BURLAS A LEY DE INHABILIDADES

BURLAS A LEY DE INHABILIDADES

Un alcalde en ejercicio seguramente será elegido concejal el próximo domingo. Un candidato que acaba de ser destituido del cargo de alcalde y que está inhabilitado para ejercer funciones públicas durante cinco años, también podría convertirse en gobernador.

23 de octubre 1994 , 12:00 a. m.

Excepto los electores, nadie lo podría impedir. Ni la Registraduría, ni la Procuraduría y ni siquiera la ley sobre el régimen de inhabilidades, convertida en sus casos en rey de burlas.

Jesús Arcesio Botero Botero, actual alcalde de El Peñol (Antioquia), encabeza lista para el concejo municipal.

Botero se inscribió ante la delegación de la Registraduría el 26 de agosto, cuatro días antes de que se cerrara el registro de candidatos.

El delegado, que lo conocía como alcalde, no podía negarse a inscribirlo porque no existe ninguna norma que se lo permita.

Como lo disponen los ritos de la inscripción, Botero juró que no estaba inhabilitado para ser concejal.

La Ley 36 de 1993, conocida como régimen municipal, dice otra cosa. En su artículo 43 deja en claro que quienes hayan ejercido autoridad administrativa o jurisdiccional dentro de los seis meses anteriores a los comicios, no pueden aspirar a cargos de elección.

Juicio fiscal Botero se encuentra suspendido de sus funciones por solicitud de la Contraloría, que adelantó en su contra un juicio fiscal por presunta destinación indebida de recursos públicos.

Y él mismo hace una lectura particular de su situación: dice que como está suspendido no es alcalde y que, en consecuencia, puede aspirar tranquilamente al concejo.

Consultados sobre el caso, expertos en derecho público aseguraron que esa interpretación carece de sentido porque la suspensión en ningún caso es equivalente a la destitución.

Emiro Sossa Pacheco, candidato a la gobernación del Casanare, fue sancionado con destitución del cargo de alcalde de Yopal por irregularidades administrativas.

Su caso fue fallado en dos instancias por la Procuraduría.

Cuando el Ministerio Público le pidió al gobernador del Casanare, Oscar Leonidas Wilches hacer efectiva la sanción, Sossa recusó al mandatario departamental.

Lo hizo con el argumento de que éste ha sido habitualmente su enemigo político y que, por tanto, no sería imparcial a la hora de decidir.

Wilches aceptó la recusación y se declaró impedido.

Así las cosas, el Ministerio de Gobierno designó un gobernador Ad Hoc para ejecutar la sanción.

Sossa interpuso un recurso de reposición, que no prosperó porque la ley reconoce plena autonomía a la Procuraduría para imponer sanciones administrativas que no pueden ser modificadas por ninguna otra autoridad.

El aspirante a la gobernación del Casanare fue notificado hace dos semanas de la destitución.

En el decreto en el que se dispuso la destitución, la gobernadora Ad Hoc determinó también, de acuerdo con las normas, una sanción accesoria que inhabilita a Sossa para ejercer cargos públicos durante los próximos cinco años.

Aunque el sentido común indicaría que si Sossa es elegido el próximo domingo no podría ejercer válidamente el cargo de gobernador, el candidato ha dicho que seguirá adelante en su propósito.

Hoy figura en la lista de personas contra las que la Dirección Liberal Nacional ha elevado pedidos de expulsión del partido.

No hay cómo prevenir La organización electoral y el Ministerio Público aclaran que no existen instrumentos legales para evitar que un candidato inhabilitado pueda participar en la elección, y más grave aún, ser elegido.

El año pasado el Congreso consideró tangencialmente la posibilidad de aprobar una norma que le permitiera a la Registraduría establecer controles previos y filtros para las inscripciones.

Sin embargo, el Estatuto Electoral, en el que estaba insertada la propuesta, naufragó y con él la esperanza de encontrar un instrumento preventivo capaz de evitar burlas a la ley de inhabilidades.

Los únicos controles posibles proceden a posteriori. Cuando un candidato que esté en esas condiciones sea favorecido en las urnas, cualquier ciudadano puede acudir ante el Tribunal Administrativo de su respectivo departamento para demandar la nulidad de la elección.

La Procuraduría también puede hacerlo de oficio.

Lo único malo es que el proceso puede durar meses porque debe llegar hasta la instancia del Consejo de Estado y mientras no sea fallado, el gobernador, el alcalde o el concejal elegido tramposamente puede ejercer tranquilamente el cargo.

En el caso los concejales, la ley 136 ofrece la posibilidad de iniciar contra ellos acciones de pérdida de investidura.

Una de las causales es precisamente la violación del régimen de inhabilidades.

Castigos penales De cualquier forma, quienes se hicieron elegir en contravía de la ley pueden terminar en la cárcel.

Si bien no prosperó la norma que hubiera permitido a la Registraduría evitar la inscripción de inhabilitados, la ley electoral dispuso que se entiende que en el momento de su registro el candidato está jurando que no está inhabilitado.

Esto quiere decir que si mintió, puede ser encausado penalmente.

También existen otros vacíos legales. Por ejemplo, actualmente no hay un régimen de inhabilidades para gobernadores y de ahí que proliferen, por ejemplo, los casos del llamado nepotismo electoral .

La Constitución dijo que la ley señalaría las inhabilidades para el ejercicio del cargo de mandatario departamental, pero ésta no lo ha hecho.

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