REHABILITARÁN 100.000 FAMILIAS CAMPESINAS

REHABILITARÁN 100.000 FAMILIAS CAMPESINAS

El Gobierno lanzó ayer el Programa Nacional de Desarrollo Alternativo (PDA) que con una inversión de 300 millones de dólares beneficiará a 100 mil familias y permitirá sustituir entre 25.000 y 30.000 hectáreas de cultivos ilícitos. Es la primera vez que la administración central incluye en planes de desarrollo la problemática que se registra en áreas donde proliferan cultivos de amapola, marihuana y coca.

13 de octubre 1994 , 12:00 a. m.

La mitad de los recursos a invertir en el PDA provendrán del presupuesto nacional y el resto, 150 millones de dólares, de recursos externos para cuya consecución Colombia lanzará una ofensiva al más alto nivel para comprometer a la comunidad internacional en la cofinanciación de las acciones.

Los recursos que invertirá el país provendrán de contrapartidas constituidas por recursos del Sistema Nacional de Cofinanciación, así como por los aportes de las entidades territoriales y las comunidades involucradas.

Las estrategias de PDA están orientadas por la política de desarrollo rural campesino del Gobierno, está adscrito a la Consejería Presidencial para la Política Social y sus actividades serán coordinadas por el Plan Nacional de Rehabilitación (PNR).

El programa tiene como objetivos prevenir la expansión y reducir en forma progresiva y sistemática el área de cultivos ilícitos en las zonas de economía campesina e indígenas.

Pretende generar opciones productivas lícitas, rentables y ambientalmente viables para campesinos e indígenas, que permitan superar las condiciones que dieron lugar al establecimiento de dichos cultivos.

El PDA busca también fortalecer la capacidad institucional de los municipios para la planeación y gestión, así como la participación y organización de la comunidad.

Entre las acciones prioritarias para poner en marcha el PDA, el Consejo Nacional de Política Económica y Social (Conpes) aprobó la participación y organización comunitaria; el fortalecimiento institucional; la infraestructura productiva, vial y de transporte; el fomento productivo, sistema de créditos e incentivos; el desarrollo social en educación, salud y seguridad social; la protección, manejo y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales; y en comunicación social con el fin de propiciar un necesario cambio de actitud en la población frente a la problemática de la droga.

Teniendo en cuenta las características conflictivas de las zonas que atenderá y el objetivo estratégico de reducción de áreas de cultivos ilícitos que se propone, el PDA se propone como un programa a largo plazo, que requiere como mínimo un período de diez años para el logro y consolidación de sus objetivos.

El Programa Nacional de Desarrollo Alternativo se cumplirá en cada región en tres etapas: una fase de preparación, una de desarrollo y otra de consolidación.

El desarrollo alternativo como elemento integral de la estrategia para la superación del problema de la droga, hace parte de las políticas que el Consejo Nacional de Estupefacientes formula para su adopción por parte del Gobierno.

El PDA será adelantado en un esfuerzo conjunto de los ministerios de Justicia y Agricultura, el Departamento Nacional de Planeación, la Consejería Presidencial para la Política Social, la Dirección Nacional de Estupefacientes y el Plan Nacional de Rehabilitación.

En la actualidad en el país existen 212 municipios con áreas cultivadas con marihuana, coca y amapola, de las cuales dependen, según los cálculos oficiales, unas 300 mil familias campesinas.

El Gobierno, a través del Director Nacional de Estupefacientes, Gabriel de Vega Pinzón, advirtió que el Programa Nacional de Desarrollo Alternativo busca rehabilitar a campesinos e indígenas dedicados a pequeños cultivos.

La producción en gran escala será combatida con represión , precisó de Vega.\ Datos conocidos por EL TIEMPO dan cuenta de la existencia en el país de más de cien mil hectáreas de cultivos ilícitos.

El Programa Integral de Desarrollo Alternativo se adelantará conjuntamente con las autoridades locales y regionales, que son las que a través del PNR harán saber sus necesidades para que se determine la forma de financiación de los respectivos proyectos.

La experiencia acumulada de cerca de diez años de trabajo en planes de desarrollo alternativo en el país por parte de las Naciones Unidas, es uno de los soportes fundamentales para implementar el PDA.

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