BONANZAS NO SON GARANTÍA TOTAL

BONANZAS NO SON GARANTÍA TOTAL

Los mayores ingresos que tendrá el país en los próximos años, fruto de las bonanzas petrolera y cafetera entre otras cosas, no son garantía para evitar que se presente un desequilibrio fiscal. La advertencia la hizo la Contraloría General. La entidad señaló en un estudio que presentó al Congreso que todavía las presiones del gasto no se han manifestado en toda su magnitud.

05 de octubre 1994 , 12:00 a. m.

El informe hace un balance de la gestión del presidente César Gaviria y destaca que durante ese período el país sufrió una serie de transformaciones, derivadas de la Constitución de 1991.

Indica, además, que en los últimos años los gastos de la Nación aumentaron a un ritmo del 15 por ciento real en promedio, recursos que en su mayoría se dirigieron al funcionamiento del Estado. Mientras tanto la inversión se redujo.

Bonanzas no resuelven problema del gasto público Los mayores recursos que generarán las bonanzas cafetera y petrolera no son garantía de que en el futuro no se presente un desequilibrio en las finanzas de la Nación.

El aumento exagerado de las gastos en los últimos años, que se mantendrán por otros tantos debido al cambio estructural del Estado, hacen prever dificultades en el manejo del gasto público.

Así lo advirtió la Contraloría General de la República en el informe que presentó a la Comisión Legal de Cuentas del Congreso, en el cual señala que en los últimos cinco años los gastos de la Nación aumentaron a un ritmo del 15 por ciento en términos reales, cifra que puede considerarse exagerada si se compara con el 5,0 por ciento en promedio entre 1982 y 1986 o el 7,0 por ciento en la segunda parte de la década del ochenta.

Durante la administración de César Gaviria el comportamiento del gasto se vio influenciado por el fuerte crecimiento del servicio de la deuda interna y de los gastos generales. El problema fue que en ese mismo período la inversión se redujo.

Como si fuera poco, advierte el Contralor, David Turbay Turbay, en su informe, las mayores presiones del gasto todavía no se han manifestado en toda su magnitud, puesto que no se ha completado la fase de transición prevista en varias de las reformas aprobadas .

El informe revela que el gasto de la administración central presentó un cambio de estructura en los últimos cuatro años: los gastos de funcionamiento del Estado crecieron cuatro puntos porcentuales (de 52 a 56 por ciento), mientras la inversión se redujo de 27 a 23 por ciento.

Una de las principales causas del aumento en los gastos de funcionamiento fue el incremento en el costo de la nómina, las mayores partidas establecidas para la compra de equipo militar y la dotación de los sectores de seguridad y justicia, al igual que las mayores transferencias a las regiones.

Según el informe de la Contraloría, la participación de los salarios oficiales mejoraron respecto al PIB, aunque no en igual proporción para todos los trabajadores. Algunos niveles salariales recibieron un tratamiento preferencial, mientras que en otros casos se presentaron novedosos mecanismos de remuneración , explica el estudio.

Al respecto, el informe indica que mientras la remuneración de los ministerios de salud y educación y de los organismos de control se redujo, los cuerpos de seguridad y del sector justicia mejoraron su ingreso.

Una de las prioridades del Gobierno anterior fue cancelar sus obligaciones con el exterior. No obstante, la Contraloría advirtió que aunque el servicio de la deuda pública pasó de representar un 3,0 por ciento del PIB en 1989 al 7,0 por ciento en 1994, las cifras no muestran en toda su magnitud la política de saneamiento financiero llevada a cabo .

Ante la restricción presupuestal que significó la atención del servicio de la deuda, la inversión pública se mantuvo en un promedio del 4,3 por ciento del PIB.

De otro lado, esta institución fiscalizadora encontró que la infraestructura física no recibió los aportes que el Gobierno debía asignarle según el plan oficial. Solo a partir de 1993 se superó la tendencia de asignar fondos inferiores al 0,7 por ciento del PIB para la construcción de vías y la modernización del sistema de transporte nacional .

La inversión social se quedó corta. El informe asegura que durante los dos primeros años de la administración Gaviria la inversión en infraestructura y formación de capital humano con recursos de la Nación sufrió un notable retroceso, explicado en buena parte por los requerimientos presupuestales de la política de saneamiento financiero del sector público en que se empeñó el Gobierno .

El problema es que la tendencia del gasto público se mantiene al cierre del primer semestre, ya que le presupuesto para gastos financiado con recursos del sector central nacional alcanzó la suma de 12,9 billones de pesos, de los cuales el 59 por ciento se dirigieron a funcionamiento, el 27 al servicio de la deuda y el 14 a inversión.

Los gastos operativos y los servicios personales, al igual que el dinamismo de las transferencias se muestran como los que más mueven el presupuesto.

No obstante, el informe destaca que la política de gasto social de la administración Gaviria le concedió prioridad a aquellos rubros que tienen mayor impacto en la población desprotegida, como educación básica, salud primaria, nutrición infantil, vivienda social y agua potable. En ese sentido, se recomienda no disminuir la proporción que le destinó el anterior Gobierno.

En consecuencia, y a pesar de los objetivos de practicar una política fiscal activa, la administración pasada no pudo designar de manera flexible el gasto hacia el sector social.

(Recuadro MAC)

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