SERVICIOS PÚBLICOS, POR ENCIMA DE TODO

SERVICIOS PÚBLICOS, POR ENCIMA DE TODO

Siempre que surja la necesidad y cuando no haya otra alternativa para ampliar o ensanchar sistemas y redes para los servicios públicos, las empresas oficiales podrán, incluso, atravesar la propiedad privada en el país, determinó la Corte Constitucional. Lo pueden hacer, dijo la Corte, en virtud del cumplimiento de la función social de la propiedad.

06 de octubre 1994 , 12:00 a. m.

El capricho de un propietario que se niega a la ejecución de obras públicas en un inmueble bajo su dominio no puede oponerse legítimamente al interés de la colectividad, menos todavía si la única forma de efectuarlas implica la utilización de sus predios, precisó la Corporación.

Los criterios los expuso la Corte al fallar una tutela en favor de una ciudadana del municipio de Guaduas, Cundinamarca.

La particular alegó que se estaba poniendo en peligro su derecho a la vida por la omisión de la administración municipal que dejó inconclusas unas obras de acueducto y alcantarillado.

Las obras quedaron paralizadas debido a que un particular no permite el paso de la red del acueducto por sus predios.

La Sala Quinta de Revisión, sobre ponencia del magistrado José Gregorio Hernández Galindo, explicó que la introducción de servidumbres cuyas razones sean la utilidad pública y el interés social, no suprimen ni recortan la garantía constitucional al derecho de dominio.

En criterio de la corporación, los integrantes de la comunidad no sólo deben estar prestos a solicitar de los organismos públicos la actividad necesaria para garantizar sus vidas, sus bienes y derechos, sino que, correlativamente, están obligados a procurar con sus actos individuales, la búsqueda y obtención del orden político, económico y social justo pretendido por el constituyente .

La garantía de la propiedad tan sólo tiene cabida y vigencia constitucional en la medida en que ella sirva los intereses colectivos, supeditada a las restricciones y límites que la ley imponga para favorecerlos , enfatizó la Corte Constitucional.

Recordó también la corporación que en materia de servicios públicos la Constitución también destaca en su artículo 365 que ellos son inherentes a la finalidad social del Estado, que tiene la obligación prioritaria de asegurar su prestación de manera eficiente a todos los habitantes del territorio.

Agregó que el bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de la población son también propósitos sociales del Estado.

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