UNÁNIME RECHAZO AL NARCOPROYECTO

UNÁNIME RECHAZO AL NARCOPROYECTO

El Gobierno le pidió ayer formalmente al Congreso archivar definitivamente el proyecto de ley que favorecería el enriquecimiento ilícito y el testaferrato. En esta solicitud fue secundado por el Fiscal General de la Nación, Alfonso Valdivieso, para quien la iniciativa no solo es inconstitucional sino inconveniente para el país.

19 de octubre 1994 , 12:00 a. m.

La petición se produjo ayer, en desarrollo de un foro convocado por la Comisión Primera de la Cámara, célula que hace dos semanas decidió reabrir el debate del controvertido proyecto, aprobado ya por el Senado.

La solicitud del Ejecutivo fue sustentada por el ministro de Justicia, Néstor Humberto Martínez Neira.

Martínez planteó, en primer lugar, que someter la extinción del dominio (figura mediante la cual el Estado puede asumir el control de un bien producto de actividad ilícita) a la sentencia previa de una sentencia judicial equivaldría a maniatar a los jueces regionales que conocen especialmente del delito de narcotráfico.

Aprobar esta norma restaría Una herramienta básica del Estado para enfrentar la delincuencia , explicó.

Estimó que una reforma tan radical al Código de Procedimiento Penal, como la que pretende el proyecto, dejaría a la justicia sin instrumentos para castigar a funcionarios públicos o a particulares acusados de enriquecimiento ilícito.

Recordó que hay delitos que, como el peculado, muchas veces no dejan huella y por ende la manera de probarlos es asociándolos con el enriquecimiento ilícito.

Para respaldar sus observaciones, citó cifras según las cuales entre 1989 y 1994 fueron abiertas 626 investigaciones contra funcionarios públicos y en 214 ya fueron formulados cargos, con fundamento en el desbordado incremento patrimonial afectados.

Este incremento, en aquellos casos concreto, ascendió a 12.884 millones de pesos.

El proyecto propone que todos los bienes decomisados sean administrados por la Fiscalía.

Según el ministro, una disposición de esa naturaleza sería de alta inconveniencia y equivaldría a dejar sin funciones a la Dirección Nacional de Estupefacientes.

Precisó que si deja esa función en cabeza de la Fiscalía, éste organismo tendría que administrar 6.500 bienes entre vehículos, aeronaves, Inmuebles y lanchas.

Cómo haría la Fiscalía para manejar todo esto si tiene pendiente el estudio y análisis de 500.000 procesos? , se preguntó.

El proyecto propone además que a partir del 30 de diciembre de 1995 desaparezca la figura de los jueces sin rostro y que éstos sean remplazados por jueces ordinarios.

El ministro advirtió que esa norma tendría unos efectos críticos y graves .

Explicó que entre sus efectos negativos estarían la reducción de las penas para los casos de sedición y terrorismo.

Esto crearía una cuarta conmoción Interior anunciada , recalcó.\ Martínez recordó que el Gobierno debe presentar un informe el próximo año sobre la forma como se ha desarrollado la justicia regional (jueces sin rostro).

Anunció que ya existe un primer estudio del Consejo Superior de la Judicatura que muestra los beneficios que ha arrojado la tarea de jueces sin rostro, en Lo que se refiere a sentencias anticipados y a la colaboración con la justicia..

La posición del Fiscal El Fiscal General, Alfonso Valdivieso de la Nacional lamentó que no se hubiera adelantado un debate con el juicio necesario .

Dijo que iniciativas como esta refleja que hay temas que se evacúan de manera extraña .

Señaló que la iniciativa, tal como está concebida, beneficia abiertamente a quienes delinquen a través de poderosas organizaciones criminales.

Agregó que el tema del enriquecimiento ilícito no tiene solo connotaciones jurídicas, sino de inconveniencia para una sociedad tan golpeada como la colombiana.

Reportó que ha habido firmes avances en las investigaciones sobre narcotráfico y enriquecimiento ilícito y que no tendría justificación alguna frenarlas.

Reveló que incluso hay procesos abiertos contra algunos fiscales acusados de lenidad frente a estos delitos.

Al foro realizado ayer asistieron también el presidente de la Sala Penal de la Corte Suprema, Edgar Saavedra, catedráticos del derecho y abogados litigantes.

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