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¿Alternativas al Congreso?

¿Alternativas al Congreso?

En toda nuestra historia republicana desde 1830, el Congreso colombiano ha sido cerrado en contadísimas ocasiones. Sus clausuras arbitrarias se confunden con las dictaduras de los generales Mosquera, Reyes y Rojas Pinilla, o con los desarrollos de la llamada “violencia clásica”, tras su cierre por el gobierno de Ospina Pérez. Habría que añadir su revocatoria temporal en 1991, por la administración Gaviria, respaldada por la Corte Suprema de Justicia. Ningún otro Congreso en las Américas –con la excepción de Estados Unidos– ha tenido quizá una vida más prolongada.

Su sola longevidad, claro está, no nos dice nada sobre la calidad de la institución. Tampoco sobre la de sus miembros. Pero esa larga tradición es un buen indicio del valor que los colombianos les hemos otorgado históricamente a las formas de gobierno representativo, a pesar de sus imperfecciones. Sus cierres han servido, además, para advertir los peores males de sus alternativas: la dictadura o la guerra civil. O la futilidad de la medida, como en 1991. Las recientes acusaciones sobre infiltraciones paramilitares son, sin embargo, de suma gravedad, por su posible impacto en la legitimidad de la autoridad legislativa. ¿Qué hacer? Algunos amigos y enemigos del Gobierno creen que la respuesta es la revocatoria del Congreso –una propuesta formulada con igual ligereza en crisis anteriores–. El Presidente hizo bien en rechazar con un “no” definitivo tales sugerencias. Además de la abierta inconstitucionalidad de cualquier ‘fujimorazo’, hay otras razones de peso para oponerse a dicha medida, expuestas por el ex vicepresidente Humberto de la Calle: serviría para diluir las investigaciones judiciales y desviar la atención pública; les daría carácter colectivo a las responsabilidades individuales y connotaciones políticas a conductas criminales; se reciclarían, si no las caras, sí los viejos vicios.

En vez de una salida apresurada e inconstitucional, inoportuna e ineficaz, urge conocer con precisión las dimensiones del problema. Con los mismos argumentos hay que rechazar las propuestas de reemplazar ahora el régimen presidencial por un sistema parlamentario.

No hay que cruzarse de brazos a la espera de la verdad y la justicia. La proximidad de nuevas elecciones locales exige fortalecer a las autoridades electorales y garantizar la transparencia del proceso. Sin mayores controles de las financiaciones de campañas –como ha observado Elizabeth Ungar, directora del programa Congreso Visible–, seguiremos de tumbo en tumbo. Hay que otorgarle mayores herramientas al electorado para que, en momentos de votar, esté mejor informado. Pero estas y otras medidas similares no tienen la grandilocuencia de las tales revocatorias o cambios de régimen. Ni los términos del debate de opinión –plagado de un cinismo paralizante– parecen conducentes al reformismo, la única vía democrática para superar la crisis.

No hay que llevarse a engaños. Las actuaciones de la Corte Suprema y de la Fiscalía –es cierto– dan fe de una institucionalidad en movimiento, pero ellas no niegan que estemos enfrentando una crisis seria, ante la eventual pérdida de credibilidad de nuestra máxima institución representativa. Se requiere un esfuerzo extraordinario del Gobierno y la oposición para reforzar la confianza ciudadana. El Presidente y los jefes de los partidos de su coalición tendrían que llegar a un gran acuerdo político con los líderes del liberalismo y del Polo –una propuesta que, con variaciones, ha sido ya sugerida por el alcalde de Bogotá, el gobernador del Valle y columnistas como Eduardo Pizarro Leongómez, León Valencia y Carlos Caballero Argáez–.

He aquí una patética contradicción. ¿Cómo explicar que exista disponibilidad para buscarles salidas negociadas a grupos armados ilegales y que al tiempo, en cambio, los líderes del Gobierno y la oposición no puedan sentarse a negociar un acuerdo para combatir la violencia y defender la democracia? .

EDUARDO POSADA CARB

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