En los años 80 se dio una lucha feroz por el poder. Irrumpió una clase emergente apoyada en los dineros del narcotráfico, que abrió fuego contra la extradición y se propuso llegar a la Presidencia. Las guerrillas sacudieron la estabilidad del país. La izquierda saltó al protagonismo de la mano de la Unión Patriótica. La dirigencia nacional se dividió irremediablemente y emergió la figura de Luis Carlos Galán, que fustigó la alianza entre los políticos y los narcotraficantes. Estados Unidos marcó el tema de las drogas ilícitas en su agenda con Colombia.
En medio de esa disputa fueron asesinados cuatro candidatos presidenciales, sucumbieron la Corte Suprema, un ministro de Justicia y el procurador general de la nación, murieron cerca de tres mil militantes de la Unión Patriótica, dirigentes políticos de todos los partidos y periodistas, estalló un avión en pleno vuelo con 107 pasajeros, se produjeron no menos de 700 atentados dinamiteros y se atacó sin piedad la infraestructura energética.
Solo en Medellín murieron 540 policías y sufrieron heridas 800 a manos de los gatilleros de Pablo Escobar; en todo el país combatieron guerrillas, Ejército, paramilitares y narcotraficantes y se llegó a decir que los muertos por violencia política ascendían a 5.000 por año, lo que daría la horrorosa suma de 50.000 en esa década infame.
La catástrofe sobrevino en medio del fracaso de varios intentos de negociación con las guerrillas y también del fallido sometimiento a la justicia de Pablo Escobar y los carteles de la droga.
La década del 2000 tiene elementos parecidos. Los paramilitares terminaron representando a la clase emergente y pusieron en marcha una estrategia de poder más sofisticada y violenta que la de los narcotraficantes de ayer. Las guerrillas están vivas. El Polo se postula como alternativa de gobierno para el 2010. Los herederos del galanismo, en cabeza de César Gaviria, dirigen ahora al Partido Liberal y adelantan una crítica despiadada a la negociación con los paramilitares. Estados Unidos ha asumido una posición tutelar en el conflicto colombiano.
Hay nuevos signos que podrían conducir a que la década termine en un proyecto de reconciliación, pero aún existe el peligro de que se desate una conflagración igual o peor que en los años 80 y allí es donde juega un papel decisivo el Polo. El presidente Uribe tiene un liderazgo indiscutible sobre la clase emergente y puede imponerle condiciones a su inclusión en la sociedad. Las Fuerzas Armadas son más comprensivas de la negociación de paz con la guerrilla. La lucha armada ha dejado de ser alternativa para la izquierda democrática. Estados Unidos, ante el fracaso evidente de su estrategia antidrogas, podría ensayar otras salidas para superar el narcotráfico.
El Polo no puede apostarle al fracaso de la negociación con los paramilitares ni a la desinstitucionalización. Puede denunciar, exigir la verdad, buscar la reparación, demandar justicia. Pero su futuro depende de una solución viable para la clase emergente y tiene que acompañar los esfuerzos del Presidente y de los tribunales en esa dirección. Igualmente, debe adelantar una crítica sin miramientos a la violencia de la guerrilla y exigir que ninguno de sus miembros valide la lucha armada y, desde esa diáfana posición, plantear un ambicioso plan nacional de paz.
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