CEREBROS PUEDEN CONTINUAR FUGADOS

CEREBROS PUEDEN CONTINUAR FUGADOS

La Corte Constitucional advirtió que la Cancillería no puede poner cortapisas al desempeño de los cerebros fugados colombianos en el exterior. En criterio de la corporación, el Ministerio de Relaciones Exteriores no puede obstaculizar la estadía de aquellos ciudadanos que quieran permanecer por su propia cuenta fuera del país para adelantar tareas académicas o laborales.

04 de octubre 1994 , 12:00 a. m.

Según los magistrados, el Estado no puede impedir que una persona resida y trabaje en otros países, cuando no puede siquiera garantizarle una ocupación en el territorio nacional.

Con estos argumentos, la Corte Constitucional concedió una tutela a una profesora de idiomas contra la Cancillería y le ordenó expedirle un certificado de no objeción, a fin de prolongar su permanencia en los Estados Unidos.

La maestra -contratada en 1985 por una universidad en los EE.UU.- adelantó un doctorado en literatura e indagó luego en diferentes centros educativos de Colombia con miras a conseguir trabajo, pero no lo encontró.\ Optó, en consecuencia, por aceptar una cátedra universitaria que deberá dejar para regresar al territorio si no consigue ampliar el plazo de estadía fijado en su visa.

Argumentando motivos de conveniencia nacional, la Cancillería le negó la concesión del certificado de no objeción , exigido por el Gobierno estadounidense para poder trabajar y residir de manera legal en ese territorio. Por ello, la ciudadana acudió a la tutela. La Corte acogió su solicitud y revocó un fallo del Consejo de Estado, a través del cual se negó su requerimiento.

La Corte amparó a la maestra sus derechos al libre desarrollo de la personalidad, las libertades de aprendizaje, investigación y circulación y el derecho al trabajo.

La corporación dejó en claro que no es de recibo el formalismo impuesto por la Cancillería, en el sentido de que para conseguir un tipo de visa distinto al que en un comienzo se otorgó se debe retornar al país de origen.

Esta clase de limitaciones constituye una restricción ilegítima, sostuvo la Sala Segunda de Revisión, sobre ponencia del magistrado Antonio Barrera Carbonell.

A juicio de los magistrados, el Gobierno Nacional no puede ejercer de manera arbitraria su competencia discrecional para decidir sobre la conveniencia de expedir o no el certificado de no objeción a quien lo necesite.

Una persona que opta por establecerse, vivir y trabajar en otro país por sus propios méritos y medios económicos, no puede ser obligada a retornar a su patria por simples razones de conveniencia nacional , reiteró.

Lo contrario, sostuvo, equivaldría a una flagrante vulneración de las garantías fundamentales.

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