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JAQUE A DILACIONES EN DESINVESTIDURAS

JAQUE A DILACIONES EN DESINVESTIDURAS

El Consejo de Estado no está dispuesto a permitir que los procesos de pérdida de investidura -adelantados contra los congresistas cuestionados legalmente- terminen por caer en una maraña de obstáculos que impidan, en la práctica, su cumplimiento. Los consejeros tienen en claro que no permitirán las maniobras emprendidas por los apoderados de sus investigados y cuyo único objetivo deliberado sea el de dilatar los procesos.

El máximo tribunal de lo contencioso administrativo advirtió que en esos eventos no dudará en imponer sanciones económicas u ordenar las respectivas averiguaciones disciplinarias.

Desde esta perspectiva, el Consejo de Estado ordenó abrir una investigación al apoderado del ex senador Félix Salcedo Baldión, cuya pérdida de investidura la decretó el pasado 24 de agosto.

La corporación verificó en ese entonces que Salcedo incurrió en celebración indebida de contratos y gestionó, en nombre ajeno, la adjudicación del contrato de las barcazas ante Interconexión Eléctrica S.A.

Además, Salcedo en su calidad de senador y siendo socio activo con más del 80 por ciento de participación en capital accionario de varias sociedades intervino en la contratación de servicios de publicidad con la Beneficencia de Norte de Santander y otras entidades del departamento, según la Procuraduría.

Lo hizo el 2 de enero de 1992, específicamente, a través del Diario de la Frontera y violó con ello el mandato de la Constitución que prohibe a los congresistas realizar este tipo de gestiones.

Salcedo resultó elegido en el Senado para el período primero de diciembre de 1991 a 19 de julio de 1994.

El recurso Mes y medio después, Salcedo presentó un recurso de reposición contra la decisión de los consejeros. Lo hizo a través de su abogado, Rafael de Jesús Barbosa.

El Consejo de Estado analizó la petición y dijo que, a todas luces, resulta improcedente.

Según la corporación, la Ley 144 de 1994 -que regula el trámite de los procesos de desinvestidura- esta clase de recursos no es viable en estos casos contra sus sentencias.

Se trata de un claro recurso dilatorio que puede configurar falta contra la debida administración de Justicia , señaló la corporación.\ Por ello, argumentó, es procedente la investigación por parte de la Sala Disciplinaria del Consejo de la Judicatura -Seccional Cundinamarca-.

La decisión se produjo luego de que el Consejo de Estado multara -con el pago de 10 salarios mínimos- al abogado Hidelbrando Ortiz.

El abogado, a juicio de los consejeros, formuló una recusación improcedente en el proceso de pérdida de investidura que se adelanta contra el senador Juan Guillermo Angel.

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