EL PROTOCOLO II: ANTECEDENTES Y ALCANCES

EL PROTOCOLO II: ANTECEDENTES Y ALCANCES

Conviene hacer aclaraciones y precisiones sobre el Protocolo II de Ginebra, teniendo en cuenta no sólo su importancia intrínseca, sino la gravedad de la situación de orden público, y sus presuntas consecuencias, principalmente en ésta, y subsidiariamente en la imagen de Colombia en el exterior. Es cierto que sólo al Estado corresponde garantizar la vigencia del derecho, incluso en medio de la guerra, pero los alzados en armas también quedan ceñidos a las prohibiciones del Protocolo II. No decirlo expresamente equivale a enviar un mensaje ambiguo, que podría envalentonar a los subversivos en sus exigencias y demandas para pactar la paz. Si fuera así, en lugar de servir para instrumentarla, el Protocolo II se convertiría en arma propagandística contra el país. O algo peor: para prolongar el conflicto, so pretexto de una regularización unilateral, entendida exclusivamente como un freno al Estado. Cuando en verdad se trata de un intento por limitar los medios y los métodos de todos lo

20 de octubre 1994 , 12:00 a. m.

El Protocolo II que va a ser aprobado por el Congreso es un recurso final, inventado para que rija algún tipo de convención limitante en un tipo de conflicto armado llamado, precisamente, no convencional . En la Conferencia Diplomática que aprobó los Protocolos I y II en Ginebra, se sentaron por primera vez, en los anales del derecho internacional, voceros de los movimientos de liberación nacional afroasiáticos, al lado de los Estados. Estos impulsaron la inclusión de las guerras de liberación nacional en el Protocolo I como conflicto internacional . Lo que no imaginaron nunca fue lo que pasó más tarde: la guerra de guerrillas dejó de ser monopolio de la izquierda revolucionaria, como se encargaron de probarlo entre otros Savimbi en Angola o el Frelimo en Mozambique. Ningún Estado revolucionario está a salvo de guerras irregulares como entonces pensaban. Muchos latinoamericanos dejamos previsiva constancia sobre sus particularidades de aplicación sólo en la descolonización afroasiática. Cuba, a su vez, no ha ratificado el Protocolo II. México tampoco, y afronta guerrillas y narcoviolencia.

El ex presidente López Michelsen ha recordado en EL TIEMPO, que yo, como delegado de Colombia presenté una enmienda según la cual corresponde al Estado, en ejercicio de la soberanía, calificar si se reúnen las condiciones del artículo 1o. del Protocolo para que se considere un conflicto sin carácter internacional y no simplemente como conmoción interior, lo cual excluye la automaticidad de la aplicación del Protocolo II.

La enmienda fue retirada pero como él lo expresa, esta posición, según la cual es el Estado el que autocalifica el carácter de la insurrección en su territorio, se ha ido consolidando en la práctica . Por instrucciones del Gobierno (en 1977) que estaba justamente preocupado por ciertos alcances del proyecto de Protocolo (restringidos después por Pakistán en nombre de muchos países en desarrollo), Colombia procuró definiciones expresas, precauciones. Como presidente de la Comisión de Armas Convencionales tenía cierto influjo, y me apoyaron la mayoría de los países del Tercer Mundo , escenario natural del Protocolo II. El señor Graber, presidente de la Conferencia y miembro del Consejo Federal de Suiza (garante de los Protocolos), nos convocó a una reunión para asegurarnos que esa era la interpretación correcta, pero que estando por finalizar la Conferencia, su presentación la pondría en peligro al abrir una cascada de enmiendas.

Bajo esa consideración la retiramos. Logramos un frágil equilibrio en el conjunto del texto. Nuestra interpretación es la que prevalece y el Comité Internacional de la Cruz Roja nunca la ha objetado. Obtuvimos el objetivo buscado. El Gobierno de Colombia no autorizó firmar los Protocolos, y desde entonces subsisten reservas, dudas legítimas, interpretaciones diversas como es natural además en tema como este. Vale la pena dilucidarlas sin prevención, en busca de coincidencias que nos acerquen a la paz. Sin olvidar que el derecho humanitario, o de la guerra, incluye protecciones a las víctimas, restricciones a los combatientes y prohibiciones absolutas como la del terrorismo. Pero no favorece el derrumbe de la legalidad ni desconoce la facultad del Estado de mantenerla o recuperarla plenamente.

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