EL ROBO DEL SIGLO

La única razón que tiene el público para aceptar un pedazo de papel como pago en la venta de un bien o de un servicio es que hay la certeza de que ese mismo papel le sirve para adquirir algo de igual valor. Si existe alguna duda de que esto no sea así, los billetes pierden su calidad de sustitutos legítimos de un derecho que tiene su poseedor sobre un cierto monto de recursos económicos y pierden su valor y su utilidad como medio de pago. Si no hay certeza de que el billete de diez mil pesos que se recibe en pago pueda ser utilizado sin discusión para comprar algo que vale diez mil pesos, ese billete no sirve y la gente lo va a rechazar en favor de un billete de mil pesos, sin ese problema.

Al exigir que los poseedores de los billetes robados los entreguen sin compensación, por no haber sido emitidos, las autoridades han creado una elevada incertidumbre sobre el valor de los billetes; han puesto en entredicho todos los billetes de dos, cinco y diez mil pesos y le han restado valor y utilidad al papel moneda colombiano. Por otra parte, han aumentado la demanda y la circulación de billetes de mil pesos y han incrementado el costo de hacer transacciones en Colombia. El remedio parece haber resultado más grave que el mal, pues las autoridades han creado una incertidumbre innecesaria sobre el papel moneda que ha minado su calidad institucional. Cabe preguntar entonces si esta era la única forma de manejar el problema o si valió la pena desbarajustar el sistema monetario para recuperar parcialmente 30 millones de dólares.

Esto lleva a pensar sobre el poco valor que se les otorga a las instituciones como agentes reductores de incertidumbre y cómo las decisiones de las autoridades que no tienen en cuenta el costo inmenso en que se incurre cuando se le exige al público un sacrificio que implica una pérdida económica contingente, como es el caso de perder el dinero cuando se recibe uno de los billetes robados. Si las autoridades están dispuestas a arriesgar tanto -la credibilidad del sistema y la utilidad de los billetes- por tan poco, entonces no valoran la institución del papel moneda o la valoran por menos de 24 mil millones de pesos. Esto no le da al público o a los agentes económicos ninguna certeza sobre la estabilidad de las instituciones o de las políticas. Efectivamente, si las autoridades monetarias ponen tranquilamente en entredicho el papel moneda, cualquier día pueden colocar patas arriba el sistema cambiario o el régimen financiero, sin tener en cuenta el alto costo de la incertidumbre, cuando precisamente el papel de las instituciones y el de las costumbres debe ser crear certeza.