JUICIO FISCAL CONTRA INFANTE

JUICIO FISCAL CONTRA INFANTE

El gobernador de Cundinamarca, Manuel Guillermo Infante Braiman, tendría que pagar 198 millones de pesos al fisco departamental como consecuencia de los sobrecostos en seis obras viales realizadas en momentos que regía una urgencia evidente decretada por su administración. La Contraloría de Cundinamarca abrió juicio fiscal contra el mandatario por negligencia y omisión, al adjudicar nueve meses después de cerrada la licitación y a los mismos proponentes, seis contratos para la ampliación, rectificación y pavimentación de carreteras.

08 de octubre 1994 , 12:00 a. m.

La urgencia evidente, decretada por la administración de Cundinamarca para prescindir de las licitaciones, no fue desde la misma fecha en que se declaró (15 de julio de julio de 1992) la mejor opción para el erario público.

Así lo hizo saber en su momento la Asamblea, recinto en donde la medida generó la expectativa de los diputados.

El problema, según el diputado Gonzalo Bustos, es que la ausencia de licitación para la adjudicación de obras públicas en todo el departamento permitió la voracidad de los contratistas . Sin embargo, dice, los contratos fueron señalados a dedo .

De otra parte, se cuestiona si el problema de orden público ameritaba o no la figura, más cuando es el Gobierno Nacional el que decide al respecto.

Alegando la alteración del orden público, el gobierno de Cundinamarca, mediante el decreto 2126 de 1992, declaró durante seis meses la urgencia evidente . Como el problema que se argumentó era de tiempo, la figura se utilizó para evitar la demora en los concursos. Se necesitaba de unas vías que durante muchos años permanecieron averiadas.

Según Abraham Casallas, contralor departamental, la urgencia evidente supone necesidades actuales o previsibles de orden público, seguridad o calamidad.

En abril del año pasado, la Contraloría ya había cuestionado que durante el período inactivo en la inversión de dichos recursos, con la negligencia administrativa se generó un innecesario sobrecosto financiero para el departamento de 211 millones de pesos .

Al parecer la urgencia no era tan evidente, según Casallas, los contratos suscritos tienen fecha de octubre 6 de 1992, es decir tres meses después de la declaratorio de la urgencia .

Casallas calificó la figura de ilegal e ineficaz.

Bustos esta en desacuerdo en que obrando al amparo de un decreto se violen normas de jerarquía superior La alarma creada hace dos años tenía fundamento, tanto que el Consejo de Estado suspendió provisionalmente el decreto el 17 de marzo pasado.

Decisión que en la práctica no tiene repercusión, porque los cerca de 2.300 millones de pesos (2.236 149.961) ya se habían ejecutado en la refacción y parcheo de las vías.

No hay espacio para la duda -dice Bustos- que se evidencia la violación de la Constitución so pretesto de ejercitar las atribuciones que en este precepto se otorga a los gobernadores se puede hacer violatoria la normatividad que regula la contratación administrativa ordenando prescindir de licitación en Cundinamarca por el término de seis meses. Es evidente la nulidad .

El Gobernador y su gabinete habrían excedido su poder constitucional y legal. Su autotidad , dice Bustos.

Ahora se espera el fallo del Tribunal de Cundinamarca para establecer la responsabilidad civil de quienes firmaron la urgencia evidente.

Luis Alberto Rubiano, jefe de prensa de la Contraloría, dijo que la investigación que adelanta ese despacho está en etapa instructiva y que el Gobernador no ha rendido descargos. EL TIEMPO trató anoche de comunicarse con Infante Braiman para conocer su opinión al respecto, pero fue imposible.

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