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LA FALTA DE PRUEBAS NO ES INOCENCIA

LA FALTA DE PRUEBAS NO ES INOCENCIA

Aún cuando no se ha establecido la capacidad de oferta de estupefacientes del Cartel de Cali en el mercado internacional, para el Fiscal General de la Nación, Alfonso Valdivieso, se trata de una de las organizaciones criminales más perversas que existen. Creo que cuando se utiliza el delito para subsistir como empresa criminal y cuando el producto de su ilícito se lleva a niveles que han derrumbado y corrompido nuestra sociedad, no se puede hablar más que de una típica perversidad , dijo Valdivieso ayer en Cali, al referirse al poder corruptor del narcotráfico.

El Fiscal General instaló en esa ciudad el seminario Justicia: diagnóstico y soluciones , organizado por el Colegio de Abogados Penalistas del Valle.

Valdivieso consideró que es tal el poder de perversidad del Cartel de Cali que no deja huella de su delito, ni su crimen. Se quisiera tener pruebas, pero parte de la estructura de las organizaciones criminales es no dejar huella de sus designios criminales. Me sorprende que la falta de elementos probatorios sea considerado como presunción de inocencia. Por el contrario, es la demostración más clara que se trata de una criminalidad sofisticada .

Valdivieso dijo que hasta ahora no ha tenido contacto con abogados para la entrega de los miembros del Cartel de Cali y que confía en que las personas que estén al margen de la justicia aprovechen los mecanismos que contempla la ley para el sometimiento de los narcotraficantes.

La delincuencia ha sido más hábil que las instituciones, nos ganaron terreno, nos demoramos en actuar. Recuperar nuestros valores nos va a costar mucho tiempo pero lo vamos a lograr , anotó.

Valdivieso señaló que el delito ha avanzado más que el propio sistema judicial del país, por lo que anunció la especialización de los fiscales para combatir las diferentes formas delincuenciales.

Seis nuevas unidades Sobre el particular, el vicefiscal general, Adolfo Salamanca precisó que la reestructuración de la Fiscalía arrancará en Bogotá con la creación de seis unidades de descentralizadas y de reacción inmediata en Suba, Kennedy, Engativa, Centro, Chapinero y otra por definir.

Instituciones que contarán con elementos técnicos y suficientes miembros del Cuerpo Técnico de Investigación para un trabajo eficaz. La experiencia se extenderá posteriormente a otras ciudades.

También, en colaboración con la empresa privada, organismos no gubernamentales y entidades del Estado, se crearán unidades especializadas para combatir delitos como el lavado de dinero, secuestro, piratería y contrabando.

El vicefiscal dijo que se busca mayor capacitación y profesionalismo de los fiscales para que puedan responder en forma más eficiente contra el delito.

La idea es que tengan un mayor grado de compromiso y responsabilidad en su misión.

En ese frente, se harán convenios con la banca, la industria, la Contraloría, la Procuraduría y otras entidades públicas y privadas que se encargarán de la capacitación y asesoría de los fiscales.

Entre las especializaciones, aparece la creación de unidades para conocer delitos electorales, contra los derechos humanos y otras situaciones que implican un mayor conocimiento en esos frentes.

En su nuevo esquema, la Fiscalía abolirá las Unidades de Previas y replanteará las secretarías comunes, que en el momento tienen funciones administrativas. También se establecerá mayor control sobre las nuevas unidades.

En el anunciado revolcón a las fiscalías, se exigirá un mejor trato con la ciudadanía y los abogados.

Los cambios implican la desaparición de las unidades de tránsito, consideradas por el vicefiscal como un foco de corrupción.

Los delitos de corrupción, dice el vicefiscal- que impliquen lesiones pasarán al manejo de fiscales especializados. También las reformas se refieren a la expedición de boletines informativos periódicos por parte de la Fiscalía General.

Comienza revisión de contratos La comisión interinstitucional que evaluará si hubo o no irregularidades en 26 contratos suscritos por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Inpec, comenzó ayer a realizar el estudio de los mismos.

De la misma forman parte dos fiscales, dos agentes de la Procuraduría General de la Nación y dos representantes de la Contraloría General de la República.

El propósito es tener en un mes un informe completo de la situación que registran hoy esos contratos.

El ministro de Justicia, Néstor Humberto Martínez Neira, denunció la semana pasada posibles irregularidades en la ejecución de algunos contratos suscritos por el Inpec al amparo en una declaratoria de urgencia inmediata.

Se denunció además que incluso un contratante no había iniciado la respectiva obra y tampoco aparecían 70 millones de pesos que se le habían entregado.

Los contratos estipulan obras de mantenimiento, adecuación, cambio de tubería, remodelación y construcción y, en total, su costo ascendía a los 7.000 millones de pesos.

En un mes se hará una evaluación del trabajo de la comisión.

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