POLÍTICA CARCELARIA

POLÍTICA CARCELARIA

Más allá de los bochornosos episodios que se registraron en distintas penitenciarías nacionales durante los últimos días, lo que ha quedado claro es que dentro de las prioridades en materia judicial la política carcelaria debe ocupar lugar principalísimo. Se deben reconocer los esfuerzos hechos durante los últimos dos años para remontar los rezagos conceptuales, presupuestales e institucionales, modernizando la aproximación estatal en este frente.

17 de octubre 1994 , 12:00 a. m.

Fue, ciertamente, una determinación acertada aquella asociada con la transformación de la antigua Dirección de Prisiones del Ministerio de Justicia, en el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, INPEC. El régimen propio de los establecimientos públicos ha de permitirle a la institución una mayor eficiencia, un mejor flujo de recursos, unos mejores instrumentos de control y vigilancia sobre las prisiones y una coordinación más prudente entre las determinaciones de fondo de la política carcelaria y la administración cotidiana de los establecimientos y las construcciones.

Se debe comprender, sin embargo, que el INPEC enfrenta las vicisitudes propias de toda entidad naciente, las cuales, sumadas a los ajustes propios de una transición de gobierno pueden generar alguna sensación de perplejidad. Es prudente, y justo además, darle un compás de espera.

Con ese marco al país se le debe presentar una política carcelaria que se apoye en las posibilidades institucionales del INPEC, que le de cabal aplicación a los instrumentos jurídicos recogidos en el nuevo código penitenciario y que presente derroteros claros para lograr, en términos globales, que las penas en Colombia cumplan efectivamente con su función resocializadora. Hoy por hoy, tristemente no sucede así. Muy por el contrario, muchos pabellones, al decir popular, se han convertido en las más tenebrosas escuelas del crimen.

Dentro de los retos inmediatos, la política carcelaria deberá trazar estrategias para reducir los niveles de hacinamiento. Todas las ideas asociadas con mecanismos ágiles para contratar la construcción, montaje y administración de varias cárceles modernas y seguras, son oportunas y serán bienvenidas.

La Guardia de Prisiones amerita tratamiento especial. Hoy por hoy, tiene un sindicato armado, único en su género, que despierta severos cuestionamientos.

Es conveniente mantener un sindicato cuyos afiliados portan armas de todo calibre como instrumentos de trabajo? Lo anterior no pretende desconos para combatir la corrupción en el interior de las prisiones. Por qué no acelerar los tiempos de rotación de la Guardia y de los directores? Por qué no endurecer el régimen disciplinario? Por qué no establecer procedimientos más expeditos para desvincular al personal corrupto? Por qué no adoptar medidas disciplinarias para con los reclusos que corrompan a la Guardia? Por qué no definir mecanismos de delaciones y recompensas en esta precisa materia? Por qué no reforzar los mecanismos de auditoría a la Guardia? Finalmente, y sin que esta rápida reseña pretenda ser excluyente, la política carcelaria deberá ocuparse en dar continuidad a los esfuerzos que están en marcha para completar un sistema de pabellones de alta seguridad.

Qué importante sería que, en un lapso razonable, las autoridades competentes presentaran al país un panorama completo de la política carcelaria. Entendemos bien que sus proyecciones deben ser de largo plazo, pero nos asiste la certeza de que en este frente no hay tiempo que perder.

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