SOS DE PROCURADOR A SENADO Y CÁMARA

SOS DE PROCURADOR A SENADO Y CÁMARA

Si se considera que nuestro sistema jurídico no es adecuado para enfrentar a la guerrilla, eso es responsabilidad de la clase política. Lo que no se puede pretender es que nosotros le demos la espalda a los derechos consagrados en la Constitución, y no lo vamos a hacer . De esta manera, el procurador, Carlos Gustavo Arrieta, salió al paso de diversos sectores que han criticado su presunta excesiva dureza frente a la legislación para enfrentar a la subversión.

31 de octubre 1992 , 12:00 a. m.

En una carta enviada a los presidentes del Senado y la Cámara, José Blackburn y César Pérez, el procurador dice que si la guerra se gana con torturas y con desapariciones, entonces, quienes pregonan esa idea deben tener el valor civil de expresar eso en el Congreso para adelantar un debate .

Es urgente, dijo Arrieta, que el Congreso de vía libre a la Ley Estatutaria de los estados de excepción.

Si la guerra se gana con torturas y con desapariciones, entonces que lo digan en el Congreso, que tengan el valor civil de adelantar ese debate allí, y que sea el Congreso el que defina las reglas de juego para enfrentar la subversión.

Entre tanto, la Procuraduría velará por las normas vigentes. No podemos permitir la medio tortura o las desapariciones una vez al mes.

Hay personas que están diciendo que la Procuraduría está entorpeciendo las acciones contra la subversión. El Ministerio Público no entorpece ni limita operativos militares, ni menos aún sanciona a los que cumplen con sus abligaciones. El síndrome de la Procuraduría ya no existe .

Estos enérgicos pronunciamientos fueron formulados ayer por el procurador General de la Nación, Carlos Gustavo Arrieta, en un mensaje que le envió al Congreso de la República.

En una carta dirigida a los presidentes del Senado y la Cámara, José Blackburn y César Pérez García, el jefe del Ministerio Público urgió el establecimiento de unas reglas de juego que jurídicamente permitan recurrir a instrumentos válidos para enfrentar la guerra.

La Procuraduría agregó no va a ser complaciente con un Estado ilícito de Justicia .

Si se considera que nuestro sistema jurídico no es adecuado para enfrantar la guerrilla, eso es responsabilidad de la clase política. Lo que no se puede pretender es que nosotros le demos la espalda a los derechos consagrados en la Constitución, y no lo vamos a hacer porque eso es doble moral .

Arrieta calificó de hipócritas a quienes, según él, están diciendo que hay que ignorar las leyes para enfrentar la violencia y a quienes piden que la Procuraduría sea tolerante y flexible ante la violación de esos principios fundamentales .

Al dar a conocer los términos de su carta que él mismo definió como un pronunciamiento político, el procurador le solicitó al Congreso la expedición, lo antes posible, de la Ley Estatutaria que regulara los Estados de Excepción.

El siguiente es el texto completo de la carta del Procurador a los presidente del Senado y de la Cámara: Señores José Blackburn Presidente H. Senado de la República César Pérez García Presidente H. Cámara de Representantes Ciudad.

Honorables congresistas: Ante las especiales condiciones por las que atraviesa el orden público y el incremento sensible de las actividades delincuenciales en distintas zonas del país, he considerado necesario dirigirme a ustedes con el objeto de solicitarles respetuosamente, y por su conducto al Honorable Congreso de la República, una pronta definición sobre la Ley Estatutaria que debe regular los Estados de Excepción, en la medida en que su expedición cobra particular importancia frente a la difícil coyuntura que se vive, y en especial ante lo que algunos están planteando como posibles alternativas para conjurar la crisis.

En su carácter de representante de los intereses de la sociedad y de defensora de la Constitución y las leyes, preocupa a la Procuraduría General de la Nación la polarización inquietante que hoy sufre el país entre lo que, parafraseando a Gaitán, podríamos denominar como el país nacional y el país jurídico: entre aquellos que consideran que es requisito indispensable para avanzar en la lucha contra la subversión y la delincuencia pasar por encima del Estado de Derecho, y quienes consideramos que éste es condición suprema en la que se sustenta nuestra convivencia.

Esta ambivalencia no deja de ser, por cierto, curiosa circunstancia en un país en el que apenas hace poco más de un año se acogió y aprobó una nueva Constitución cuyos reales alcances parecería que solo hasta ahora se están comenzando a comprender, y uno de cuyos ejes fundamentales es el respeto a los derechos de las personas sin discriminación alguna.

