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Renegociación completa y de cara al país

Renegociación completa y de cara al país

El secreto de la crisis en la negociación con los paramilitares se encuentra en la carta que Vicente Castaño le envío al Comisionado de Paz en octubre. Allí, Castaño pide una renegociación de todo el proceso de desmovilización. La revista Semana logró en ese entonces confirmar que “la mayoría de los jefes ‘paras’ conocieron, aprobaron y respaldaron el contenido”.

La lucha por la renegociación explica buena parte de las acciones que se desataron en los últimos meses. El paso de Castaño y de los “mellizos” a la clandestinidad. La reactivación de múltiples estructuras paramilitares a lo largo y ancho del país. Los asesinatos selectivos. Las gotas de verdad que han empezado a soltar involucrando a políticos, empresarios y militares y la amenaza de que pueden contarlo todo. La decisión de buscar a interlocutores en la oposición. Nada de eso es casual.

No es difícil descifrar la historia del pulso que ahora libran el Gobierno y los paramilitares. La sentencia de la Corte Constitucional que retiró de la Ley de Justicia y Paz el estatus político, hizo obligatoria la confesión y ajustó las penas; la acción más decidida de la Corte Suprema de Justicia y de la Fiscalía General para descubrir la economía y la política que ha servido de base al fenómeno paramilitar; y las dificultades para encontrar una fórmula permanente de no extradición aceptada por Estados Unidos, nublaron el futuro de los jefes de las autodefensas.

La ilusión de que podían mantener el poder económico y político que habían acumulado se empezó a derrumbar por la intervención independiente de la justicia o por la interferencia de Estados Unidos. Pero ellos no se han resignado a esta suerte. Creen que desatando una cadena de presiones pueden conquistar lo que Castaño detallaba en su carta: seguridad jurídica futura y no extradición, restitución del carácter de sediciosos, amnistía para sus grandes fortunas, penas blandas, reinserción generosa y participación expedita en la política nacional.

No estaban equivocados. La expedición del decreto reglamentario de la ley 782 para recuperar la figura de la sedición, que era una petición expresa en la carta de Vicente Castaño, muestra que el Gobierno está en el camino de la renegociación y que el traslado a la cárcel de Itagüí era apenas una medida para ganar tiempo.

Pero es un riesgo muy grande para el Presidente y una desgracia para el país repetir la historia de una negociación en la que no se exige el desmonte total del paramilitarismo y en la que se hacen pactos subrepticios que los tribunales de justicia no pueden refrendar y la opinión pública no puede apoyar.

El presidente Uribe, que tiene un espíritu tan intrépido, debería encabezar una renegociación completa y de cara al país sobre estos puntos: verdad completa y obligatoria que permita descubrir los nexos políticos, económicos y sociales y los delitos cometidos; inhabilidad política para miembros y aliados por la utilización indebida de las armas y el fraude para ganar el poder; entrega de las rutas de narcotráfico; desmonte de los grupos que se han rearmado y de las estructuras especializadas que están ahora en manos de los mandos medios; cesión de los bienes al estilo de la justicia norteamericana, que deja en manos de los implicados recursos para vivir dignamente.

A cambio, el Estado y la sociedad podrían hacer concesiones en la justicia hasta llegar a una ley de punto final para delitos distintos a los atroces y de lesa humanidad. Estados Unidos podría acceder –como lo ha hecho con muchos narcotraficantes individuales– a declinar la extradición. El Polo Democrático Alternativo, el Partido Liberal y numerosas fuerzas sociales podrían respaldar este acuerdo y convertirlo en un consenso nacional.

lvalencia@nuevoarcoiris.org.co

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