PACTO SIN PROPUESTAS

PACTO SIN PROPUESTAS

El debate sobre la propuesta de un pacto social para frenar la inflación comenzó a calentarse, pero la verdad es que está muy crudo, muy demorado y con perspectivas de enredarse. En primer lugar, hay que decir que no obstante la importancia de la propuesta, todavía no hay nada claro. Lo único que se sabe es que ha crecido el escepticismo, que por todos lados le salen peros a la propuesta, que otros hablan de pactos a medias y que entre Gobierno y trabajadores ya se destapó la primera gran divergencia.

16 de octubre 1994 , 12:00 a. m.

El problema está en que esa divergencia puede enterrar cualquier intento de negociación. Los trabajadores ya salieron a decir tajantemente que no aceptan que el reajuste salarial se haga con base en la inflación proyectada para el año próximo y exigirán que se tenga en cuenta la tasa que revele el DANE para el presente año.

Y esa diferencia, como siempre, puede resultar sustancial. Aunque no se ha definido cuál es la inflación proyectada para 1995, ya hay analistas que sostienen que si la de este año queda entre 21 y 22 por ciento, no podría pensarse en bajarla a más de 18 o 19 por ciento. En ese caso, se hablaría de un reajuste de salarios de 21 o 22 por ciento (contando unos tres puntos por productividad). En pesos, se pasaría de 98.700 a alrededor de 120.000, y de esa forma se cubriría el costo de vida. Pero pensar en un aumento de 24 o 25 por ciento que daría la inflación de este año más lo correspondiente a productividad, como pretenden los sindicatos, puede complicar las cosas.

Si bien es cierto que el punto del reajuste es lo más conflictivo, hay otros aspectos que pueden calentar el debate. Por ejemplo, a muchos les sorprendió que uno de los asesores del Gobierno saliera a decir hace pocos días que se podría pensar en dos reajustes de salarios en 1995, si después de mitad de año se ve que no se puede cumplir con la meta de inflación.

Esa propuesta, según algunos analistas, puede resultar contraproducente, porque muchos precios de productos y servicios podrían subir más de lo previsto para evitar que un segundo aumento salarial afecte los balances de las empresas. En otras palabras, se dispararían las expectativas y eso es lo que se está tratando de controlar desde hace varios años.

Para la mayoría es claro que si se quiere negociar un pacto social, el Gobierno tendrá que ser muy preciso a la hora de comprometerse con una política de reajustes en los productos y servicios que maneja, como los combustibles, servicios públicos y transporte. Y para ello será necesario que piense en algún mecanismo que permita controlar a los alcaldes, que a la postre son los que deciden sobre varios aumentos.

Pero puede haber un punto aún más polémico. En el debate, saldrá a relucir un problema que ha sido crítico en los dos últimos años: el control de los arrendamientos no ha servido para nada y como es uno de los rubros que más pesa en la canasta, puede seguir dificultando las metas de inflación y afectando la capacidad de compra de los trabajadores.

De otro lado, hay que tener en cuenta que para algunos el debate empezará viciado, porque el Gobierno aceptó reajustarle el 40 por ciento a los médicos y tendrá que negociar en los próximos días con los maestros, que piden salarios profesionales. Aunque estas aspiraciones son defendidas por la mayoría, es posible que basadas en esos dos casos las centrales obreras quieran pedir que se revisen los niveles de ingresos de otros sectores.

Cuando estamos a pocos días de iniciar el debate, lo importante es que en todos los sectores se empiece a trabajar con seriedad, que se presenten propuestas claras, y ojalá con un pacto que se extienda por varios años. Si no se logra nada, se habrá perdido una gran oportunidad y Colombia continuará patinando con una inflación cercana o superior al 20 por ciento, mientras otros países de América Latina caminan seguros hacia tasas de un dígito.

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