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LA GUAJIRA SE PUEDE CONVERTIR EN BASURERO TÓXICO: CORTE

La Corte Suprema de Justicia alertó ayer a diversas autoridades sobre el peligro que corre el departamento de La Guajira, porque se puede convertir en un basurero de desechos tóxicos. Información en poder de la corporación conduce a pensar que puede darse en el presente y futuro inmediato una eventual afectación del medio ambiente con referencia al desembarco de tóxicos y desechos radioactivos en la costa norte del país, preferentemente en la alta Guajira , sostiene la Corte.

De presentarse eso, dice la Sala de Casación Laboral de la Corte, sobre ponencia del magistrado Ramón Zuñiga Valverde, se producirían daños incalculables para la ecología de esa zona del país.
Por esa razón, la corporación conminó al Ministerio del Medio Ambiente, a la Gobernación de La Guajira, a los alcaldes de Riohacha y la Uribia y a la Procuraduría General de la Nación para que tomen cartas en el asunto.
El máximo tribunal de la Justicia ordinaria solicitó, además, que se vigilen adecuadamente las costas colombianas para evitar que países industrializados, e incluso la misma industria nacional, las utilicen para arrojar desechos tóxicos y radioactivos.
El pronunciamiento de la Corte se dio al negar una acción de tutela, por improcedente, interpuesta por varios habitantes de La Guajira quienes sostuvieron que los derechos a la vida, la salud y la integridad de ellos y de la comunidad wayuu están siendo violados.
Los accionantes sostienen que desde tiempo atrás diversos medios de comunicación han alertado sobre la posible utilización de la alta Guajira como depósito de materiales tóxicos y basura nuclear.
Quienes interpusieron la tutela aseguran que tanto el Ministerio del Medio Ambiente como las demás entidades encargadas de velar por la protección de los recursos naturales no han desarrollado programas para prevenir el terrorismo ambiental en esa zona del país.
La protección al medio ambiente se ha convertido en tema primordial de las organizaciones mundiales cuyo objetivo es prevenir y evitar la contaminación del globo terrestre mediante la expedición de normas que faciliten la intervención de las autoridades de los respectivos países , dice la Corte.
La corporación agrega que la Constitrución de 1991 fijó el principio respecto a la prohibición de introducir al territorio nacional residuos nucleares y desechos tóxicos. Para desarrollar ese principio constitucional fue creado el Ministerio del Medio Ambiente.
En cuanto a la improcedencia de la acción de tutela en este caso, la Sala Laboral sostiene que tratándose del derecho a la preservación del medio ambiente de una comunidad, la ley contempla como mecanismo legal para hacerlo cumplir las acciones populares.
La acción pretendida no es pertinente, porque los accionantes ni individualizan, ni mucho menos comprueban la existencia y afectación del derecho individual violado , dice la Corte.
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