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‘Carrobuses’, otros piratas en Medellín

‘Carrobuses’, otros piratas en Medellín

Son las 5 de la mañana y en La América, un barrio en el occidente de Medellín, la niebla matutina no acaba de despejarse cuando Jaime Orozco ya está en pie. Con una camisa a cuadros azules, un pantalón beige y zapatillas cafés, este hombre de 62 años, que antes se dedicaba a la confección, se alista para una jornada de trabajo: va de 6 de la mañana a 9 o 10 de la noche por las calles de la ciudad .

Montado en su Renault 18 azul modelo 84, Orozco inicia el recorrido. El primero de los lugares que visita es la plaza de mercado del barrio, donde la gente suele hacer sus compras para el diario temprano.

Allí, espera a que tres o cuatro parroquianos salgan con los paquetes para ofrecerles el servicio de transporte.

Él tiene ventajas. Una es que lo conocen, otra es que muchos viven en sectores aledaños, por lo que gasta menos gasolina y le rinden más los 1.000 pesos que cobra.

Luego se dirige a La Aguacatala, en el sur. Una zona industrial donde convergen la carrera 80 con la autopista Sur y uno de los lugares más concurridos.

Aunque es un servicio ilegal y él lo sabe, Orozco ofrece llevarlos hasta San Juan por los mismos 1.000 pesos que cuesta el bus Circular Sur 302, que cubre esa ruta. Los que quieren llegar más rápido y menos estrechos, se montan.

Según Orozco, casi nadie hace el recorrido entero, lo que le permite ganar más dinero. En un solo trayecto se pueden montar de 10 a 12 pasajeros de ida y vuelta. Son unos 24.000 pesos. Con ocho viajes que haga al día se cuadra 180.000 pesos, tres veces lo que se hacía como sastre.

Como Orozco, otras 32 personas se dedican al servicio informal de ‘carrobuses’, principalmente entre La Aguacatala y la plaza de La América.

Al igual que con los mototaxis, las autoridades tratan de controlar la proliferación de esos expresos, pero siempre hallan cómo hacerles el quite (vea Siguen rodando).

Quienes viven del negocio dicen que les permite mejorar sus ingresos. Pero eso sí, dice Orozco, “se necesitan agallas para sortear los retenes de los de tránsito”.

SIGUEN RODANDO .

Nelson Augusto Muñoz Gómez, subsecretario de Control de la Secretaría de Transportes y Transito, explicó que el servicio de transporte público prestado por particulares no está autorizado.

Quienes sean sorprendidos tienen una sanción de 30 salarios mínimos legales e inmovilización del vehículo durante cinco días, cuando es la primera vez.

La segunda es por 20 días y la tercera, por 40.

El funcionario agregó que a pesar de las sanciones y los operativos, tienen el registro de vehículos a los que han sido detenidos tres o más veces infringiendo la norma.

El problema no es nuevo. Esto obligó hace tres años a la Alcaldía legalizar 17 cooperativas que se dedicaban, tanto en carros como en camionetas, a prestar el mismo servicio.

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