COLOMBIA INTERVENIDA

COLOMBIA INTERVENIDA

Es abrumadora la cantidad de escritos recientes en Estados Unidos acerca de las nuevas formas y prácticas de intervención. Junto a un amplio conjunto de textos individuales y volúmenes colectivos, sobresale un importante número de artículos en journals especializados que discuten lo que en EE.UU. se conoce como intervención justificada -justified intervention-. Esto es, el reemplazo del principio de no intervención en los asuntos internos de otro Estado por el de intervención calificada en los aspectos domésticos de un Estado. Ello, a su vez, incide sobre los debates en torno a los alcances de la soberanía, los intereses vitales y la seguridad nacional. Aun a pesar de la dificultad de lograr y garantizar consensos automáticos y fáciles en Estados Unidos la diplomacia de los noventa estará permeada por el intervencionismo internacional.

23 de octubre 1994 , 12:00 a. m.

Así, el temario político de la actual agenda mundial -por ejemplo, derechos humanos, migraciones, medio ambiente- se analiza y debate a la luz de nociones como coerción multinacional, permisividad extraterritorial, autodefensa anticipatoria; lo cual hace parte de una sonora retórica neointervencionista.

La literatura -y la praxis simultánea- sobre esta cuestión se multiplicó bajo el signo de lo humanitario . Las acciones de Estados Unidos en Somalia (con el apoyo de la ONU) y en Haití (con la ausencia de la OEA), así como la pasividad de Washington frente a Bosnia (con el beneplácito de la Unión Europea) y Ruanda (con el desinterés de las naciones más industrializadas del Norte) son los cuatro ejemplos que mejor resumen los disensos y las contradicciones que orientan el humanitarismo posguerra fría.

Sin embargo, el terreno de los planteamientos intervencionistas no se ha limitado a los derechos humanos irrespetados, a la violencia étnica masiva, a las migraciones incontroladas o a la hambruna social extendida. Las drogas son un referente crucial al momento de los diagnósticos y las propuestas de un renovado intervencionismo mundial.

A la caza del flagelo En EE.UU., un grupo de trabajos rigurosos aparecidos en revistas prestigiosas apunta en ese sentido. La naturaleza global del fenómeno estimuló la polémica. El concepto de extraterritorialidad en el combate antidrogas la alimentó. El rapto de narcotraficantes en el exterior por parte de autoridades estadounidenses, aplicando la doctrina Ker-Frisbie sobre secuestro, aportó a la controversia. Así mismo, las acciones militares, las medidas punitivas especiales y las operaciones relámpago hipotéticas fueron examinadas.

De una larga lista de excelentes notas en publicaciones jurídicas, quiero destacar dos: A Proposal for Direct Use of the United States Military in Drug Enforcement Operations Abroad , por Lowell Adams Krieg en Texas International Law Journal, 1988 y Noncosensual U.S. Military Action against the Colombian Drug Lords under the U.N. Charter , por James R. Edmunds en Washington University Law Quarterly, 1990.

El contenido de esos artículos resulta interesante en la presente coyuntura por varios motivos. Primero, la solidez argumentativa y la aguda lógica desplegadas constituyen elementos que ayudan a entender la justificación del uso de la fuerza; racionalidad tentadora para una superpotencia que no logra consenso en el manejo de una intrincada cuestión multifacética y que pretende resolverla mediante el instrumento militar.

Segundo, el momento político lo sugiere: se han incrementado (otra vez) los roces entre Estados Unidos y Colombia, mientras en Washington se prepara para diciembre una doble evaluación general (anual y del gobierno del presidente Ernesto Samper) de los lazos con Colombia, en especial en el área de las drogas.

Tercero, los recientes modelos de intervención son cada vez más pensados por civiles y son estos los que en muchas ocasiones empujan a las fuerzas armadas a incursiones bélicas, más allá del cauto juicio castrense renuente a combates irregulares sin objetivos claros. Y cuarto, al ser más notorio que asuntos como el de los narcóticos son menos abordables en términos de autonomías absolutas, la internacionalización de su tratamiento cobra mayor espacio, así como las tesis intervencionistas no rebatidas con suficiente anticipación y respaldo.

