ESPALDARAZO A REQUISAS POLICIALES

ESPALDARAZO A REQUISAS POLICIALES

La Justicia dio un espaldarazo preliminar a las requisas que adelanta la Policía Metropolitana y a la detención preventiva, hasta por 24 horas, para quienes sean sorprendidos portando armas de fuego o cortopunzantes. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca admitió la demanda contra las normas que otorgaron esas facultades a la Policía - artículos 4o., 5o. y 6o. del Decreto 057- expedidas el pasado 31 de enero por el Alcalde Mayor, Jaime Castro, pero se abstuvo de decretar la suspensión provisional.

15 de octubre 1994 , 12:00 a. m.

El decreto, cuya legalidad impugnó el defensor del Pueblo, Jaime Córdoba Triviño, busca dotar a la Policía de instrumentos para garantizar la seguridad ciudadana.

Con base en ella, la Policía Metropolitana de Bogotá quedó facultada para adoptar un plan de seguridad consistente en la realización de requisas periódicas en las áreas de la ciudad con más altos índices de homicidio, atraco y lesiones personales.

Los sitios seleccionados para adelantar esas operaciones fueron los paraderos y terminales de transporte, las inmediaciones de los establecimientos educativos y comerciales, los sitios de acceso a espectáculos públicos, teatros, templos, estadios, plazas de mercado y parqueaderos.

Además, el Decreto le asignó facultades a los comandantes de Estaciones y Subestaciones para retener transitoriamente a los infractores.

Esta atribución, en concepto de Córdoba, viola el derecho a la libertad y el precepto según el cual nadie podrá ser detenido sino mediante orden judicial.

En criterio del Defensor, el Alcalde carece de facultades para expedir normas de este tipo. Córdoba aduce que sólo el Congreso puede expedir normas que afecten los derechos ciudadanos.

En cuanto a las normas de policía, explica Córdoba, éstas son competencia de las Asambleas departamentales.

No hay violación En el auto que negó la suspensión provisional del Decreto, la Sección Primera de la corporación dijo que en principio no existe violación del Código Nacional de Policía, pues tanto éste como el Estatuto del Distrito Capital, atribuyen al Alcalde la expedición de reglamentos y el uso de los medios de policía necesarios para garantizar la seguridad ciudadana y la protección de los derechos y libertades de todos los habitantes de la capital.

Aunque el Tribunal admitió la demanda, los magistrados precisaron que prevalece la protección de la vida, honra y bienes de los ciudadanos de bien para quienes el porte de armas en las condiciones que describe el Decreto, debe ser contrarrestada con medidas de carácter preventivo .

La función policiva, dijo la Sala, es inminentemente preventiva y a eso se encamina la retención de los portadores de armas o elementos para la comisión de ilícitos.

En cuanto a la competencia de los comandantes de Estaciones y Subestaciones para retener transitoriamente a quienes infrinjan el Decreto, el Tribunal dijo que la Corte Constitucional estableció una excepción al principio de estricta reserva judicial de la libertad.

En efecto, el artículo 28 de la Carta autoriza la retención de cualquier persona, por una autoridad administrativa, hasta por 36 horas.

Como el Decreto se aplicaría a aquellas personas que porten armas u otros elementos que podrían ser utilizados, puntualizó el Tribunal, ese acto no sería carente de motivos o razones para ejercer la facultad de policía y por lo tanto no hay violación a la ley.

En el auto se advierte que el agente de policía es un simple ejecutor y su misión es la de hacer cumplir la voluntad decisoria del Alcalde como funcionario de Policía.

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