OJO A LA VISTA GORDA

OJO A LA VISTA GORDA

Entre la avalancha de indignados comentarios que suscitaron las declaraciones del agente Toft, no he leído mayores referencias a uno de los aspectos más delicados y graves de su larga diatriba sobre la narcodemocracia colombiana. Se trata de la forma como descalifica de entrada el posible sometimiento del cartel de Cali a la Justicia. El ex jefe de la DEA no solo cataloga de farsa lo que él estima como muy próxima entrega de los Rodríguez Orejuela y compañía, sino que olímpicamente dice que ni siquiera una pena de 25 años de cárcel le parecería convincente.

06 de octubre 1994 , 12:00 a. m.

Lo primero que habría que establecer es si de alguna manera el gobierno de E. U. comparte esta específica apreciación de quien por siete años fuera su máximo exponente en Colombia de la lucha antinarcóticos. Ya el embajador Frechette y el propio director de la DEA han advertido que lo dicho por Toft no representa el punto de vista oficial de Washington. Y se entiende que no van a identificarse con semejante descalificación al país y a sus presidentes entrante y saliente, sino al país en su conjunto.

Pero en lo que se refiere concretamente al sometimiento del cartel de Cali sí sería bueno saber qué prevenciones o expectativas guarda Washington en relación con uno de los procesos más delicados a que está abocada la Justicia colombiana. Y el propio Gobierno de Samper, cuyas imagen y credibilidad en este frente también dependarán del desenlace que tenga el fenómeno de Cali. El tipo de penas que reciban quienes se sometan y sus condiciones de reclusión son los aspectos fundamentales de este proceso.

En lo que a concesiones penales y carcelarias se refiere, se trata de no repetir la triste experiencia que significó el proceso de sometimiento de Pablo Escobar. Y de que sin irse al otro extremo -el de desatar la guerra abierta o pretender recluirlos en mazmorras inhumanas- el Estado colombiano pueda demostrar ante la comunidad nacional e internacional su capacidad para juzgar y condenar de manera convincente a estas personas.

Pero si nada de esto vale la pena; si la entrega del cartel de Cali es descalificada de antemano como una farsa y ninguna condena sirve; si tampoco convence cualquier esfuerzo que haga el Gobierno por lograr un sometimiento a la Justicia que satisfaga las exigencias de la sociedad, entonces hay que preguntar qué es lo que se espera de este país. Que se declare en guerra permanente y se autodestruya de una vez por todas para liberar a Estados Unidos del flagelo de la droga?.

Es tal vez el interrogante de fondo que dejan las explosivas declaraciones de Toft. Porque existen señas de que las prevenciones del ex jefe de la DEA sobre este punto no son estrictamente personales. Sería bueno, entonces, saber a qué debe atenerse este país. Y hasta cuándo y dónde tendrán sus gobiernos -el pasado, el presente, el futuro- que lidiar con chantajes permanentes de ésta u otra índole.

En relación con la cómoda doble moral de E. U. y con la falta de moral de la DEA, la mejor respuesta a las declaraciones de Toft ha sido la que dio por la TV colombiana otro ex agente de la DEA, Michael Levine, quien durante 20 años trabajó para esta agencia en los países andinos y cuyo hijo policía fue asesinado por drogadictos en Nueva York.

Levine ha dicho que su país no tiene autoridad alguna para sindicar a otro país de soportar traficantes cuando sus gobiernos han convivido y protegido a los más grandes capos del mundo. En relación con las guerras contra la droga, este ex agente de la DEA sostuvo que en E. U. hay más de 50 entidades burocráticas que viven de la guerra a las drogas. Las necesitan para sobrevivir y por eso las inventan, aunque allá nunca cae un pez gordo.

Autor del libro La gran mentira blanca, Levine reiteró una verdad elemental. Mientras persistan los actuales niveles de consumo, se podrá encarcelar, extraditar o aniquilar a todos los carteles de Colombia, Bolivia o Perú, e inmediatamente surgirán otros listos para remplazarlos. Pero pese a esto, se trata de un problema que estos países tienen que combatir por razones esenciales de dignidad nacional. Es aquí donde el narcotráfico ha causado más muertes, dolor y corrupción. Para enfrentarlo, bienvenida sea toda la ayuda exterior del caso. Pero no en forma de chantajes políticos ni juicios morales.

Finalmente no sobra recalcar, una vez más, que la indignación por las afirmaciones de Toft no debe convertirse en cortina de humo para no ver lo que está pasando a nuestro alrededor. Y hay quienes quisieran envolverse en el trapo tricolor para hacerse de la vista gorda ante los zarpazos que por doquier pretende dar el narcotrafico.

El informe que publicó este diario el domingo sobre los planes para tomarse electoralmente a varios municipios del Magdalena Medio (además de lo que sucede en Cundinamarca, norte del Valle, Putumayo o departamentos de la Costa), indica toda una estrategia geopolítica por parte de sectores vinculados directa o indirectamente al narcotráfico. Y hace dos días, sus tentáculos en el Congreso casi hacen aprobar en la Comisión Primera de la Cámara un proyecto de ley que volvía prácticamente imposible sancionar el enriquecimiento ilícito o confiscar bienes de los narcos.

Las reacciones del Gobieerno y de la prensa ante estos fenómenos son muestras de una democracia que se defiende ante el acoso multifacético del narcotráfico. Ambos casos constituyen advertencias claras de que no se puede bajar la guardia. Porque si no nos damos por aludidos con lo que está pasando; si, por ejemplo, nada nos importan las próximas elecciones de alcaldes y gobernadores, este país estará dando pasos acelerados hacia la narcodemocracia. Y entonces, en lugar de denigrar de mister Toft, tocaría hacerle un pedestal.

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