Cuál es, entonces, el núcleo explicativo de esos escritos que resultan hoy tan excitantes para ciertos segmentos burocráticos estadounidenses encargados de la política internacional antinarcóticos y obnubilados por un fundamentalismo prohibicionista? El razonamiento es sencillo e impecable.

Malos perdedores Washington está perdiendo la guerra contra las drogas . Los traficantes extranjeros tienen más poder de fuego y capacidad recursiva que las agencias oficiales antinarcóticos en EE.UU. En Colombia se ubican las narcoorganizaciones criminales más temibles y desafiantes. El emporio ilícito de las drogas se constituye en una amenaza verdadera a la soberanía y atenta contra los intereses vitales de Estados Unidos. Washington debe actuar con fuerza y vigor para preservar la seguridad nacional del país. A partir de ese marco referencial surgen dos opciones.

Alternativa uno: hacer uso de la Enmienda de 1981 a la Ley de Posse Comitatus de 1878 que en su sección 374 (c) permite el despliegue militar de EE.UU. en el exterior en circunstancias de emergencia cuando exista una amenaza seria a los intereses de Estados Unidos . En tanto países como Colombia ya no pueden reclamar control soberano sobre su territorio debido a la evolución del negocio de las drogas, Washington puede enviar tropas al país sin un acuerdo formal, pues Estados Unidos no estaría violando una soberanía que Colombia ya no posee . Esta decisión, obviamente, sería necesaria a manera de último recurso... por ejemplo, si la cooperación entre los gobiernos de EE.UU. y Colombia se derrumba .

Alternativa dos: una operación militar semejante a la realizada en Bolivia en 1986, aunque de mucho mayor envergadura. La Operation Blast Furnace II, en Colombia, se efectuaría utilizando el artículo 51 de la Carta de Naciones Unidas; es decir, invocando el derecho a la autodefensa. No importa que el Estado colombiano rechace el narcotráfico y lo combata. La agresión antiestadounidense puede provenir de un actor no estatal, de individuos -como los narcotraficantes-, y es legítimo responder a esa conducta agresiva, interviniendo defensivamente en el territorio de otro Estado. Ello se justificaría tanto en la eventualidad de que algunos funcionarios colombianos apoyaran el envío de drogas ilícitas a EE.UU. desobedeciendo una política gubernamental (de Colombia) contra dicho tráfico , como en el caso de que la política oficial colombiana, en forma abierta o encubierta, respaldara ese tráfico .

Los anteriores escenarios no son ejercicios de narco-ficción ni productos de la imaginación de Tom Clancy y la industria cinematográfica de Hollywood. Funcionarios, políticos y especialistas discuten con más frecuencia y profundidad una vasta gama de medidas para neutralizar el fenómeno del narcotráfico más allá de la frontera de EE.UU. Por ello, creo que la idea que expresé en EL TIEMPO en marzo pasado sigue vigente: La convocatoria a una Comisión Binacional Colombo-estadounidense sobre Drogas que evalúe el estado actual de los lazos entre Washington y Bogotá en este campo y que presente a la brevedad una serie de recomendaciones concretas de corto y largo plazos en esta materia. Los problemas entre Estados Unidos y Colombia no tienen que ver con las personas sino con las estructuras que definen los vínculos entre ambos países.

Tres conceptos subyacen a esta propuesta. En primer lugar, Washington debe aceptar la noción de simetría: Bogotá es una contraparte autorizada, por los esfuerzos realizados y las cargas asumidas en el combate antinarcóticos, para un manejo realista y colaborativo de este problema. En segundo lugar, ni Estados Unidos ni Colombia podrán avanzar mucho en este frente partiendo de criterios autárquicos y estatalistas: con menos nacionalismo y con más sociedad, el dilema de las drogas podría afrontarse mejor, de modo más gradual y de manera menos tensa.

En tercer lugar, Washington y Bogotá deben plantear con sinceridad su voluntad real a favor de la concertación. De lo contrario, el discurso estéril (colombiano) y el unilateralismo torpe (estadounidense) volverán a imponerse. Quizás, con esa Comisión pueda evitarse la generación de mayores conflictos y nuevas heridas en las relaciones bilaterales. Conflictos y heridas que podrían desembocar en una crisis de graves proporciones en el futuro próximo.

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