EL CAPITAL PRIVADO CONSTRUIRÁ 6 CÁRCELES

EL CAPITAL PRIVADO CONSTRUIRÁ 6 CÁRCELES

El Gobierno reveló ayer que capital privado, nacional y extranjero, a construir seis cárceles en el país que requieren una inversión de 360 millones de dólares. El Estado, una vez entregadas las obras, las tomará en arriendo y asumirá su manejo.

06 de octubre 1994 , 12:00 a. m.

Los anuncios los hizo a EL TIEMPO el ministro de Justicia, Nestor Humberto Martínez Neira, al revelar los programas de la administración del presidente Ernesto Samper Pizano en el campo penitenciario.

La propuesta consiste en invitar al capital privado a que desarrolle programas de construcción carcelaria mediante el sistema denominado BLT Build Lease and Transfer), mecanismo financiero para la construcción de estableciemientos carcelarios, que consiste en construir arrendar y transferir.

A través de este esquema el Gobierno diseñará los centros penitenciarios que serán construidos por el sector privado y luego serían arrendados al INPEC (Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario).

De esta forma el Ejecutivo busca hacer frente a la problemática del sector penitenciario en Colombia, atacando en primer lugar el hacinamiento.

Actualmente en el país existen un total de 175 establecimientos carcelarios que tienen una capacidad física para albergar 26.348 reclusos, mientras que la población carcelaria en la actualidad es de 29.358 internos.

El Gobierno admitió que estas cárceles cuentan con una infraestructura irregular, con centros de más de cien años de antiguedad y otros con menos de 20 años.

En más del 50% de los establecimientos no es viable iniciar trabajos de remodelación para desarrollar una infraestructura penitenciaria segura y que además cumpla con los fines de resocialización y reinserción del recluso.

De acuerdo con los estudios realizados por el propio Gobierno, 50 establecimientos carcelarios arrojan índices de hacinamiento que oscilan entre el 103% y el 218%, que representan una sobreocupación de 6.954 reclusos.

Casos como los de las cárceles de Florencia, con un 154.3%, Tumaco con 126.6%, Arauca con un 125% y Medellín con un 117%, preocupan al Ejecutivo.

Adicionalmente se ha detectado también un problema de redistribución generado por factores como la concentración de detenidos en cárceles distritales y el deterioro de la infraestructura de los centros peneitenciarios por lo que no pueden utilizar todo el espacio disponible.

El proyecto En criterio del ministro de Justicia, es necesario emprender ya un ambicioso programa de construcción de nuevas instalaciones que ofrezcan seguridad y apropiado ambiente para la resocialización.

Reconoció Martínez Neira que durante la administración anterior se realizaron cuantiosas inversiones en mejorar la eficiencia y la capacidad de las cárceles. Sin embargo queda mucho por hacer , admitió.

Sostuvo que el país necesita construir 6 nuevos centros penitenciarios con capacidad instalada para 1200 reclusos cada uno, atendiendo las recomendaciones técnicas que son de general aceptación en la actualidad.

Para solucionar entonces las neceisdades actuales se requiere de un presupuesto inmediato de 360 millones de dólares, asumiento un costo de 60 millones de dólares por cada centro.

Para ello se ha invitado ya al sector privado y según Martínez Neira ya varias empresas tanto nacionales como extranjeras se han mostrado interesadas en participar en los proyectos.

Martínez Niera explicó que los beneficios de la privatización carcelaria son cada vez más aparentes. En los Estados Unidos existen 20 firmas que tienen contratos para 73 correccionales con una capacidad de reclusión de detenidos que ascendió de 24.775 en 1992 a 32.55 en 1993 , sostuvo.

Dijo que entre 1992 y 1993 el número de contratos para manejo privado de prisiones se incrementó en un 21.67% pasando de 60 a 73 contratos.

Manifestó el ministro de Justicia que este proceso no sólo se ha iniciado en varios estados de Estados Unidos, sino que también los están experimentando países como Mexico, Nueva Zelanda, Gran Bretañax y Austria, demostrando en todos los casos no sólo ser exitosos en la reducción de costos, sino también en el mejoramiento de las condiciones de rehabilitación y resocialización de la población reclusa.

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