LOS CONSEJEROS ESTÁN DIVIDIDOS

LOS CONSEJEROS ESTÁN DIVIDIDOS

En momentos en que el Gobierno estudia la posibilidad de nombrar a miembros de la Fuerza Pública como alcaldes para superar la difícil situación de orden público en zonas del país, esa figura tambalea en el Consejo de Estado. Cuatro consejeros de Estado, integrantes de la Sección de Asuntos Electorales, no han podido llegar a un acuerdo sobre la legalidad o no de acudir a oficiales de la Policía para desempeñar funciones de burgomaestres.

06 de octubre 1994 , 12:00 a. m.

Durante más de 5 semanas, el estudio jurídico se ha realizado bajo un solo caso: el nombramiento de dos capitanes de la Policía como alcaldes militares en zonas afectadas por la violencia guerrillera en Boyacá y Casanare.

El 18 de enero de 1994, el entonces presidente, César Gaviria, nombró a los capitanes Jorge Willian Gil Caicedo y Henry Coba Santos, en las alcaldías de Labranzagrande (Boyacá) y Chámeza (Casanare), respectivamente.

Los dos oficiales reemplazaron en sus cargos a las alcaldesas María Zunilda Millán Wilches y Flor Delia Roldán, quienes según la Fiscalía, fueron asesinadas por grupos guerrilleros que operan en las regiones donde las dos funcionarias cumplían su labor.

Según los decretos 141 y 142, expedidos por el Gobierno Nacional para el efecto, la ley autoriza al Presidente de la República para que nombre libremente el reemplazo de los burgomaestres que hayan perdido su vida por causa de la subversión u organizaciones criminales.

Los nombramientos -efectuados con base en la Ley de Orden Público-, sin embargo, fueron demandados a través de una petición de nulidad por dos particulares, al considerar que violaron de manera flagrante la Constitución.

Según los ciudadanos, la Constitución es clara en establecer que los alcaldes en el país deben ser elegidos de manera popular por los ciudadanos y no por el Jefe de Estado.

En su criterio, en este caso el juez debe aplicar la excepción de inconstitucionalidad, pues aun cuando el Presidente de la República actúo legalmente, su acto va en contravía de la Carta Política .

Ahora -dicen los demandantes- si no la aplica (la excepción) debe de todas maneras salvaguardar la Carta. Los actos del Presidente tienen que estar enmarcados dentro de los principios de democracia y estado social de derecho, y libremente como lo autoriza la ley no puede decidir sobre esta materia .

El estudio del caso dividió a los cuatro consejeros. Un bloque piensa que los nombramientos deben anularse, el otro considera que se ajustan a la ley y la Carta. El empate motivó la intervención de un conjuez.

Ayer, la Sección Quinta, presidida por la magistrada Miren de la Lombana, reanudó la discusión, pero no llegó a un acuerdo para un fallo definitivo. El debate se aplazó para la próxima semana, a fin de adoptar una decisión de fondo.

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