Cada semana destituyen a cuatro funcionarios públicos en Colombia

Cada semana destituyen a cuatro funcionarios públicos en Colombia

La destitución de funcionarios públicos está disparada. El año pasado, la Procuraduría General de la Nación ordenó 232: más de 4 por semana.

06 de febrero 2007 , 12:00 a.m.

Durante el 2005 y el 2006 fueron separadas definitivamente de sus cargos 567 personas, 100 más que todas las destituidas en el quinquenio transcurrido entre 1997 y 2001.

¿Qué está sucediendo? ¿Acaso el sector público es más corrupto desde el 2002, cuando las destituciones superaron por primera vez las 145? La Procuraduría responde que no. La mayor incidencia de esta clase de sanción, explica, es el efecto de una conjunción de factores jurídicos e institucionales.

El más significativo es el cambio del Código Disciplinario Único, que rige el comportamiento de cerca de 600 mil funcionarios públicos (los 380 mil miembros de la Fuerza Pública tienen su propio código): de las 10 conductas tipificadas como faltas gravísimas por la Ley 200 de 1995 se pasó a 63 en virtud de la Ley 734 del 2002.

Si se suman las ‘subconductas’ descritas en sus parágrafos, actualmente hay cerca de 80 causales de destitución, 7 veces más que hace 5 años.

Régimen ‘talibán’ Varios de esos comportamientos tienen que ver con el conflicto interno; por ejemplo, las violaciones graves al Derecho Internacional Humanitario, forzar desplazamientos y colaborar con los grupos armados ilegales.

Pero al nuevo código –calificado como “talibán” por su dureza– no solo le interesa la integridad del funcionario, sino también su aptitud administrativa.

Por eso sanciona omisiones como no incluir en el presupuesto las apropiaciones necesarias para cubrir el déficit fiscal, servir la deuda, pagar los servicios públicos y asegurar los bienes del Estado.

Además, contiene motivos de destitución tan específicos como asistir más de tres veces al trabajo bajo los efectos del alcohol o los alucinógenos.

En el 2002, cuando entró en vigencia el código (mayo), las destituciones crecieron 33 por ciento. El año pasado, a pesar de una caída del 30 por ciento respecto del 2005, el número de destituidos duplicó los registros más altos que se tenían antes de la Ley 734.

Otra posible causa de este crecimiento es la modernización de la Procuraduría y la consecuente celeridad en la evacuación de los procesos.

Hace 6 años, la entidad contaba con un computador por cada cinco funcionarios. Hoy, gracias a un crédito del Banco Interamericano de Desarrollo, hay prácticamente uno para cada uno.

La actualización tecnológica, sumada a una racionalización de los trámites, ha servido para que el número de procesos que quedan pendientes de resolución cada año haya disminuido en más del 50 por ciento, al pasar de 59.208 en el 2001 a 28.070 al cierre del 2006. Esto, a pesar de que el ingreso de expedientes aumentó 23 por ciento en el mismo lapso.

Qué pasó en el 2006 En cuanto a las conductas sancionadas con destitución en segunda instancia (decisión inapelable), el año pasado tuvo unas tendencias ligeramente diferentes a las observadas desde 1997.

En los diez años transcurridos desde entonces, la irregularidad más recurrente ha sido la corrupción (16% de las destituciones), seguida por la omisión o negligencia en el ejercicio de las funciones (15%) y la violación del régimen de inhabilidades e incompatibilidades (14%).

Esta última sube al primer puesto cuando se mira solamente el 2006, con el 19 por ciento de los casos de destitución definitiva. En segundo lugar quedó el abuso de autoridad (15%) y en tercero, la omisión o negligencia (14,9%).

La corrupción cayó a la sexta casilla, superada incluso por la violación de los derechos humanos, por la cual fueron destituidos 27 funcionarios (ver más información del 2006 en la nota anexa).

DESTITUCIONES DEFINITIVAS FORMALIZADAS EN EL 2006: DESDE ASESINATOS HASTA MANOSEOS .

Guillermo Fino, presidente del ISS Exigir y cobrar comisión del 10 % para adjudicar un contrato. Está detenido.

Miguel Ángel Bermúdez, gobernador de Boyacá Entregar en concesión el recaudo del impuesto de registro sin autorización.

