GRAN DEBATE A REFORMA PENAL

GRAN DEBATE A REFORMA PENAL

El Código de Procedimiento Penal será objeto de un amplio debate a partir de la semana entrante, principalmente sobre sus puntos más polémicos como el enriquecimiento ilícito, la carga de la prueba y el testaferrato. A este acuerdo llegaron ayer el presidente Ernesto Samper, sus ministros de Justicia y de Gobierno y los miembros de la Comisión Primera de la Cámara de Representantes, donde estuvo a punto de ser aprobado un proyecto que modifica substancialmente esos aspectos en detrimento, a juicio del Gobierno, de los instrumentos de que goza el Estado para luchar contra la corrupción y el narcotráfico.

07 de octubre 1994 , 12:00 a. m.

El debate acordado incluye foros promovidos por el Congreso en los que hablarán magistrados de las cortes de justicia, la Fiscalía, la Procuraduría, las organizaciones de abogados litigantes y miembros de las facultades de derecho, entre otros.

Estos foros servirán para enriquecer el proyecto de ley que presentará en breve el Gobierno sobre reforma al Código penal.

El presidente Ernesto Samper y miembros de la Comisión Primera de la Cámara acordaron ayer abrir nuevamente la discusión sobre las reformas al Código de Procedimiento Penal que dejarían al Estado sin herramientas para combatir el enriquecimiento ilícito y el testaferrato.

Pero esta vez se hará con el concurso de la sociedad civil.

La decisión se produjo al cabo de una reunión de más de dos horas en la que participaron el presidente Ernesto Samper, los ministros de Gobierno, Horacio Serpa; y Justicia, Néstor Humberto Martínez; el autor de la iniciativa, senador Gustavo Espinosa Jaramillo (liberal vallecaucano) y los miembros de la Comisión Primera que votaron las reformas. Asistieron, entre otros, Jesús Ignacio García, Adalberto Jaimes, Miguel de la Espriella (ponente del proyecto), Alvaro Benedetti y Jairo Chavarriaga.

El ministro de Justicia leyó al final de la reunión un comunicado en el que declara que las partes conjuntamente han evaluado la complejidad de la materia a que se refiere el proyecto, respecto del cual los honorables congresistas expresaron su interés de asegurar que con relación a las figuras penales del enriquecimiento ilícito y el testaferrato, se cumpla la garantía constitucional del debido proceso .

Señala la información que teniendo en cuenta la necesidad de adelantar un análisis serio y profundo desde el punto de vista jurídico sobre esta iniciativa, el Gobierno nacional y los miembros del Congreso decidieron conjuntamente reabrir el debate en mención, con la participación de representantes de las organizaciones sociales, la academia, el propio gobierno y otras autoridades relacionadas con la materia .

Defensa vehemente Por su parte, el senador liberal vallecaucano Gustavo Espinosa Jaramillo, autor del proyecto, reiteró con vehemencia al salir de la reunión que no está defendiendo intereses de narcotraficantes sino la aplicación del artículo 34 de la Constitución Política.

Lo que estamos diciendo (los legisladores) es que se cumpla ese artículo, donde dice que la pérdida del dominio sobre bienes por enriquecimiento ilícito, se debe hacer mediante sentencia judicial, como lo ha dicho la Corte Constitucional, según una sentencia del 1o. de septiembre de este año , dijo.

Recalcó que actualmente la pérdida del dominio por enriquecimiento ilícito se está haciendo por resolución .

Según el congresista, eso viola las garantías judiciales, uno de los puntos fundamentales de los derechos humanos, viola la garantía constitucional del debido proceso .

Aseguró que mediante ese procedimiento se está invirtiendo la carga de la prueba y partiendo de la presunción de culpabilidad, lo cual es inconstitucional .

Lo que estamos pidiendo es que el Estado se ajuste al Estado de Derecho y que el procedimiento policivo del gobierno para perseguir los delincuentes no sea una actuación al margen de la ley sino dentro del Procedimiento Penal, que no se está aplicando rigurosamente .

A su turno, el representante Miguel de la Espriella (liberal de Córdoba), coordinador de ponentes de la Comisión Primera, dijo que no es cierto que haya recibido presiones para aprobar la iniciativa. Sólo ha habido criterios del Gobierno que se oponen a su trámite.

Sin embargo, dijo que le pareció que descomedida la llamada de la embajada estadounidense para conversar acerca del proyecto. No creo que sea admisible que un país extranjero pretenda intervenir en asuntos del Congreso colombiano .

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