SE MANTIENEN LAS RESTRICCIONES A CONSTRUCCIONES EN SAN ANDRÉS

SE MANTIENEN LAS RESTRICCIONES A CONSTRUCCIONES EN SAN ANDRÉS

La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia confirmó ayer la tutela que le ordenó al gobierno departamental de San Andrés prohibir el otorgamiento de nuevas licencias de construcción en la isla. La corporación determinó que hasta tanto el gobierno departamental no solucione los problemas de servicios públicos domiciliarios, concretamente los de acueducto y alcantarillado, las licencias para la construcción de hoteles, industrias y locales comerciales deben limitarse al máximo para evitar que este problema se complique más.

21 de octubre 1994 , 12:00 a. m.

Así mismo, la Corte Suprema dijo que es necesario desarrollar programas que protejan el medio ambiente y eviten la contaminación de las aguas.

La sentencia, que se conocerá oficialmente hoy, establece que es necesario que las autoridades administrativas de la isla fijen términos para la solución del problema de los servicios públicos.

La Corte, según explicó un magistrado, comprende que la paralización por un termino indefinido de las obras de construcción también causa un problema grave para el turismo y el progreso de esa zona del país; pero a la vez, es urgente preservar la salud, el medio ambiente y el derecho de todos los habitantes de la isla a acceder a óptimos servicios básicos.

Por esa razón, en la sentencia, la Corte Suprema establecerá unas condiciones para que las autoridades se comprometan y entreguen resultados, que se deberán reflejar en la mejora y ampliación de la cobertura de los servicios públicos domiciliarios.

La situación de estos servicios en San Andrés es tan grave que, según datos oficiales, el servicio de acueducto solo cubre el 30 por ciento de la demanda, y el alcantarillado, que está concentrado en un sector del área urbana, un seis por ciento.

La tutela también busca que el Gobierno departamental asuma todas las medidas indispensables para frenar los problemas de contaminación ambiental que tiene la isla y conservar los recursos naturales.

La Corte confirmó así un fallo de tutela proferido a comienzos de septiembre por el Tribunal Superior de Cartagena.

El recurso fue interpuesto en esa corporación judicial por la Defensoría del Pueblo.

El fallo de tutela, también, ordenó la revisión de todas y cada una de las licencias de construcción y urbanización otorgadas en los últimos 1O años.

Dicha revisión, según la corporación, tiene como objeto evaluar si estas se entregaron dentro de los parámetros trazados por el Plan de Ordenamiento Territorial (POT).

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