EX GOBERNADOR PIERDE TUTELA

EX GOBERNADOR PIERDE TUTELA

El ex gobernador de Córdoba, Jorge Elías Manzur Jattin, -destituido por orden de la Procuraduría al recibir una mordida de 20 millones de pesos por parte de un empresario dedicado a la venta de apuestas permanentes- acaba de perder una batalla jurídica en los estrados de la justicia. A través de una tutela, Manzur intentó dejar sin efecto la petición de su remoción efectuada por el Ministerio Público. Ayer, sin embargo, el Tribunal Superior de Bogotá no admitió la solicitud.

15 de octubre 1994 , 12:00 a. m.

Según las investigaciones de la Procuraduría, Manzur había exigido a la empresa beneficiada con la adjudicación del contrato 70 millones de pesos, de los cuales el gobernador habría recibido, presuntamente, 20 millones.

En criterio del Tribunal, el Ministerio Público no incurrió en ninguna irregularidad frente al proceso disciplinario adelantado contra Manzur y, por lo tanto, no incurrió en la violación de su derecho al debido proceso.

Es más, según la Sala Civil, si Manzur desde un principio no hubiese estado de acuerdo con la manera como se tramitó su expediente debió haber alegado la nulidad, con miras a tratar de enmendar el supuesto error.

Los reclamos, en este sentido, jamás pueden dejarse para última hora , expresó la corporación.

En términos más simples, según el Tribunal, jamás el sagrado derecho de defensa (de Manzur) se quebró, como tampoco resultó violado el derecho al debido proceso .

Las pruebas que sirvieron para pedir la destitución de Manzur son legítimas, acotó.

El pronunciamiento lo hizo la corporación sobre ponencia del magistrado Ariel Salazar Ramírez.

Se trata del segundo caso en el cual, por la vía de tutela, un gobernador cuestionado disciplinariamente trata de dejar sin efectos las decisiones de la Procuraduría.

El primero lo constituyó el del gobernador de Arauca, Alfredo Colmenares Chía, cuya tutela prosperó en la Corte Suprema de Justicia.\ Manzur alegó que en su proceso se incurrió en una serie de irregularidades que van desde la ilegitimidad de las pruebas -casetes de llamadas telefónicas- hasta la falta de competencia del Presidente de la República para destituir a los jefes de las administraciones departamentales.

En este último caso, dijo Manzur, aún no existe una ley a través de la cual se le dé al Jefe de Estado expresa competencia para suspender o destituir gobernadores.

La Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá, sin embargo, no acogió sus argumentos y respaldó, por el contrario, la competencia de la Procuraduría y el Presidente de la República en procesos disciplinarios contra los funcionarios escogidos por elección popular.

Pensar lo contrario, dijo, sería dar patente de corso a los gobernadores para ejercer su investidura sin apego a la Constitución ni a la ley.

Incluso, explicó, para abusar de sus funciones en desmedro de sus gobernados o para cometer actos que se enmarcan dentro de los límites del Código Represivo sin que existiera potestad alguna que reprimiera esa conducta .

No es ni puede ser contrario a la Constitución una ley que consagra la represión de una conducta ilícita, como tampoco aquella que establece el rito al cual debe acudirse para garantizar no sólo un debido proceso sino para aplicar la sanción y las medidas inherentes a ella , concluyó.

Llegaste al límite de contenidos del mes

Disfruta al máximo el contenido de EL TIEMPO DIGITAL de forma ilimitada. ¡Suscríbete ya!

Si ya eres suscriptor del impreso

actívate

* COP $900 / mes durante los dos primeros meses

Sabemos que te gusta estar siempre informado.

Crea una cuenta y podrás disfrutar de:

  • Acceso a boletines con las mejores noticias de actualidad.
  • Comentar las noticias que te interesan.
  • Guardar tus artículos favoritos.

Crea una cuenta y podrás disfrutar nuestro contenido desde cualquier dispositivo.