CORTE NIEGA TUTELA CONTRA EL JOCKEY CLUB

CORTE NIEGA TUTELA CONTRA EL JOCKEY CLUB

La Corte Constitucional advirtió ayer que quien decide inscribirse o afiliarse a un club privado ejerce su derecho a la libertad de asociación y, en consecuencia, está comprometido a acatar los estatutos de la respectiva organización particular. Así, ante la legítima aplicación del reglamento interno aun en el caso de que se trate de una norma desfavorable a los intereses personales no es viable argumentar una relación de subordinación o de indefección frente a la entidad y acudir a la tutela para evitar su cumplimiento.

28 de octubre 1992 , 12:00 a. m.

El pronunciamiento de la Corte se produjo en la Sala Número Cuatro, de Revisión de Acciones de Tutela, que absolvió así un recurso elevado por Juan Claudio Morales González contra el Jockey Club.

La decisión tuvo origen en una ponencia del magistrado Alejandro Martínez, y sirvió para señalar el alcance de la tutela contra particulares.

En concepto de la Corte, la tutela contra particulares sólo puede intentarse cuando éstos prestan servicios públicos o cuando existe una relación de subordinación o indefección entre quien eleva el recurso y la entidad contra la cual va dirigido.

Cuando se dan estos dos últimos requisitos, observa la Corte, la tutela puede utilizarse si la entidad particular atenta contra la intimidad personal, el derecho al buen nombre, el libre desarrollo de la personalidad, la libertad de conciencia, la libertad de cultos, la libertad de expresar y difundir el pensamiento y opiniones o contra la libertad de enseñanza, aprendizaje, cátedra o investigación.

Morales argumentó que en sesión del 14 de septiembre de 1988, la Junta Directiva del Jockey Club decidió cancelarle el carácter de socio, de conformidad con los estatutos.

Sin embargo, en concepto de Morales, la determinación se adoptó en forma ilegal, en cuanto que se violaron los derechos a la igualdad, el buen nombre y la libre asociación. Los argumentos En el caso concreto, observa la Corporación, el ciudadano Juan Claudio Morales intentó por la vía civil la nulidad del acto o decisión por medio del cual la Junta Directiva del Jockey Club declaró la pérdida de la calidad de socio.

Ese proceso culminó de manera desfavorable al demandante, y a pesar de interponer los recursos ordinarios y extraordinarios no fueron aceptadas sus pretensiones.

Por lo tanto, en primer lugar no se dio el requisito de la indefección, pues el peticionario agotó la vía judicial y gozó de garantías procesales.

En segundo lugar, el requisito de la subordinación tampoco es procedente por cuanto la decisión de pertenecer a una determinada corporación social o su desafiliación es voluntaria y no existe subordinación.

El hecho de acatar los estatutos y las decisiones de la Junta Directiva no implica subordinación alguna .

Así, pues, observa la Corte, lo relativo a la vulneración del derecho al buen nombre, a la honra y a la libertad de asociación no es motivo de pronunciamiento por esta sala, por cuanto el solo estudio de la pertinencia de la solicitud hace innecesario todo análisis posterior . Tutela para pensionados Un juzgado de Bogotá alertó a la Caja Nacional de Previsión contra posibles violaciones al derecho fundamental de petición que, según varios pensionados de esa institución, ha sido vulnerado.

El pronunciamiento se produjo cuando el Juzgado 55 Civil Municipal encontró que el derecho se ha desconocido en repetidas ocasiones, con fundamento en normas declaradas inconstitucionales por la Corte Suprema de Justicia.

El fallo resuelve la acción interpuesta por Carlos Eusebio Rodríguez Bravo, un pensionado de la Caja, ex empleado del Instituto Geográfico Agustín Codazzi.

En la de demanda, Rodríguez argumenta que en repetidas ocasiones la subdirección de Prestaciones Económicas de la Caja de Previsión se abstuvo de resolver las peticiones de reajustes o reliquidación de su pensión de jubilación, en la que se incluirían viáticos y salarios.

El ciudadano solicitó a la justicia que le fueran protegidos sus derechos a la subsistencia y de petición.

En las consideraciones, la providencia señala que la acción no procede en la parte que se refiere a la decisión administrativa (resolución 15929 de 1987) que le liquida la pensión sin tener en cuenta los viáticos a partir de la fecha en que le fue reconocida esta.

El despacho judicial señala que en este caso procede el recurso de demanda ante un tribunal administrativo y por lo tanto no procede la tutela.

El Juzgado resuelve, en cambio, de manera favorable la tutela en lo que tiene que ver con el derecho de petición. Señala que la Caja negó el recurso de reposición al acto de liquidación de las prestaciones, fundamentada en una norma que no se puede aplicar por haber sido declarada inexequible en 1990, y que se refiere al silencio administrativo negativo.

Afirma que al no poderse aplicar el decreto 2304 de 1989, recobró toda vigencia el artículo 40 del Código Contencioso Administrativo, que señala que el silencio administrativo no exime de responsabilidad a las autoridades ni las excluirá del deber de decidir sobre la petición inicial .

El despacho dice que la administración pública tiene la obligación de responder las peticiones de los ciudadanos. Su omisión señala el Juez implica violación del derecho fundamental de petición que consagra el artículo 23 de la Constitución Política .

El Juzgado ordena a la Caja Nacional de Previsión, resolver en el término de treinta días la petición que elevó Rodríguez para que sea realizada una nueva liquidación de la pensión vitalicia de jubilación.

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