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LAS EMPRESAS INMOBILIARIAS PROPONEN Y EL GOBIERNO...

LAS EMPRESAS INMOBILIARIAS PROPONEN Y EL GOBIERNO...

Estabilidad jurídica y continuidad en las políticas tributarias, son las primeras propuestas del sector inmobiliario que, de esa manera empezó a coquetear con el gobierno nacional... Algunos constructores ven con cierta expectativa el comienzo de la relación, otros son más optimistas y creen que ese noviazgo terminará en matrimonio...

Según el informe que presentó la Federación Colombiana de Lonjas y Asociaciones Inmobiliarias, Fedelonjas, en su último congreso, la continuidad es el medio para seguir el rumbo trazado por los dos últimos gobiernos.

La idea es hacer énfasis en ese aspecto para evitar la evasión tributaria. En caso contrario, los contribuyentes tendrían la idea de que la Administración no les juega limpio.

Es así como Fedelonjas considera que no cabe replantearse, por ejemplo, la posibilidad de revivir el impuesto de patrimonio que a nivel nacional constituyó un factor de preocupación para los propietarios. Esa situación deterioró el recaudo del impuesto predial municipal.

Otro aspecto importante es la estabilidad jurídica que exige, del legislador, la precisión en la definición de los hechos gravados y la cuantificación de los tributos.

Es un mecanismo que permitirá llenar vacíos y modificar el alcance de las disposiciones legales del Gobierno Nacional, por vía reglamentaria y de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, (DIAN), por vía interpretativa.

Los objetivos Según el estudio de Fedelonjas, su propósito no es invitar a las autoridades gubernamentales y legislativas a crear diferentes estímulos tributarios que a la larga beneficiarían a quienes menos lo requieren, sino hacer sugerencias y allanar las diferencias para crear un marco de tributación justo que reduzca la evasión fiscal.

Y es que es necesario que la legislación tributaria evolucione respecto a las nuevas formas de comercialización de la finca raiz como la titularización, que encuentra grandes vacíos en las normas fiscales vigentes y que requiere de mayor claridad para su operatividad.

También es importante tener en cuenta, primero que los tributos y las medidas que gravan la propiedad raíz no tienen un peso significativo con relación al total de los ingresos fiscales del Gobierno Central; segundo, que la evasión disminuyó de un 46 por ciento en 1986 a un 30 por ciento en 1993 y tercero, que se prevé un progresivo descenso producto de la efectividad de algunos impuestos como el IVA y de la reducción del número de declarantes.

Por todo lo anterior, la adecuación del regimen tributario, que afecta a la propiedad inmueble, exige eliminar algunos tributos, disminuir tarifas en otros y regular, en el impuesto a la renta, las nuevas formas de comercialización en finca raiz. De ahí nacen las propuestas de la entidad al nuevo gobierno.

Alternativas La agenda tributaria del Gobierno de Ernesto Samper debe tener en cuenta algunas tareas doctrinarias y legislativas entre las que se destacan: la revisión de los conceptos emitidos por la DIAN respecto al impuesto de timbre en las promesas de compraventa y el beneficio en el impuesto de renta del autoavalúo predial de la Ley 44 de 1990.

Los dos conceptos, además de desdibujar el verdadero alcance de la Reforma Tributaria, recortaron los beneficios de las personas que están en el sector formal de la economía, ya que para las demás queda justificada la conveniencia de continuar con la subescrituración.

Otra de las propuestas del estudio insiste en modificar los topes tarifarios del impuesto predial unificado. Así, el autoavalúo será progresivo, con criterios claros y equitativos para el desarrollo de la ciudad.

Otro punto importante es que, sin descuidar el financiamiento de las entidades departamentales, hay que estudiar la posibilidad de eliminar el impuesto de registro y anotación, ya que además de su bajo recaudo tiene un elevado costo administrativo. Igual ocurre con el impuesto de timbre donde las deficiencias de su estructura se presta a toda clase de inequidades, dobles tributaciones y responsabilidades colaterales.

Además de lo anterior, es indispensable reducir las tarifas que en el pasado aumentaron con el argumento de que los avalúos catastrales eran bajos.

Teniendo en cuenta la idea de suprimir la tributación nacional alrededor de la enajenación de los bienes inmuebles a través de figuras como el autoavalúo predial, es conveniente eliminar también la retención en la fuente del 1 por ciento que por impuesto a la renta practica el notario o el agente comprador.

Pero aún hay más propuestas. Para ajustar la tributación a la capacidad real contributiva de los propietarios del sistema de renta presuntiva, deben excluirse los valores patrimoniales de vivienda propia del contribuyente, los bienes raices sujetos a prohibiciones de urbanización, los bienes destinados a la conservación de sitios históricos y los bienes destinados a la preservación de los recursos naturales.

Finalmente, para que el mercado inmobiliario formal se profesionalice, es necesario excluir del Impuesto de Valor Agregado IVA, a través de una norma legal, los servicios de administración, el corretaje y el avalúo de los bienes inmuebles.

Así, Fedelonjas espera que los coqueteos con el gobierno surtan los efectos deseados y que los principales beneficiados con esa unión sean todos los representantes del sector inmobiliario.

(Recuadro MAC)

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