LAS ÚLTIMAS ESCARAMUZAS II

LAS ÚLTIMAS ESCARAMUZAS II

Existen, en consecuencia, tres situaciones distintas: a) Tumultos o tensiones esporádicas que nada tienen que ver con el conflicto armado propiamente dicho. b) Conflicto armado en donde no se reúnen las condiciones para la aplicación del Protocolo II, o sea, cuando no hay control permanente de una parte del territorio, ni un comando unificado con capacidad para hacer respetar las disposiciones del Protocolo II y, c) cuando se reúnen los anteriores requisitos y el propio Gobierno legítimo admite que existe una situación de conflicto no internacional en su territorio. Vale la pena anotar a este respecto de qué manera Inglaterra se ha negado a calificar como un estado de guerra no internacional su situación militar en el norte de Irlanda (Ulster), alegando precisamente que no se reúnen los requisitos arriba señalados para declarar que existe un verdadero conflicto no internacional en su territorio.

17 de octubre 1994 , 12:00 a. m.

Las observaciones del honorable Senado en cuanto a la posibilidad de que se pongan en pie de igualdad al Gobierno legítimo con la rebelión y se declare el estado de beligerancia, carecen de asidero en los hechos. De igual manera la descalificación de organismos internacionales, como la Cruz Roja Internacional, para prestar su contingente en la aplicación del Derecho Internacional Humanitario, carece de fundamento y limita el campo de maniobras del Gobierno nacional, en busca de la paz. De la misma estirpe son las advertencias acerca de la necesidad de controlar las colectas públicas destinadas a socorrer a las víctimas a fin de que dineros mal habidos, como los del narcotráfico, no ingresen a las arcas de los organismos de socorro. Es claro que así debe ser y el Gobierno deberá poner todo su empeño en evitarlo. Cosa muy distinta es consignar esta observación en un tratado público por medio del cual Colombia ratifica su adhesión a los principios del Derecho Internacional Humanitario.

Finalmente se habla acerca de que el Gobierno determinará los objetivos militares que estime necesarios para el éxito de los propósitos para el establecimiento de la paz, evitando que se establezcan zonas vedadas a la acción legítima del Gobierno en cualquier parte del territorio. Ya hemos visto cómo no existe limitación alguna para la acción del Gobierno, distinta de los principios milenarios del derecho de gentes, que no permiten bombardear hospitales, usar gases asfixiantes, comprometer a la población civil en el campo de batalla, etc. En consecuencia, es superfluo decir, qué será vedado o no vedado para el ejército regular o para los rebeldes. El derecho de gentes y las prácticas milenarias de la guerra distinguen claramente acerca de qué se puede hacer y qué no se puede hacer para no incurrir en delitos de lesa humanidad.

Evocando retrospectivamente los episodios de esta lucha de casi 10 años en procura de que el Congreso de Colombia le diera su aprobación al Protocolo II adicional a los Convenios de Ginebra, parece increíble que se hubiera podido montar una oposición tan tenaz, alimentada, Dios sabe por quién, para evitar que Colombia reconociera la vigencia de los principios universales del Derecho Internacional Humanitario en su territorio, siendo así que ya tales principios estaban consignados en la Constitución y en las leyes de la república.

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