Gilberto Coll, alcalde de Tubará (Atlántico) Desautorizar a policías y agarrarle los glúteos al señor Edwin Camargo.

Segundo Pardo, gerente de Lotería de Santander Irregularidad en una licitación para la explotación del chance.

‘La sanción debería poder graduarse’.

En su calidad de director del Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP), Fernando Antonio Grillo es lo más cercano que tiene el Estado a un gerente de recursos humanos.

¿Por qué han aumentado .

las destituciones en los últimos años? Creo que es consecuencia del actual código disciplinario, que le impide a la Procuraduría General de la Nación dosificar la sanción. Conductas que antes podían llevar a anotaciones en la hoja de vida, amonestaciones o suspensiones, en el peor de los casos , hoy son causales de destitución.

¿A qué se debió el pico en el 2005? El nuevo código se aprobó en el 2002. Si sumamos los dos años o más que suelen tomarse estos casos, por el respeto al debido proceso, ahí podría estar la explicación.

¿Qué influencia tiene este fenómeno sobre la administración pública? Mi opinión es que el Estado podría estar privándose de muy buenos gerentes, que se lo piensan demasiado antes de meterse en la administración pública.

¿Y cuál sería la solución? Que se le permitiera a la Procuraduría graduar la sanción. Tenga en cuenta que la pena mínima es inhabilidad por 10 años, y no todas la conductas son iguales. .

¿Qué peso puede tener en todo esto la escasa preparación de algunos funcionarios? Por ejemplo, hay alcaldes analfabetas...

Eso es cierto. En muchos casos hay que cumplir más requisitos para ser Secretario de Gobierno que para ser Alcalde, pero es el costo de la descentralización. Este tema requiere más que mi opinión: se necesita un análisis del Gobierno en su conjunto. En todo caso, cada vez es más difícil entrar al Estado, y eso tendrá que redundar en el número de destituciones.

"El Estado podría estar privándose de muy buenos gerentes, que se lo piensan mucho antes de meterse al sector público”.

Fernando Grillo, director del Dto. Administrativo de la Función Pública.

Policía, la más sancionada por fallas en derechos humanos.

REDACCIÓN JUSTICIA Los integrantes de la Policía Nacional fueron, durante el 2006, los que más fallos en contra tuvieron de la Procuraduría General por irregularidades relacionadas con los derechos humanos.

Según el balance social de ese organismo de control –presentado la semana pasada–, de las 197 decisiones que tomó por fallas de funcionarios públicos en este ítem, 45,7 por ciento están relacionadas con funcionarios de esa fuerza.

De esas 90 decisiones, revela el Ministerio Público, 37 fueron de segunda instancia, es decir, prácticamente ya quedaron en firme.

El balance muestra que a la Policía Nacional le sigue el Ejército de Colombia, con 33 decisiones en su contra, 15 de las cuales son de segunda instancia, y los concejos municipales (ver gráfico).

Fuentes de la Dirección de la Policía Nacional dijeron que la posición que ocupan en este escalafón se debe a que los miembros de esta fuerza tienen un contacto más directo con la ciudadanía.

“El policía está más en la calle, interactúa con el ciudadano del común y generalmente es el primer funcionario que llega a un sitio donde pasó algo.

Por ejemplo, algunas veces en un atraco callejero el uniformado cumple su labor al capturar al delincuente y llega la queja por malos tratos a la persona”, explica un comandante de estación de Policía de Bogotá.

Pero los derechos humanos no son el único aspecto en el que a la Policía Nacional no le va muy bien en el balance del Ministerio Público .

En lo que tiene que ver con la prevención y sanción de la corrupción, esta institución vuelve a ser la primera en la Fuerza Pública debido a los fallos en contra de sus miembros: 258, de las cuales 146 fueron de primera instancia y el resto, de segunda.

La Policía Nacional está antecedida en esta clasificación por los funcionarios de alcaldías municipales (1.436), concejos (525) y gobernaciones (259).

El año pasado, la Procuraduría General de la Nación emitió importantes fallos contra integrantes de la Policía Nacional.

Por ejemplo, destituyó a dos oficiales por el caso Guaitarilla –donde murieron unos uniformados a manos del Ejército–, ocurrido en Nariño en 2004, y suspendió a dos oficiales por la presunta pérdida de 500 mil películas piratas incautadas en un sanandresito de Bogotá. Este último caso fue revelado por EL TIEMPO.

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