EN QUÉ PAÍS VIVEN

EN QUÉ PAÍS VIVEN

Pueden ser muy jurídicas y muy legales y muy argumentadas las razones que invocan los parlamentarios de la Comisión Primera de la Cámara para reformar las normas sobre testaferrato y enriquecimiento ilícito, pero no nos digamos mentiras: su efecto real es despojar al Estado de los únicos instrumentos eficaces de que hoy dispone para combatir la corrupción administrativa y la expansión económica del narcotráfico. Por qué lo hacen? Cuál es el motivo de fondo de semejante pretensión? Qué intereses ocultos se mueven aquí? Difícil responder a estas inquietudes sin pruebas concretas. Pero lo que resulta muy claro es que los principales beneficiarios de esta iniciativa parlamentaria son quienes han acumulado fortunas de origen ilícito.

16 de octubre 1994 , 12:00 a. m.

Es duro aceptar, por todas sus deprimentes implicaciones, que el Congreso de la República pueda estar interesado en que el juzgamiento del enriquecimiento ilícito o el testaferrato se vuelva casi imposible. Se entiende mejor, claro, cuando se sabe que varios parlamentarios, entre ellos cinco miembros de la Comisión Primera, están siendo investigados por este preciso delito.

Pero una cosa es que los congresistas con rabo de paja por asuntos de corrupción o los que tienen nexos con el narcotráfico recurran a estas maniobras, y otra que la institución del Congreso se preste para ellas, o que por complicidad, espíritu de cuerpo o simple omisión, permita que se apruebe un proyecto de ley que contribuiría a reforzar la impresión de que este país es una narcodemocracia.

Es cierto que en la aplicación de la legislación especial sobre jueces sin rostro y testigos secretos, así como en investigaciones sobre enriquecimiento ilícito, se han cometido abusos, que deben corregirse. Pero lo que no se puede es que so pretexto de reformar aspectos procesales, se eche por tierra lo que ha constituído la columna vertebral de la lucha contra el narcotráfico y la corrupción en la administración pública.

Con la legislación vigente, una simple diferencia patrimonial no justificada puede dar lugar a un proceso penal por enriquecimiento ilícito. Lo que establece el proyecto de ley en cuestión es que para que alguien pueda ser investigado por este delito debe haber sido condenado previamente por narcotráfico, corrupción o secuestro. Habría que demostrar que esa fortuna proviene de alguno de estos delitos, lo que resulta casi imposible con un sistema judicial que ha demostrado su crónica incapacidad para investigarlos y sancionarlos.

Se trata de delitos que se caracterizan precisamente por no dejar huella. Qué queda, por ejemplo, del peculado? Pues el visible enriquecimiento del funcionario y punto. Si se despoja a la Justicia de la posibilidad de caerle al único rastro que dejan estos crímenes, que es la plata de sus autores, se estaría dándole una patente de corso a la impunidad en este campo.

En países no sometidos al hostigamiento del narcotráfico, del secuestro y de las más diversas formas del enriquecimiento ilícto, acompañadas casi siempre de la intimidación sobre el poder judicial, se podría pensar en que lo correcto es que sea el Estado el que corra con la carga de la prueba. En la Colombia de hoy resulta una presunción peligrosa e irreal, cuyo único efecto es darles luz verde al lavado de dineros sucios y a la perpetuación de todos los crecientes fenómenos de corrupción en el sector público.

El proyecto de ley contiene además un mico monumental de gravísimas implicaciones. Es un artículo transitorio colgado al final del texto, que deja sin vigencia todas las normas relativas a la justicia regional. Con lo cual desaparece la esencia misma de la política de orden público.

Dejarían de existir delitos creados por la legislación especial de orden público -desde porte de armas, pasando por robo de gasolina, hasta colocación de bombas- y se reducirían las penas para los de terrorismo y sedición. No es todo. También se le quita a la Fiscalía la posibilidad de incautar provisionalmente bienes de narcotraficantes y se acaba con los jueces sin rostro y la protección a los testigos secretos.

En qué país creen que viven los autores y partidarios de esta iniciativa parlamentaria? Es como si, súbitamente, Colombia hubiera dejado de ser el escenario donde operan las más poderosas organizaciones del narcotráfico; donde se registra el mayor número de homicidios y secuestros del mundo y donde una guerrilla multimillonaria atenta diariamente contra la fuerza pública y la infraestructura económica nacional. Este artículo deja al Estado colombiano sin armas para defender a la sociedad de una combinación de violentos fenómenos delictivos como no conoce ningún otro país del Continente.

Los medios de comunicación han hablado mucho del narcoproyecto para referirse a esta iniciativa. Y aunque es evidente que a los capos de la droga les caería de perlas, lo más grave es que entorpecería la lucha contra la corrupción en general. Sobre todo en la administración pública, donde hoy existen verdaderas mafias organizadas para saquear el patrimonio común de los colombianos.

La polémica en torno de este proyecto, que ya hizo tránsito en el Senado, viene de tiempo atrás y el Gobierno -éste y el pasado- en varias ocasiones ha alertado acerca de sus peligros. Sin que el Congreso se dé por aludido. Este debate, que continuará el martes en la Comisión Primera de la Cámara, es uno de los más significativos que se hayan dado últimamente en el país. De su desenlace dependerá la capacidad del Estado para combatir la corrupción que nos ahoga.

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