PROCURADURÍA INVESTIGARÍA A MAGISTRADOS DE LAS CORTES

PROCURADURÍA INVESTIGARÍA A MAGISTRADOS DE LAS CORTES

La Procuraduría General de la Nación entraría a llenar el vacío legal que dejó a los magistrados de las altas corporaciones del Poder Judicial y al Fiscal General de la Nación sin quien los investigue por las faltas disciplinarias que cometan. El Ministerio Público asumiría esa competencia basado en el artículo 277 de la Constitución que establece las funciones de esa entidad.

18 de octubre 1994 , 12:00 a. m.

En uno de sus apartes la norma dice que la Procuraduría debe ejercer vigilancia superior de la conducta oficial de quienes desempeñen funciones públicas, inclusive las de elección popular; ejercer preferentemente el poder disciplinario; adelantar las investigaciones correspondientes e imponer las respectivas sanciones conforme a la ley .

El procurador General de la Nación, Orlando Vásquez Velásquez, le dijo a este diario que él es de la idea de que ningún servidor público está sustraído a los procesos disciplinarios .

El jefe del Ministerio Público dijo, además, que hay un debate frente a los organismos, que como la Fiscalía, cumplen funciones judiciales, sobre quién debe investigar a sus funcionarios disciplinariamente, si ellos mismos o entidades de control externas.

Todos estos conflictos deben ser resueltos en la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia , dijo Vásquez.

El jefe del Ministerio Público dijo que el tema del control disciplinario de los altos magistrados se esta estudiando y aún no hay una decisión definitiva, pero aseguró que la entidad a su cargo no va renunciar al poder prevalente que en esta materia le da la Constitución. Es decir, que la Procuraduría constituye el principal juez disciplinario del país.

El conflicto sobre quién debe investigar y sancionar a los magistrados de los altos tribunales y al Fiscal, vivió uno de sus últimos capítulos el pasado jueves, cuando la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura decidió archivar 47 investigaciones que cursaban contra magistrados de la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado y el Consejo Superior de la Judicatura, al concluir que existe un vacío legal que impide juzgarlos por sus faltas disciplinarias.

La decisión se dio en el marco de un conflicto de competencias que se presentó entre esta Sala y la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes.

Esta última corporación se había declarado impedida para adelantar esta clase de procesos, a pesar de que un fallo de la Corte Constitucional le otorgó esa función, tras quitársela a la Sala Disciplinaria del Consejo Superior.

La Comisión de Acusaciones decidió desconocer el fallo de la Corte al decidir que la competente para adelantar esta clase de procesos era la Sala Disciplinaria.

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