NO MÁS LEYES QUE SOLO EXISTAN SOBRE EL PAPEL

NO MÁS LEYES QUE SOLO EXISTAN SOBRE EL PAPEL

Si usted se ve obligado cualquier día a transitar como simple peatón por una avenida como la 19, en el centro de Bogotá, observa que las aceras están ocupadas por vendedores ambulantes, los peraltes invadidos por indigentes o niños abandonados, las esquinas convertidas en territorio de meretrices y las calzadas atiborradas de vehículos cuyos conductores comenten una infracción de tránsito cada segundo. Y a pesar de lo anormal de la situación, sabe que es poco o nada lo que puede hacer frente a los tres o cuatro funcionarios del Estado que son responsables de que situaciones como éstas ocurran.

28 de octubre 1994 , 12:00 a. m.

Pero, aunque no lo crea, usted como ciudadano contará en unos meses con una herramienta que le permitirá obligar a los responsables de esas irregularidades a hacerles frente. Es más, si se lo propone, conseguirá que les inicie un proceso disciplinario y que se les castigue hasta con una multa de 50 salarios mínimos.

Ese mecanismo es la acción de cumplimiento, figura consagrada en el artículo 87 de la Constitución Nacional para que toda persona pueda acudir ante las autoridades judiciales para que se haga efectivo el cumplimiento de una ley o de un acto administrativo.

En otros términos, la acción de cumplimiento le permitirá a los colombianos obligar a las autoridades a que se respeten las normas de espacio público, a que el Estado proteja a los menores de edad indefensos como lo determina el Código del Menor, a que se apliquen las políticas de rehabilitación para la mujer abandonada o a que las secretarías de tránsito hagan cumplir las más elementales normas sobre la materia.

El Ministro de Justicia, Néstor Humberto Martínez Neira y el Defensor del Pueblo, Jaime Córdoba Triviño presentaron ayer al Congreso un proyecto de ley que reglamenta las acciones de cumplimiento.

Martínez y Córdoba expresaron en la exposición de Motivos que la lucha contra la impunidad empieza por el desarrollo de los instrumentos constitucionales que, como la acción de cumplimiento, pretenden la instrumentación de mejores vías de acceso a la justicia, cercanas al ciudadano .

Según la propuesta, un proceso de este tipo tardaría máximo seis meses y podría resolverse hasta en un mes.

La iniciativa plantea que el conocimiento de la Acción de Cumplimiento debe ser de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, es decir, del Consejo de Estado, los Tribunales Administrativos y, de ser aprobados, de los jueces administrativos, cuya creación está propuesta en el proyecto de Ley Estatutaria de la Administración de Justicia.

Si se trata de una ley o de un acto administrativo originado en una autoridad nacional, la competencia para resolver la acción de cumplimiento es del Consejo de Estado.

Si se trata de actos proferidos por una autoridad de una entidad territorial, conocerá en primera instancia el Tribunal Administrativo con jurisdicción en el domicilio de la autoridad demandada y en segunda instancia el Consejo de Estado.

Después de que se creen los Jueces Administrativos, serán estos los que resuelvan las acciones de cumplimiento en primera instancia a nivel de las entidades territoriales, mientras que la segunda instancia irá al Tribunal Administrativo Respectivo.

Cualquier persona natural o jurídica de naturaleza pública o privada podrá instaurar una Acción de Cumplimiento.

También lo podrán hacer el Procurador General de la Nación, el Defensor del Pueblo, el Contralor General de la República o las personas que ellos designen.

Si se trata de un caso particular, ( por ejemplo un ciudadano que a través de una resolución ha sido nombrado en un cargo y no ha sido posesionado) para interponer una acción de cumplimiento requiere que el accionante acredite su interés y que obre a través de apoderado judicial.

No procede la acción de cumplimiento cuando existan otros mecanismos judiciales para ejecutara la norma incumplida.

Antes de interponer la acción de cumplimiento, el interesado previamente deberá solicitar el cumplimiento de la norma a la autoridad competente, con el objeto de demostrar la renuencia del funcionario.

Este requisito se llamaría de procebilidad y sería indispensable al presentar la demanda.

Cómo se presenta y resuelve? De acuerdo con la propuesta del Gobierno los requisitos para presentar una demanda de acción de cumplimiento serían: 1. El nombre e identificación de la persona que instaura la acción.

2. La enunciación clara e inequívoca de la norma cuyo cumplimiento se demanda.

3. En el evento de recaer la acción sobre un acto administrativo deberá adjuntarse copia del mismo. En caso de que el acto administrativo sea verbal deberá anexarse prueba, siquiera sumaria, de su existencia.

4. La designación de la autoridad o autoridades responsables de darle cumplimiento a la norma.

5. La prueba del cumplimiento del requisito de procebilidad, así como la solicitud de pruebas adicionales que el demandante considere convenientes y la enunciación de las que acompaña y la enunciación de las que acompaña.

6. La manifestación que se entienda hecha bajo la gravedad de juramento, en el sentido de expresar que no se ha presentado otra acción judicial de cualquier índole con el mismo propósito.

Una vez presentada la acción, el juez o magistrado tiene cinco días para admitirla. Si falta uno de los requisitos el funcionario concederá al demandante un plazo de tres días para que cumpla con el mismo.

Una vez admitida el juez o magistrado notificará al funcionario afectado del hecho y le dará ocho días para que informe si en su concepto se le ha dado o no cumplimiento a la norma citada por el interesado. De no hacerlo el juez apreciará tal conducta como indicio grave de incumplimiento.

Transcurrido el término anterior el juez o magistrado podrá dentro de los 15 días siguientes abrir un período probatorio de 15 días, si lo considera necesario. Si no lo estima así, deberá fallar en esos 15 días.

Dentro de los cinco días siguientes a la notificación del fallo la sentencia puede ser apelada. El juez de segunda instancia cuenta con 30 días a partir de la recepción del expediente para proferir su fallo.

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