HAY SÍNDROME DE DESINVESTIDURA

HAY SÍNDROME DE DESINVESTIDURA

El proceso de depuración del Congreso de la República a través de la figura de la pérdida de investidura ha entrado en una fase crítica: la del síndrome de la desinvestidura . La Procuraduría General de la Nación dijo ayer que se ha desatado todo un derroche de zancadillas jurídicas y malabares de Derecho para oscurecer la situación legal de los congresistas y poner en aprietos al Consejo de Estado.

05 de octubre 1994 , 12:00 a. m.

Se ha ingresado, expresó el Ministerio Público, al juego alocado de las demandas contra los miembros de la corporación legislativa.

Algunas de las peticiones se caracterizan, sostuvo, por su inconsistencia y el abuso de las más elementales normas del Derecho.

El pronunciamiento lo hizo ayer el procurador Octavo Delegado ante el Consejo de Estado, Jaime Ossa Arbeláez, al intervenir en una audiencia pública ante el máximo tribunal de lo contencioso administrativo.

Lo hizo al pedir a los consejeros negar la solicitud elevada por una ciudadana contra la investidura del congresista Francisco José Jattin bajo cargos de presunta violación del régimen de inhabilidades e incompatibilidades.

La demandante, Marta León, no asistió a la deliberación pública, que inició a las 8:30 de la mañana.

Según la petición, Jattin habría violado la Constitución al haberse desempeñado en el período anterior como representante a la Cámara y haber ocupado de manera simultánea su Presidencia.

Los otros dos cargos: supuesta indebida destinación de dineros públicos y tráfico de influencias, al haber celebrado contratos y gestionado negocios relacionados con personal interno y adquisición de otros servicios.

Al referirse al proceso, la Procuraduría explicó que la demanda ni siquiera presenta casos concretos ni situaciones específicas que pudiesen comprometer la responsabilidad de Jattin.

A la vez, el Ministerio Público expresó que en el angustioso término que se dio para recopilar las pruebas no se logró allegar otras más... Así, parece lógica la posición de abstenerse de apoyar la petición de la demandante .

En la audiencia, en representación del senador Jattin, habló el abogado Luis Ignacio Vives, que controvirtió la demanda por falta de pruebas, y dijo que su apoderado sólo se limitó a cumplir la ley y apoyó la petición del Ministerio Público.

Por su parte, Jattin dijo que existen personas interesadas en colocarle trabajo adicional e injustificado a los consejeros de Estado, pues es gente malqueriente de la clase política .

Se mostró de acuerdo con la Procuraduría en el sentido de que se ha desatado un verdadero síndrome de la desinvestidura, en el cual mucha gente pone zancadillas jurídicas sin mayores argumentos .

Jamás me imaginé venir aquí al Consejo de Estado. Es la primera vez que estoy ante un juez de la República. Nunca he estado en una procuraduría, ni siquiera en un juzgado penal municipal, pero bueno, son cosas del oficio , sostuvo.

A juicio de Jattin, una de las salidas a esta situación sería la de reformar la ley de pérdida de investidura, como lo propuso el presidente del Consejo de Estado, Amado Gutiérrez, ante un foro en la Comisión Primera del Senado.

La próxima semana el proceso sería resuelto.

Piden desinvestir a Espinosa Un ciudadano pidió ayer la pérdida de investidura del senador liberal Carlos Espinosa Facio-Lince, ante el Consejo de Estado por presunta destinación indebida de dineros públicos.

La solicitud la hizo en momentos en que la Procuraduría General de la Nación estudia un recurso de reposición presentado por Espinosa contra la petición de su desinvestidura, formulada por el entonces procurador Carlos Arrieta.

El requerimiento lo presentó el abogado José Ignacio Vives al considerar irregular la actuación de Espinosa cuando en su calidad de Presidente del Senado autorizó el pago de cerca de 200 indemnizaciones a funcionarios de la cámara alta entre julio y octubre de 1992.

En la demanda, el particular acogió la posición de la Procuraduría y se mostró de acuerdo con el hecho de que Espinosa dispuso, sin base legal alguna, el pago de indemnizaciones, con efecto retroactivo, a más de 210 empleados del Senado.

Esto, a pesar de que no existe ninguna disposición que autorizara a la mesa directiva para reconocer y ordenar esa clase de pagos, precisó.

En su momento, la Procuraduría pidió, con el caso de Espinosa, las desinvestiduras de los congresistas Omar Yepes Alzate y el ex senador Jaime Enríquez Gallo.

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