Como puede deducirse, a título de ejemplo, del artículo 93 de la Constitución que establece la prevalencia, en materia de derechos humanos, de los tratados internacionales por sobre la legislación interna; o de las normas que fortalecen a la Procuraduría en estos temas, o de las que crean la Fiscalía General de la Nación y la Defensoría del Pueblo.

Frente a estos principios constitucionales no deja de ser aterrador que, ante la crisis que vive el país, haya quienes piensen que la solución se logra cuando las autoridades de control, y especialmente la Procuraduría General de la Nación, voltean la espalda a sus obligaciones legales y constitucionales y toleran mecanismos represivos que no tienen cabida en nuestro ordenamiento. Semejante posición es inadmisible, no solamente por cuanto implicaría una doble moral que la institución a mi cargo nunca tendrá, sino además por cuanto, lejos de solucionar el problema, lo agravaría.

Estas mismas razones revelan como una pueril excusa aquella que algunos pretenden esgrimir, afirmando que otra de las causas del problema de orden público es el denominado síndrome de la Procuraduría , fenómeno que el propio Comandante de las Fuerzas Militares reconoció como inexistente en la actualidad, según declaraciones que en días pasados dio al diario EL TIEMPO.

El Ministerio Publico no entorpece ni limita operativos militares, ni menos aún sanciona a quienes cumplen con sus obligaciones; esto se refleja en las estadísticas que revelan que sus determinaciones, de acuerdo con lo demostrado en el proceso disciplinario correspondiente, castigan a quienes vulneran los derechos de sus conciudadanos, en ocasiones brutalmente, pero nunca a aquellos que se ven involucrados en definidos operativos militares.

Por eso, el supuesto síndrome de la Procuraduría no es más que una disculpa heredada del pasado, afortunadamente por unos pocos, que pretenden ocultar tras él su propia inefectividad, las dificultades inherentes a su función o su incapacidad para comprender las alternativas que ofrece el Estado de Derecho.

La superación a los problemas de delincuencia o de orden público requiere de un variado género de soluciones, que van desde la remoción de sus factores estructurales hasta la utilización inteligente de las normas vigentes. Para ello, y cuando el régimen ordinario no es suficiente, se concibieron los estados de excepción, que dotan al Estado de herramientas especiales para manejar, entre otras, situaciones de turbación del orden publico, para cuya aplicación se requiere urgentemente de la expedición de su ley estatutaria, la cual habrá de determinar el marco jurídico para el control de las situaciones difíciles y especialmente, los particulares sistemas de protección de garantías ciudadanas en el ámbito de la legislación interna y de los tratados internacionales, y los controles jurídicos al ejercicio del poder estatal, de manera que el Estado indique con precisión los límites dentro de los cuales puede ejercer el poder especial que se deriva de la situación de excepción. Pero si a pesar de lo anterior se concluyera que tales normas no son suficientes, competería al Congreso en desarrollo de su responsabilidad política, decidir si corresponde hacer una modificación a la Constitución, que se ajuste a supuestos diferentes.

Allí radica la esencia del Estado de Derecho: en el respeto a unas normas y a unos procedimientos. El conflicto interno perturbador del orden público o la guerra , como algunos han querido llamarlo, no es ajeno al Estado democrático de derecho; él lo prevé y lo admite. Pero es responsabilidad precisamente de quienes detentan la potestad legislativa, el proveer a las soluciones institucionales apropiadas que nuestro país pudiese demandar y que se consideren necesarias para conjurar la crisis. La solución no es, entonces, que la Procuraduría General de la Nación voltee la espalda. Ella radica en que, por las vías democráticas y utilizando todas las alternativas que nuestro régimen constitucional consagra, el país tenga el valor civil para dar el debate necesario que lo lleve a determinar, claramente, cuáles son las normas jurídicas que aspira a que lo rijan. Y eso, so pena de repetición, es la esencia del Estado de Derecho, pues no podemos seguir pensando que los principios que una Constitución consagra son simples ornamentos.

Por ello, y para evitar discusiones interminables y sin sentido que no tocan la causa real de los problemas, es que reitero respetuosamente, y consciente de mis propias responsabilidades y ámbito de acción, mi petición para que ese honorable cuerpo legislativo proceda a expedir la ley estatutaria de los Estados de Excepción o determine, si consideran que los principios constitucionales que nos rigen no son suficientes, las medidas que dentro del estado democrático de derecho correspondan.

Cordialmente, Carlos Gustavo Arrieta Padilla, procurador General de la Nación.

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