CONDENAN POR DESAPARECIDOS

CONDENAN POR DESAPARECIDOS

El Consejo de Estado determinó ayer que la Nación -exclusivamente a través del Ministerio de Defensa- debe indemnizar a los familiares de quienes desaparecieron en la toma del Palacio de Justicia, perpetrada por el M-19 en el Palacio de Justicia en noviembre de 1985. La corporación consideró que el Estado, en esa ocasión, incurrió en una serie de irregularidades ilegítimas y erráticas .

14 de octubre 1994 , 12:00 a. m.

No sólo, dijo, en el operativo de recuperación de la edificación, en el levantamiento de los cadáveres sino en el manejo de los retenidos.

Esta anárquica situación se agrava aún más -dijo- si se analiza la forma como se manejó la situación de las personas retenidas por las Fuerzas Militares y la Policía, lo cual se hizo sin ninguna organización .

No tuvo en cuenta el Estado, agregó, ni las más elementales normas de investigación penal. Por ello, debe resarcir económicamente los perjuicios morales de los afectados.

Así lo dijo al condenar a la Nación al pago de más de 3 mil gramos oro a los familiares de Cristina del Pilar Guarín y Bernardo Beltrán Hernández, empleados en ese entonces de la cafetería de Palacio y cuyos cadáveres no fueron encontrados.

El pronunciamiento, sobre ponencia del magistrado Daniel Suárez Hernández, se produjo al confirmar un fallo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

En criterio de los consejeros, el diligenciamiento de los cadáveres, con más sabor castrense que jurisdiccional, fue adelantado con absoluto desconocimiento de las más elementales normas penales... A la postre, se le impidió a los dolientes la disposición sobre los cuerpos de las víctimas .

A juicio de los consejeros, las diligencias de levantamiento de cadáveres tras la toma del Palacio de Justicia fueron irregulares e impidieron, en últimas, arribar a conclusiones precisas en torno a la forma como murieron muchas de las víctimas.

Citó, incluso, una decisión del Juez 78 Penal Militar que ordenó en ese entonces sepultar a 25 cadáveres, entre los cuales 17 no se habían podido identificar.

Acerca del manejo de las personas retenidas, los consejeros advirtieron que no hubo organización.

Las personas retenidas tomaron rumbos diferentes: unas quedaron en libertad, otras fueron llevadas a instituciones y brigadas militares y de policía y otras a la Alcaldía, creando enorme confusión porque no se levantaron actas de los desplazamientos , expresó.

Según la doctrina del Consejo, el Estado incurrió en evidentes fallas en el servicio que, en primer lugar, permitieron la ocupación de la edificación por parte de la subversión y, en segundo término, originaron errores en el operativo de recuperación de la casa de la justicia.

Por esa razón, se produjo la primera condena a la Nación en favor de los familiares del magistrado Carlos Medellín y del conductor de la consejera de Estado Clara Forero de Castro, quienes perecieron en la cruenta incursión guerrillera.

El primer fallo comprometió al Ministerio de Defensa Nacional, que deberá pagar más de 335 millones de pesos.

Como resultado de la maniobra del M-19 murieron once magistrados de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado y cerca de un centenar de personas que se encontraban en el edificio situado en la Plaza de Bolívar, frente al Capitolio Nacional.

Llegaste al límite de contenidos del mes

Disfruta al máximo el contenido de EL TIEMPO DIGITAL de forma ilimitada. ¡Suscríbete ya!

Si ya eres suscriptor del impreso

actívate

* COP $900 / mes durante los dos primeros meses

Sabemos que te gusta estar siempre informado.

Crea una cuenta y podrás disfrutar de:

  • Acceso a boletines con las mejores noticias de actualidad.
  • Comentar las noticias que te interesan.
  • Guardar tus artículos favoritos.

Crea una cuenta y podrás disfrutar nuestro contenido desde cualquier dispositivo.