue la respuesta de un Estado que trató con desgreño a las regiones”.

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